Pocas certezas, muchas preguntas

Diecinueve muertos más enlutan al país. Diecisiete civiles por impacto de arma de fuego. Un neonato que necesitaba llegar a Puno para ser incubado, pero a cuya ambulancia los bloqueadores impidieron el paso a sabiendas de la urgencia, provocando la muerte de la criatura en el sitio. Un policía quemado vivo por la turba junto a su patrulla. Más de 400 policías heridos desde que se iniciaron las asonadas, 75 de ellos en Juliaca el lunes.

¿Qué está ocurriendo? ¿A dónde nos lleva todo esto? Escribo esta difícil columna sin pretender tener muchas certezas, sino más bien muchas preguntas sin resolver.

Algo de experiencia en la materia me permite sostener con razonable certeza que estamos ante una ola de violencia que se ha instigado concertadamente y que, en el caso de los aeropuertos, responde a una lógica militar. Tomar aeropuertos en Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, Arequipa y Juliaca no corresponde precisamente al perfil del ciudadano que solo protesta para que sus demandas sean atendidas.

Hay evidencias fuertes de la participación de múltiples actores políticos ultrarradicales que creen percibir que “las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución se han configurado”. Asimismo, es notorio el activismo y financiamiento de mineros ilegales y narcotraficantes. También está el quizás sobrestimado, pero concurrente, intento de Evo Morales de crear Runasur. Y, ojo, hay no pocos congresistas involucrados en la colada que quieren aparentar estar sorprendidos por lo ocurrido.

A todos ellos les cuesta disimular la satisfacción política que les causa cada nuevo muerto, porque los ayuda a incendiar la pradera.

Siendo así, es difícil entender que el Gobierno haya actuado en Juliaca del mismo modo que lo había hecho en el aeropuerto de Ayacucho.

¿No es posible mantener el orden en situaciones límites sin ocasionar decenas de muertes? ¿Es cierto que los policías eran superados diez a uno en los incidentes del aeropuerto de Juliaca y que ello influyó en el desenlace trágico? ¿No pueden combinarse la firmeza con la prudencia táctica y el sentido de oportunidad?

Sigo pensando que las indispensables investigaciones de la fiscalía deben esclarecer las responsabilidades, tanto de las causas de la violencia como de las muertes y, en ambos casos, a todos los niveles. Una tarea difícil y previsiblemente lenta.

¿Hay una solución política a esta crisis? La palabra mágica para muchos es el diálogo, pero me pregunto: ¿sobre qué y entre quiénes?

¿La libertad de Castillo? ¿La de un golpista de pacotilla que quería emular a Fujimori y que hoy merecidamente lo acompaña en Barbadillo? ¿La de un documentado corrupto que decía gobernar para los más pobres mientras se llenaba lo bolsillos?

¿Imponer una asamblea constituyente por la fuerza de minorías activas? Insisto, si ese fuese el ánimo de la mayoría de la población, les bastaría con ganar las próximas elecciones con la mayoría suficiente.

¿La renuncia de Dina Boluarte y elecciones inmediatas? Pienso que, en realidad, no quieren eso. Saben que quien gobernaría por unos buenos meses sería el presidente del Congreso y tendría, como cualquier gobierno, que poner orden en el país. Lo que en realidad buscan es el colapso del Estado vía un ‘putsch’ insurreccional.

Quizás haya que buscar, en vez de un diálogo imposible, fórmulas para “descomprimir” esta olla de presión.

Pienso que habría ayudado que el Gabinete Otárola asumiese su responsabilidad política y renunciase. Pero ya sabemos que esto no está en su agenda. ¿Habría permitido esa hipotética renuncia darle algo de oxígeno político a Dina Boluarte, a la que necesitamos para una transición con razonable orden? No lo sé. A la vez, me surge la duda de si un nuevo Gabinete habría atenuado la opción de la violencia.

¿Qué pasará luego de que el Congreso le dé la investidura a este Gabinete? Parece inevitable que ello se termine utilizando como un efectista argumento de que Boluarte es un títere de la mayoría congresal.

Creo que algo que podría ayudar a descomprimir la situación sería no tener que esperar hasta marzo para asegurarnos en una segunda votación de que realmente se irán todos. No hay que descartar que el bloque izquierdista se opondrá ahora a ese adelanto, argumentando “que dadas las nuevas circunstancias no es lo suficientemente pronto” y que, sumados a quienes se encuentran en el lado derecho del espectro y que sostienen que no hay razones para irse, no se alcancen los votos. Un documento firmado por más de 87 congresistas comprometiéndose desde ahora a votar en ese sentido sería muy importante. ¿Lo harían?

¿Hay tiempo y votos suficientes para aprobar reformas indispensables que requieren modificaciones a la Constitución? A mi parecer, estas serían la restitución del Senado y la reelección de autoridades electas, así como la prohibición de que quienes fueron condenados por delitos gravísimos, como terrorismo, homicidio, violación y corrupción (y otros delitos de alta lesividad), puedan ejercer o postular a cualquier función pública de por vida.