La guerra entre Israel y Hamas, la investigación a Cerrón por lavado y los expedientes por corrupción en riesgo

En el Semáforo de este viernes 10 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Israel y Hamas acordaron pausar los combates en Gaza, los cuales se iniciaron en octubre del 2023. La medida es parte de un acuerdo planteado por el Gobierno de Estados Unidos. Segundo tema: un juez decidió que el prófugo Vladimir Cerrón continúe bajo investigación por lavado de activos por el caso de los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre. Por último, la defensa de casi 60.000 casos por corrupción, que la Procuraduría General del Estado y sus dependencias ven a escala nacional, están en riesgo por la escasez de recursos y personal.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 ISRAEL Y HAMAS: PRIMER PASO PARA FRENAR LA GUERRA

Israel y Hamas acordaron pausar los combates en Gaza y liberar a personas cautivas. Esto como parte de un acuerdo propuesto por el Gobierno de Estados Unidos, lo que representa el mayor avance de los últimos meses para finalizar la guerra en territorio palestino. Israel lanzó una ofensiva contra la franja de Gaza luego del ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023, en el cual 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. La acometida israelí ha dejado miles de palestinos fallecidos.

🟢 VLADIMIR CERRÓN SEGUIRÁ BAJO INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS

El prófugo exgobernador de Junín Vladimir Cerrón continuará siendo investigado por el delito de lavado de activos, en el proceso por los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre, partido que fundó. Así lo decidió el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien rechazó el pedido de Cerrón para anular la imputación en su contra por el caso. En esta indagación, el prófugo líder de Perú Libre tiene una orden de 24 meses de prisión preventiva. Hace unos días se cumplieron dos años desde que pasó a la clandestinidad.

🔴MILES DE EXPEDIENTES POR CORRUPCIÓN EN RIESGO

A escala nacional, actualmente hay 59.794 expedientes ligados con delitos de corrupción de funcionarios, en los que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y sus dependencias descentralizadas tienen la tarea de defender los intereses del Estado, tanto en indagaciones como en procesos judiciales. Sin embargo, la defensa de muchos de esos casos está en riesgo por la escasez de recursos y personal de las procuradurías. Cada abogado del Estado asume hasta 900 casos.