Sin sentido de urgencia

Ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo se percibe el sentido de urgencia que estoy segura sentimos el resto de peruanos. Una urgencia palpable en Madre de Dios, donde el bloqueo de la carretera Interoceánica impide la llegada de productos tan esenciales como los combustibles o los alimentos. Una premura evidente en Cusco, donde cada día que pasa sin poder recibir a turistas incrementa exponencialmente el tiempo que demorará que los viajeros vuelvan a poner a nuestro país en sus planes. Un apremio tangible en Ica, donde los agroexportadores corren el riesgo de perder espacio en los mercados que tanto les ha costado ganar con productos como las uvas, los espárragos y los arándanos. Y la urgencia la sentimos también todos los consumidores al ver los precios subir en los mercados y notar el cada vez menor abastecimiento, así como los productores, cuyos insumos empiezan a escasear obligándolos a evaluar suspender sus operaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya calcula en S/2.150 millones las pérdidas a la producción nacional, lo que no incluye el costo de los onerosos daños a la infraestructura por las protestas. Y el principal y más duro costo son los más de 55 muertos por la represión policial y los bloqueos de vías.

El altísimo costo de la crisis política debería ser un aliciente para que se planteen soluciones desde las autoridades que busquen acabar con la convulsión social y que permitan encauzar las diferencias entre peruanos por las vías democráticas, como unas elecciones generales en el menor plazo posible.

El Congreso aprobó anoche la reconsideración sobre el adelanto de elecciones, lo que nos acerca a que los comicios se realicen este año, pero ambos bandos han intentado condicionar su apoyo al adelanto de elecciones al 2023 con exigencias como la asamblea constituyente desde la izquierda o las reformas políticas y electorales desde la derecha; iniciativas que están condenadas a no obtener la cantidad de votos suficientes. En esta brega queda en evidencia que cada una de las fuerzas políticas está tratando de generar un escenario que las favorezca electoralmente.

Y desde el Ejecutivo, claramente el premier Alberto Otárola se está convirtiendo en un lastre para el Gobierno de Dina Boluarte, más que una figura que facilite el encontrar una salida al conflicto. Sus diferentes posiciones sobre el adelanto de elecciones al 2023 dan una sensación de debilidad y falta de coordinación en el Ejecutivo, en un contexto en el que hasta ahora su única estrategia ha sido el uso de la fuerza durante el control de las manifestaciones.

La presidenta tiene que demostrar que tiene reflejos políticos y empezar a plantear, dentro de las opciones que permite la democracia, alternativas que puedan calmar a los manifestantes, pacificar al país, abrir las puertas al diálogo y evitar que nos sigamos acercando, cada vez más, a un punto de no retorno.