Editorial: Arequipa intervenida

La circunstancia de que la ciudad de Arequipa, capital de la región que lleva el mismo nombre, esté levantada al pie de un volcán –el Misti– ha dado pie a muchas asociaciones relacionadas con el temperamento de sus habitantes. Se los considera turbulentos e insumisos, dispuestos a protestar igual que un volcán en erupción –es decir, de manera ruidosa y con consecuencias de pronóstico reservado– cuando sienten que sus derechos han sido atropellados o que se está cometiendo una injusticia.

Ahora, una vez más, una gran indignación tiene enardecida a la población de Arequipa, y es por la inoperancia e indolencia del gobernador Elmer Cáceres Llica ante los estragos que la pandemia del COVID-19 está causando en toda la región. Según el Minsa, hasta hace dos días los contagiados por el virus llegaban a 10.400 y los fallecidos a 570. Pero la Gerencia Regional de Salud (Geresa) reportaba por esas mismas fechas 32.942 infectados y 735 víctimas mortales. Además, la situación de los enfermos y médicos en los hospitales y establecimientos del Minsa, que son administrados por el gobierno regional, es pavorosa.

En el hospital Honorio Delgado, por citar solo el caso que más ha llamado la atención de la opinión pública a raíz de la visita que el pasado fin de semana el presidente Vizcarra no pudo culminar por las protestas del cuerpo médico y de los parientes de los enfermos, los pacientes permanecen en las afueras del nosocomio, en carpas o automóviles, a la espera de una cama; y los médicos tienen que comprar con sus propios recursos los equipos de protección personal para poder cumplir sus labores.

Y mientras tanto, Cáceres Llica tuvo al respecto una actitud que, en el mejor de los casos, podría ser considerada errática y que es graficada por los constantes cambios que propició en algunas áreas importantes. Desde que empezó la emergencia, por ejemplo, han pasado tres personas por el puesto de director del hospital ya mencionado y otras tres por el cargo de gerente regional de salud. El 27 de marzo, cuando ya se habían reportado 15 casos en la región, dijo que crearía su propio comité de investigadores y científicos para buscar una pastilla o una vacuna contra el virus. Y días después, declaró que elaboraría también su propio protocolo regional farmacéutico para pacientes críticos.

Entre apariciones y desapariciones intermitentes, anunció que había conversado con el presidente ruso, Vladimir Putin, para que le donase medicamentos antivirales y presentó como suya la iniciativa de la llegada de médicos cubanos para ayudar con la emergencia. Para entonces ya era el 10 de junio y el número oficial de los infectados era 5.000; y el de los fallecidos, 111.

A todo esto, hay que añadir medidas inconsistentes y perniciosas, como su pedido de toque de queda de siete días o el bloqueo de la salida del aeropuerto de la ciudad por la llegada (a la que él se había opuesto) de aviones para trasladar a 400 mexicanos que venían de Cusco a la Ciudad Blanca para luego regresar a su país, situación que exigió la intervención de la fiscalía.

El clamor ciudadano contra la gestión de Cáceres Llica encontró durante todos estos meses eco en autoridades e instituciones representativas de algunos gremios: 15 oficios de la Defensoría del Pueblo, más de 60 exhortaciones del Ministerio Público, una denuncia penal del Colegio de Abogados y una exigencia de vacancia del cargo de no pocos médicos.

De toda esta calamitosa situación vino a enterarse el Gobierno tardíamente (porque si la prensa la había advertido hace ya algún tiempo, no se entiende cómo el Ejecutivo no) a raíz de la recepción hostil que tuvo el presidente con ocasión de la visita frustrada al hospital Honorio Delgado ya mencionada. Y por eso ayer, el jefe del Estado anunció la aprobación del Decreto de Urgencia 086-2020, para intervenir en la región Arequipa a través del Ministerio de Salud.

Una medida necesaria, pero que ha demorado mucho; y de la que cabe esperar alguna eficacia en el tratamiento del problema y no solo consecuencias efectistas en las encuestas.