Hay declaraciones que no sorprenden, pero que igual indignan. El presidente José María Balcázar volvió a encender la mecha del debate sobre un eventual indulto o amnistía para el sentenciado expresidente Pedro Castillo al señalar que su gobierno podría “evaluar” esa posibilidad en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso, bajo el eufemismo de que “el país necesita una pacificación”. La pregunta es simple: ¿pacificación para quién?
Hay declaraciones que no sorprenden, pero que igual indignan. El presidente José María Balcázar volvió a encender la mecha del debate sobre un eventual indulto o amnistía para el sentenciado expresidente Pedro Castillo al señalar que su gobierno podría “evaluar” esa posibilidad en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso, bajo el eufemismo de que “el país necesita una pacificación”. La pregunta es simple: ¿pacificación para quién?
Recordemos lo que es Pedro Castillo antes de seguir: un golpista. El 7 de diciembre del 2022, en cadena nacional, intentó disolver el Congreso de manera inconstitucional, suspender el Estado de derecho e instalar un gobierno de excepción. Lo que hizo tiene nombre propio en la Constitución y en el Código Penal. Fue detenido, procesado y condenado. Esa sentencia no es una persecución política ni un exceso del sistema; es la consecuencia directa y proporcional de sus propios actos.
Balcázar ha aclarado que no existe ningún pedido formal de indulto en trámite a favor de Castillo. Bien. Pero entonces, ¿para qué abrir esa discusión? La Comisión de Gracias Presidenciales ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre este asunto y la respuesta fue no. Ese ‘no’ no fue caprichoso ni político: tiene fundamento jurídico sólido. Para que proceda un indulto humanitario, que es el que suele invocarse en estos casos, se requieren condiciones médicas acreditadas y graves que el propio sistema penitenciario no pueda atender. No existe evidencia pública de que Castillo las reúna.
Y si no aplica el indulto humanitario, ¿qué queda? El indulto común, que es una gracia discrecional del Ejecutivo para extinguir la pena. Pero aquí también hay un obstáculo que ningún discurso sobre pacificación puede ignorar: Castillo ha apelado la sentencia condenatoria en su contra. Es decir, él mismo no la acepta como firme. Otorgar un indulto sobre una sentencia impugnada es inviable. Además, sobre él pesa una orden de prisión preventiva vigente por el caso denominado ‘Los Niños’ y un indulto no extingue una prisión preventiva.
La “pacificación” que invoca Balcázar como paraguas conceptual es un argumento tramposo. Pacificar un país no significa blanquear a quienes atentaron contra su institucionalidad. Significa, precisamente, garantizar que las instituciones funcionen y que nadie esté por encima de la ley. Si el presidente, quien además es exjuez, quiere enviar una señal que fortalezca el sistema judicial, debe respetar los fallos y que deje de especular públicamente con la posibilidad de favorecer a un condenado por traición al orden constitucional.
La puerta del indulto a Pedro Castillo no solo no debe abrirse: jurídicamente, no se puede. Que el presidente siga tocando ese timbre, aunque sea de manera especulativa, es irresponsable.
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