Pedro Castillo acumula hasta la fecha 17 pedidos de gracia presidencial presentados a su favor desde enero del 2023, según reveló un informe de este Diario. La cifra podría sugerir, a primera vista, una insistencia desmedida por la libertad. La realidad es otra: lo que el golpista expresidente busca es una salida fácil para evadir su pena. Además, la inmensa mayoría de esas solicitudes ni siquiera cumplió con los requisitos mínimos para ser evaluada. Ese dato describe con precisión el patrón detrás del caso: menos argumentos jurídicos sólidos y más intentos sucesivos de forzar una salida que la ley no contempla.
El propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, lo confirmó la mañana de este viernes tras la sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales: de 17 solicitudes presentadas, 14 fueron formuladas por terceros y no fueron admitidas, dos más fueron declaradas improcedentes por no subsanar observaciones, y la última pendiente también fue declarada improcedente. “No hay más que hablar sobre el tema, no hay ninguna gracia, ningún indulto”, zanjó el ministro, precisando que el proceso culmina con la notificación al interno.
Conviene no perder de vista lo esencial. Pedro Castillo no está en el penal de Barbadillo por una condena arbitraria. Está preso porque, siendo presidente, anunció la disolución del Congreso, un gobierno de excepción y la intervención del sistema de justicia. Se trató, en suma, de un golpe de Estado sentenciado en noviembre del 2025 como conspiración para la rebelión y se le impusieron más de 11 años de pena. No hubo error judicial ni persecución política: hubo un intento deliberado de romper el orden constitucional.
Por eso resulta insostenible seguir presentando su caso como el de un perseguido. Los mecanismos de gracia e indulto existen para situaciones excepcionales, no como atajo frente a una sentencia firme por atentar contra la democracia. Buscar la salida fácil, además, ignora que el exmandatario enfrenta todavía procesos por presunta corrupción, como los casos Puente Tarata, Petro-Perú y el Ministerio de Vivienda. Si lograra salir de prisión por el golpe de Estado, tendría que volver a rendir cuentas en caso de que algunos de estos casos terminen en condena por corrupción.
Las instituciones han actuado hasta ahora con apego a la ley. Que las próximas autoridades sostengan ese mismo criterio, sin ceder a presiones ni atajos, es lo mínimo que exige la democracia tras lo ocurrido aquel 7 de diciembre del 2022.
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