Mala idea en mal momento

Representantes de cinco bancadas congresales (UPP, Frente Amplio, Podemos Perú, Descentralización Democrática y Nueva Constitución) presentaron este sábado un proyecto de ley para que el 11 de abril, junto con las elecciones generales, se realice un referéndum sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente que, en el lapso de un año, produzca una nueva Carta Magna.

La idea, por cierto, no es de reciente data. Se basa, más bien, sobre un lugar común que en las últimas semanas ha estado impregnando el discurso político no solo en el Congreso, sino también en las calles, y según el cual, hace falta cambiar la actual Constitución por otra que “garantice derechos elementales a todos los peruanos”. Ocurre frecuentemente con los lugares comunes, sin embargo, que detrás de su recitación no necesariamente existe un conocimiento de la materia a la que aluden. Y este no daría la impresión de ser una excepción.

De hecho, cuando se pregunta a quienes lo repiten con fervor militante cuáles son los derechos que quisieran ver garantizados en una nueva Carta Magna, las respuestas suelen girar alrededor de asuntos como la salud, la educación o la lucha contra la corrupción. Y si se les pregunta adicionalmente si saben lo que la Constitución vigente dice al respecto, lo que se obtiene son, por lo general, algunos lugares comunes adicionales y cuestionamientos a su origen.

El rechazo a la Constitución del 93, en efecto, parece tener más que ver con el hecho de que fue redactada y aprobada durante el fujimorismo (por un Congreso Constituyente elegido por la ciudadanía, no lo olvidemos) que con algún problema específico relacionado con lo que dispone. De existir esto último, además, el propio texto constitucional contiene mecanismos para su modificación que han sido usados ya en numerosas oportunidades por los Congresos elegidos desde entonces. Resulta así que quienes propugnan hoy el reemplazo de esta Constitución por otra completamente nueva parecen atribuirle a ese acto una curiosa dimensión mágica, gracias a la cual se produciría una purificación de orígenes y, al mismo tiempo, la aparición de una serie de beneficios para la población (salud y educación de calidad para todos, pensiones dignas, etc.) por el solo hecho de enunciarlos en el texto.

Sea como fuere, en su afán por recoger la demanda de ciertos sectores políticos al respecto, la iniciativa del referéndum presentada por las ya mencionadas bancadas ignora, en realidad, los varios inconvenientes prácticos y no pocos problemas legales que enfrenta. Por un lado, ya el presidente Sagasti ha dicho que, por la turbulencia que ha vivido recientemente el país, no le parece el momento de llevarla adelante, con lo que es obvio que el Ejecutivo no acompañaría la eventual medida. Y por otro, la carta fundamental vigente no contempla el mecanismo de un referéndum para ser cambiada, por lo que el empeño de los parlamentarios que impulsan el proyecto carecería de lo que algunos expertos consultados por este Diario han denominado “asidero constitucional”.

Todo esto, además, para no abundar en los impedimentos materiales para organizar a estas alturas del calendario electoral una consulta de este tipo que coincida con la fecha de los comicios del próximo año.

Una Constitución, como se sabe, no es otra cosa que una forma de establecerles límites a quienes ejercen el poder. Esto es, de bloquear sus eventuales impulsos de hacer lo que les plazca cuando les plazca, sin fundamentos ni contrapesos. Y por eso el intento de desactivar esos límites de parte de quienes conforman en este momento una encarnación del Legislativo que se ha caracterizado por tratar de hacer caso omiso a los que deben enmarcar sus decisiones (como, por ejemplo, en el caso de la suspensión del cobro de peajes al inicio de la emergencia por el COVID-19 o en el de la “devolución” de los aportes de la ONP) resulta particularmente inquietante.

Se trata, pues, de una mala idea en un mal momento; sobre todo si consideramos que es alentada por agrupaciones políticas que aspiran a ser gobierno a partir del 28 de julio del próximo año.