Cuidado con las ofertas oportunistas

El paro de transportes registrado en Lima el lunes de esta semana trató inicialmente de ser subestimado por el gobierno, pero luego la evidencia de que había sido acatado de manera mayoritaria por las empresas y choferes que se dedican al giro llevó tanto al Ejecutivo como al Legislativo a reaccionar a través de sendas reuniones con los voceros del sector. Un sector que, como se sabe, está cercado por la violencia de las mafias de extorsionadores desde hace demasiado tiempo. Solo entre enero y julio de este año, tales mafias se han cobrado la vida de no menos de 65 conductores de unidades de transporte, sin que las autoridades atinen a desarrollar una respuesta eficaz al problema.

Pues bien, las reacciones a las que aludimos han consistido fundamentalmente en plantear instancias de diálogo entre los representantes de los transportistas y las autoridades de diverso signo, las consabidas “mesas de diálogo”. El Ejecutivo se ha comprometido a instalar el 14 de octubre una mesa de ese tipo con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otras entidades públicas, a fin de “abordar la problemática que afecta al servicio de transporte urbano de manera integral”. Mientras que el Congreso ha acordado convocar a “mesas de diálogo”. Y conversar es, desde luego, positivo... pero al mismo tiempo engañoso, porque puede significar la dilación de una discusión ya mayormente agotada y servir como excusa para postergar las soluciones propiamente dichas. Parafraseando un conocido dicho de la política local, conversar no es solucionar. En medio de una campaña electoral que ya empezó, esos diálogos pueden llevar, además, a lanzar ofertas populistas que nunca se cumplirán, una circunstancia que, a la larga, solo conduciría a un mayor malestar por parte de los perjudicados por el actual estado de cosas.

Quizás las propuestas hasta ahora más valiosas surgidas en el contexto de las citadas reuniones sean la ofrecida por el gobierno sobre “coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de unidades de flagrancia” que respondan inmediatamente a los casos de extorsión y sicariato asociados al transporte que se produzcan de ahora en adelante, y la sugerida por el Parlamento con respecto al cambio de algunas normas que atañen a la organización criminal que, tal como están, favorecen la impunidad de quienes cometen los delitos en cuestión. Ojalá prosperen.

Declarar, en cambio, el transporte “en emergencia” o proponer que en cada unidad vaya un soldado con fusil son manifestaciones de una retórica demagógica de la que conviene mantenerse a salvo.