Los conspiradores

La semana pasada el Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado. Para él, pide 34 años de prisión por la comisión de tres delitos: rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Pero no es el único imputado. Los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, así como los oficiales de la policía Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón enfrentan cada uno la posibilidad de recibir una pena de 25 años. Mientras que para el expresidente del Consejo de Ministros y asesor de Chávez en el momento de los hechos, Aníbal Torres, se solicitan 15 años de cárcel, principalmente dada su elevada edad, 81 años.

El proceso se encargará de delimitar la responsabilidad de cada uno de ellos en el atentado contra nuestro orden constitucional, pero lo conocido hasta ahora permite presumir que hubo tres actores principales que estuvieron detrás de este. Nos referimos a Castillo, Chávez y Torres.

Sobre el exmandatario, no queda duda de que fue el principal responsable del golpe. Más allá de las delirantes afirmaciones que han tratado de exculparlo, es evidente que trató de derrumbar el orden constitucional aterrorizado por la posibilidad de que el Congreso declarara su vacancia y, con ella, quedara incapacitado para seguir obstruyendo el avance de las investigaciones por corrupción en su contra. Respecto de la responsabilidad de Chávez y Torres, por otro lado, siempre hubo sospechas de que ambos jugaron un rol especial en el zarpazo, pero no ha sido sino hasta días recientes que estas han adquirido una mayor carga de verosimilitud.

Hay que decir que tanto Chávez como Torres han negado públicamente haber estado al tanto del contenido del discurso que Castillo leyó en la mañana del 7 de diciembre. “Supusimos que iba a ser un pronunciamiento como el que había tenido un día antes en la noche, […] con miras a la moción de vacancia”, afirmó la primera ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Mientras que el segundo aseguró ante el mismo grupo de trabajo: “Nunca nos imaginamos que el mensaje sería para cerrar el Congreso”.

La evidencia, sin embargo, los desmiente. Sobre la primera ya conocíamos, por ejemplo, el testimonio de Cintya Malpartida, la reportera de TV Perú que fue convocada esa mañana a Palacio de Gobierno, quien relató que, tras el mensaje, Chávez le dijo que tenía que “sacar el decreto supremo” de disolución del Congreso. Ahora sabemos también que otros cuatro funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros han contado ante las autoridades que Chávez ordenó a una de sus asesoras que le consiguiera “un formato de decreto supremo”, presumiblemente para materializar el golpe a la brevedad.

En lo que respecta a Aníbal Torres, no solo lo incrimina el hecho de que varias de las frases del discurso golpista se parecen demasiado a las que él solía espetar en sus actividades oficiales. Este Diario ha revelado que la fiscalía halló en su domicilio, durante un allanamiento realizado en marzo pasado, un manuscrito con apuntes sobre el cierre del Legislativo y la reestructuración de “la fiscalía suprema”. Se tiene, además, el testimonio del exministro de Defensa Daniel Barragán, que relató que, en los días previos al 7 de diciembre, Torres le exhortó que sacara los tanques a las calles, supuestamente para luchar contra la inseguridad ciudadana.

La tesis fiscal sostiene, por último, que Torres, Chávez y Castillo se encargaron de la redacción del infame mensaje en una computadora ubicada en la Oficina de Apoyo al Cónyuge de la Presidencia de la República cuyo usuario pertenece, según la fiscalía, al hijo del expresidente. Por lo que los intentos de los dos primeros de asegurar que el contenido del mensaje que Castillo pronunció en televisión el último día de su mandato los tomó por sorpresa son difíciles de creer.

Ojalá que, con el avance del proceso, los peruanos lleguemos a conocer la verdad sobre lo ocurrido aquella jornada en la que la democracia pendió de un hilo. Y que les caiga todo el peso de la ley. Pues no se puede tratar con guantes de seda a quienes conspiraron para destruir el régimen constitucional.