Cumbre de falsedades

La crisis en el Perú fue un tema filudo, fuera de agenda, en la cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro regional sin Estados Unidos ni Canadá realizado el 24 de enero en Buenos Aires. Firmaron una declaración anodina, de 111 puntos, sobre aspectos regionales. Estuvo el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pero no el de Venezuela, Nicolás Maduro −en previsión de una emboscada, según dijo− ni el de Nicaragua, Daniel Ortega, denunciado por crímenes de lesa humanidad ante la justicia argentina. El mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó su ausencia diciendo que tenía mucho trabajo. Lula regresó triunfante y apareció en primer plano, en la foto oficial, al lado del anfitrión argentino Alberto Fernández. No se aprecia a la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, tapada por dos filas de participantes.

La primera gruesa mentira en el encuentro estuvo a cargo del presidente argentino. “Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos”, afirmó. Pocos se sonrojaron, porque la Celac es un club de amigos de la izquierda latinoamericana. Los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con 64, 24 y 16 años en el poder, respectivamente, con fraudes y asesinatos a cuestas, no califican como democráticos. Después, Fernández trajo una segunda falsedad: que la ultraderecha había organizado un golpe de Estado en Bolivia. Dirigiéndose al representante altiplánico, añadió: “Menos mal que solo duró un año y Lucho Arce pudo volver, elegido por su pueblo, a la presidencia de la nación”. Arce asintió, complacido.

Está sobradamente demostrado que en el 2019 Evo Morales huyó a México cuando fue descubierto el fraude que organizó para reelegirse por tercera vez. La vicepresidenta del Senado, Janine Áñez, lo reemplazó, de acuerdo con la línea de sucesión constitucional, ante la renuncia de las autoridades precedentes. El gobierno de Áñez fue pésimo, tuvo colaboradores corruptos, y en las elecciones del 2020 un candidato del MAS −el segundón Arce− venció abrumadoramente. Morales retornó de Argentina, donde vivía mimado por el kirchnerismo, para gobernar desde la sombra. Arce adquirió base propia y hasta hoy mantiene las riendas, desplazando al líder. El oficialismo, que controla la magistratura, organizó una cacería judicial contra quienes participaron en las protestas por el fraude. Janine Áñez fue injustamente condenada a diez años de prisión por haberse “autoproclamado” presidenta. Morales, el denunciante, ni siquiera se presentó a declarar. Otro perseguido es el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, preso por haber sido uno de los líderes del movimiento contra el fraude. Las protestas actuales en Bolivia son para reclamar su libertad. Arce, por cierto, es un gobernante legítimo, pero en su país no hubo un golpe de Estado. El discurso de Fernández demuestra hasta qué punto la realidad puede describirse al revés.

La distorsión solo es comparable a la que realizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Esposa del expresidente izquierdista Juan Manuel Zelaya, con trayectoria de lucha democrática y anticorrupción, pertenece, sin embargo, a la órbita de los países del ALBA. “Condenamos el golpe de Estado en Perú”, sostuvo en la Celac. Consideró presidente legítimo a Pedro Castillo, demandando su libertad. Por ínfimo que sea el nivel político de una mandataria, es difícil que acepte leer términos de pronunciamiento tan mendaces. La explicación es que el Gobierno Hondureño, donde realmente manda Zelaya, se encamina al autoritarismo a pasos agigantados. El vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, quien postuló con Castro en una coalición −ahora rota− dio una entrevista a CNN luego de que el Perú retirara a su embajador en Tegucigalpa. Dijo que había sucedido exactamente lo contrario de lo que discurseó su presidenta. “Pienso que a ella la utilizó el grupo bolivariano para hacer esa declaración, algo que tal vez no convenía que la diera uno de ellos”, agregó. Cuba y Venezuela guardaron silencio sobre el tema peruano en la reunión de Buenos Aires.

Gustavo Petro, de Colombia, no mencionó al Perú en su discurso, aunque sí se refirió a la situación de Pedro Castillo, sin nombrarlo. Dijo que era violatorio del sistema interamericano que presidentes elegidos por el pueblo estuvieran presos en vez de estar sentados en la Celac. Esto lo repite siempre que aborda la crisis peruana, agregando que lo sucedido transgrede los estándares de la justicia continental. Petro es un político más preparado y astuto que la presidenta hondureña, de modo que cuando miente lo hace con premeditación. Claramente trae al caso su propia experiencia. En el 2013, la Procuraduría General lo destituyó del cargo de alcalde de Bogotá, por afectación de la salud pública. En el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado Colombiano por haber afectado sus derechos, entre ellos el de las garantías judiciales, pues fue sancionado por una autoridad administrativa y no por un juez competente. Al referirse a Castillo, Petro asume que no fue destituido por un magistrado del sistema judicial. La Constitución del Perú establece que esa medida la toma el Congreso. Un juez competente hizo el control y dispuso que Castillo cumpla prisión preventiva por 18 meses por el presunto delito de rebelión, fallo luego confirmado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

La Celac no se pronunció sobre la situación peruana, conforme pidieron Luis Arce en su intervención y López Obrador en un videomensaje. El presidente anfitrión no abordó el tema. Para hablar con la cancillería argentina, había retornado a Buenos Aires el embajador John Peter Camino, uno de los cuatro que fueron llamados a Lima tras el respaldo a Castillo de Fernández, López Obrador, Arce y Petro. Tampoco Lula habló del Perú. La diplomacia brasileña ha pedido en la OEA “considerar alternativas” para la liberación de Pedro Castillo, ante lo cual Torre Tagle respondió, en diálogo bilateral, que ello depende completamente del Poder Judicial. Al final del día, Xiomara Castro y Gabriel Boric serían los más agresivos contra el régimen de Dina Boluarte, y fue insultante la intervención del chileno. Después de nombrarla, dijo que su régimen mataba a quienes debía proteger.

Boric reclama para sí la virtud de criticar las violaciones de derechos humanos de cualquier gobierno, pero, llegado el momento, no dedicó una palabra al pisoteo de libertades en Cuba y Venezuela. Con suma delicadeza le recordó a Nicaragua el deber que le asiste “de avanzar hacia la libertad de los presos políticos opositores que aún se encuentren detenidos en condiciones indignas”. No trató de asesino a Daniel Ortega como lo hizo con la presidenta peruana. Tampoco condenó el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, e ignoró la circunstancia −resaltada por la canciller Gervasi en su respuesta− de que, además de protestas legítimas, hay en el Perú una violencia vandálica que intenta subvertir el orden constitucional. El contexto le hubiera dado mayor autoridad moral a su pronunciamiento. Boric, es pertinente recordarlo, no está exento de vivir situaciones dramáticas por conflictos sociales. Ya ha tenido que tragarse sus palabras cuando, contra lo que dijo en su campaña, decidió continuar con la militarización de la Araucanía. Ante cualquier desmán, él esperaría que la opinión de un vecino como el Perú sea cuidadosamente meditada.

Nada de lo dicho quita legitimidad a los cuestionamientos internacionales por los excesos durante la represión de las protestas, ni a las exigencias de una investigación independiente. El régimen no rindió cuentas, dejando a la fiscalía el esclarecimiento de los hechos. Los gobernantes pueden terminar condenados. Pero lo ocurrido en la Celac indica que varios mandatarios latinoamericanos hubieran preferido que Pedro Castillo consumara su proyecto golpista. Aún ahora les complacería que pudiera ser impuesto desde abajo.