El patito feo

Hubo un tiempo en que las instituciones concertaron para proteger a las poblaciones vulnerables de las furias de la naturaleza. Esta es una crónica del intento y del fracaso.

Comienza en el 2009, cuando César Vidal Garland, capitán de navío en el retiro, empezó a reunirse en el norte con los damnificados y expertos que lidiaban con las violentas, milenarias inundaciones. Ese año, Vidal dirigía el recién creado Preven, un programa de reducción de riesgos para El Niño. Era una novedad respecto del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), al que suelen atribuírsele cualidades preventivas cuando en realidad prepara a la gente ante disturbios climáticos anunciados y luego mitiga los daños. La prevención es otra cosa. Opera en tiempos calmos, identifica amenazas y señala las obras que deben realizarse para evitar un desastre. Vidal encontró que las universidades de la región tenían valiosas investigaciones desaprovechadas. Hizo convenios con 14 de ellas. En el 2010, presentó ocho proyectos de inversión para Piura, Tumbes y Lambayeque, por un monto de US$290 millones. Eran trabajos urgentes de drenaje, infraestructura vial, agricultura y vivienda. Un dato irritante en esta historia es que nunca se realizaron.

Por esos años, sin embargo, hubo afanes de emprendimiento que rindieron frutos. El Preven estaba acotado a El Niño y se requería algo para cualquier tipo de desastres. En el 2010, el Acuerdo Nacional aprobó la Política 32, proponiendo crear un cuerpo interinstitucional que comprometiera a todo el Estado. Al año siguiente, una comisión multipartidaria del Congreso, asesorada por expertos y organismos internacionales, propuso un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), que asumiera tanto la prevención como la mitigación. Fueron consultadas 150 oficinas públicas. Tenía un consejo de nueve ministros y dos entidades normativas: el Indeci y un centro nacional de reducción de riesgos que reemplazaría al Preven, al que se denominó Cenepred. A la cabeza estaba el primer ministro. La PCM era el ente rector, con poder suficiente para ordenar la ejecución de lo acordado.

El pleno del Congreso aprobó el sistema por unanimidad y el Ejecutivo promulgó la ley. El comandante AP César Vidal, quien en buena medida había diseñado el proyecto, fue nombrado jefe del Cenepred. Así, en julio del 2011, en las postrimerías del segundo quinquenio de Alan García, había un esquema óptimo para luchar contra las inclemencias climáticas. Pero alguien influyente del nuevo gobierno quiso nombrar a un protegido y el modelo comenzó a venirse abajo. Sería más apropiado decir que nunca pudo despegar. Las siglas de los nuevos organismos −Sinagerd, Cenepred−, que parecían nombres de pastillas gástricas, nunca serían recordados. Ni siquiera en la administración pública.

Las diferencias afloraron desde el proceso de transferencia de gobierno, antes de que asumiera funciones Ollanta Humala. Dos coroneles allegados al presidente electo recibieron lo obrado en el Indeci y el Cenepred. Uno de ellos era Luis Pereira, quien, según informó en el 2006 el Ministerio de Defensa, hizo desaparecer en el Ejército los informes de eficiencia de Humala correspondientes a su actuación en la base contrasubversiva de Madre Mía, que fue motivo de una investigación −ya archivada− por supuestas ejecuciones extrajudiciales. En las reuniones, Pereira opinó que el Cenepred no tenía razón de ser, que solo debía existir el Indeci. Vidal renunció, porque había una nueva administración, aunque se mantuvo en funciones mientras elegían a su reemplazante. Durante tres meses, nadie le dijo si seguiría. En el interín, Pereira le pidió nombrar a un cuñado suyo, Luis Palacios, en algún puesto de confianza. Estaba vacante el cargo de secretario general y Vidal lo contrató a prueba. A las pocas semanas lo despidió porque empleaba el tiempo en atender un negocio particular. El mismo día circuló en Palacio de Gobierno un e-mail calumnioso contra Vidal, a quien de inmediato se le aceptó la renuncia. A continuación, el cuñado reasumió funciones.

Vidal, desde luego, podía ser reemplazado por alguien de iguales o mayores capacidades. Pero que la causa de su apartamiento estuviera asociada a la necesidad de darle trabajo a un allegado era una señal de lo que vendría para la institución. El Cenepred pasó a ser conducido por una funcionaria que estaba encargándose de la administración. Dejaron de venir al Perú las misiones del BID y el Banco Mundial, que, entre otras fuentes de financiamiento, mostraron interés en invertir en los proyectos de prevención. En el gobierno empezó a sacar cabeza el general del Ejército en retiro Daniel Urresti como el principal asesor en la materia. En mayo del 2013, fue creada una Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres que lo tuvo como primer jefe, aunque por poco tiempo, pues en el mismo año pasó a otra responsabilidad. Consultado para esta nota, Urresti resaltó la importancia del Cenepred y dijo que durante su gestión hubo una intensiva identificación de riesgos.

Hay otras opiniones. En el 2014, llegó al Perú una misión de diez agencias de las Naciones Unidas para analizar los avances en la implementación del nuevo modelo. La principal conclusión fue que “la PCM aún no asume en toda su dimensión su rol de ente rector”. En otras palabras, desatendía sus responsabilidades. El Indeci iba por aquí, el Cenepred por allá, y el sistema parecía un animal de tres cabezas, dice el informe. No tuvo ningún impacto, o más bien se lo entendió al revés, porque en 2016 la PCM se deshizo del Indeci, pasándoselo al Ministerio de Defensa (Mindef). Y al año siguiente, cuando gobernaba Pedro Pablo Kuczynski, hizo lo mismo con el Cenepred.

−Eso fue una estupidez− dice ahora Daniel Urresti, para quien la diferencia principal entre una situación y la otra es que los responsables del Indeci y el Cenepred tienen que deambular por los pasillos buscando la atención de un ministro, cuando antes hablaban directamente con el jefe del Gabinete.

Abandonado a su suerte, el Cenepred está reducido a su mínima expresión. Emplea un presupuesto anual de S/9 millones, el 80% destinado a sueldos. Tiene 90 de 180 trabajadores necesarios, solo dispone de S/26.000 al año para viajes al interior del país. En el Mindef no puede actuar transversalmente con distintos sectores del gobierno. Lo que diga tiene poco peso. En setiembre del 2022, avisó que se vendrían fuertes precipitaciones en Camaná, lo reiteró en noviembre e incluso en los días previos al huaico que el pasado 5 de febrero arrasó varios poblados, lo que ocasionó la muerte de 18 personas. Eran comunicaciones dirigidas a las autoridades, anticipando escenarios de los riesgos. Nadie respondió.

Por mucho que se haya desembarazado del Indeci y el Cenepred, como dos hijos indeseables, la ley obliga a la PCM a dirigir el sistema. Incluso está obligada a pedir sanción contra los alcaldes y gobernadores que incumplen funciones de defensa civil o se olvidan de las obras de prevención. En el 2018, el Congreso dio una ley que sanciona con vacancia a quienes no lo hacen. Para ello la PCM debe poner las faltas en conocimiento de los consejos que pueden decidir una destitución. Nunca lo realizó, pese a que hubo numerosos casos de negligencia. ¿Con qué autoridad moral podría hacerlo si ella misma incumple la ley? La situación actual es que hay compromisos distribuidos por todo el país, entre múltiples organismos, y a la vez nadie tiene responsabilidad. Solo en una ocasión, en 11 años, se ha reunido el Consejo Nacional de Gestión de Desastres, que encabeza el presidente de la República. Fue el pasado 13 de marzo. En las fotos oficiales no se aprecia al patito feo del sistema: el representante del Cenepred.