La sucesora

La vicepresidenta Dina Boluarte anunció el último viernes que abandonaba el Gobierno. En rigor, no fue invitada al gabinete de guerra encabezado por Betssy Chávez. Boluarte venía desplazándose por una cornisa, con un pie adentro y otro afuera del régimen, con movimientos imperceptibles. Pedro Castillo intentó sacarla al menos dos veces del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que asumió en julio del 2021. No asistió al Consejo de Ministros del jueves, luego del cual el presidente anunció cambios. En su mensaje de despedida en Twitter, Boluarte habló de la indeseable “polarización actual”, sin mencionar sus diferencias con el mandatario. ¿Eran de fondo o solo circunstanciales?

En los próximos días la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso examinará un dictamen sobre una infracción que Boluarte supuestamente cometió. Se le atribuye haber continuado gestionando el Club Departamental Apurímac, del que era presidenta, cuando ya estaba en el Gabinete. El informe, elaborado por Edgar Reymundo, de Juntos por el Perú, opinaría que no hay mérito para acusarla, según trascendió. Si es aprobado, lo más probable es que el caso muera allí, aunque aún podría reactivarlo la directiva del Poder Legislativo. En esta instancia las cosas caminarán distinto si la mayoría de la subcomisión acusa: tres miembros de la Comisión Permanente asumirían entonces la causa para exponerla ante el pleno del Congreso, donde Boluarte podría ser inhabilitada. Entonces jamás reemplazaría al presidente Pedro Castillo si este es vacado o suspendido.

La acusación se basa en un informe de la Contraloría General de la República según el cual Boluarte, siendo titular del Midis, habría infringido la Constitución al suscribir documentos públicos de su club departamental, donde figuraba como autoridad. También hizo declaraciones juradas incompletas, omitiendo mencionar a ocho parientes que laboraban en el Estado, lo que infringiría una norma específica. El artículo 126 de la Constitución prohíbe a los ministros gestionar empresas o asociaciones y el 38 los constriñe a respetar la legalidad. En su descargo Boluarte sostuvo que formalizó actos registrales a los que estaba obligada por ley, y que su conducta no puede ser considerada como gestión de intereses incompatible con su función. Respecto de sus declaraciones juradas, dijo haber consignado a su parentela con cargo estatal hasta donde tenía conocimiento. En la subcomisión, de 25 miembros, la moción para archivar el expediente podría alcanzar mayoría, sumando los votos del oficialismo más los de sus aliados. Para garantizar este apoyo, Boluarte mantuvo una buena conducta dentro del gobierno, aunque con matices desconocidos, que ahora cobran especial importancia.

Así como Pedro Castillo, Dina Boluarte fue elegida por Vladimir Cerrón para integrar la plancha presidencial de Perú Libre. Las desavenencias con el jefe del partido se produjeron al poco tiempo de la victoria electoral, cuando Boluarte opinó, en una reunión interna de la cúpula, en la casa de Sarratea, que Cerrón no debería ocupar un cargo público. Adujo las razones legales conocidas −tenía una sentencia por corrupción− pero más significativo que lo argumentado fue el hecho de que no demostrara alineamiento con el partido. Luego las diferencias fueron públicas. En noviembre del 2021 declaró que ella y Castillo habían sido utilizados electoralmente por Cerrón, quien le respondió con dureza y, poco después, celebró su expulsión de Perú Libre. Sin embargo, Boluarte y Castillo no anudaron una relación cercana, pues el presidente tenía su propia camarilla, toda la cual está ahora bajo investigación.

En Castillo prendió la idea de que Boluarte vería con buenos ojos que fuera vacado, para poder reemplazarlo. En las redes sociales oficialistas empezaron a circular versiones en ese sentido. En medios más amplios se comentaba que la vicepresidenta se reunía con personajes del caviarismo para formar un gabinete de transición. A Boluarte le preocupaban estas versiones, de acuerdo con una fuente palaciega, pues la mayoría del Congreso ya había recogido el informe de la Contraloría y le aderezaba una acusación constitucional.

Boluarte, según otra fuente, descubrió que las diatribas en las redes sociales provenían del círculo de Fray Vásquez, el sobrino preferido de Pedro Castillo. Con las pruebas en la mano fue a mostrárselas al presidente, quien le dijo que tomaría cartas en el asunto. Por un tiempo cesaron los mensajes que la presentaban como desleal a Castillo, mas volvieron meses después. Boluarte hizo una nueva indagación y encontró que se originaban en el círculo de Abel Cabrera −otro de los miembros de la red criminal investigada− y nuevamente se lo hizo saber a Castillo. Por entonces este dudaba entre mantenerla o no en el Gabinete. Algunos le aconsejaban que ella continuara, porque no era prudente, en una situación de crisis, arrojarla en brazos de la oposición. Otros la querían afuera porque estaban seguros de que lo único que la mantenía disciplinada era el riesgo de que el Congreso la destituyera.

Era verdad que Boluarte necesitaba los votos del oficialismo en el Congreso. Además, la favorecía dirigir el Midis. En febrero pasado, cuando cayó el gabinete de Mirtha Vásquez, Castillo le preguntó si le gustaría pasar al Ministerio de la Mujer, de donde saldría Anahí Durand. Respondió que no y se quedó en el cargo. Castillo quería darle este ministerio popular a Katy Ugarte, de la bancada magisterial (ahora lo tiene Cinthya Lindo, del Fenatep), quien terminó reemplazando a Durand. En agosto Castillo produjo otro cambio de gabinete −salieron César Landa de la Cancillería y Óscar Graham del MEF− y le dijo a Boluarte que sería mejor que dejara el Midis en la perspectiva de que hubiera un gabinete presidido por ella. Boluarte no se tragó el anzuelo. Ya estaba convencida de que Pedro Castillo favorecía la acusación constitucional en su contra. Con ella destituida, el Congreso no tendría con quién sucederlo si decidía vacarlo.

La vicepresidenta habría expresado en privado al presidente su alarma por las denuncias de corrupción que involucran a su entorno más cercano. Cuando un fiscal descubrió que el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, escondía US$20.000 en un baño de Palacio de Gobierno, fue a buscarlo para pedirle que lo destituyera de inmediato, con un fuerte mensaje hacia la opinión pública. Con varios ministros estuvo redactando este discurso, pero sus acompañantes (Roberto Sánchez, de Comercio Exterior; Juan Silva, de Transportes y Comunicaciones; y Geiner Alvarado, de Vivienda) no querían términos duros, y el intento quedó en nada. Aunque Dina Boluarte nunca perteneció al grupo de ministros preferidos de Castillo, para la oposición ella fue una aliada incondicional del presidente. Es extendida la creencia de que un gobierno suyo sería más de lo mismo. Boluarte no ha brindado declaraciones distanciándose de la corrupción que rodea al entorno de Castillo. El 19 de octubre, vía Twitter, se adhirió al mensaje del mandatario ante la OEA denunciando un golpe de Estado en curso y demandando la aplicación de la Carta Interamericana.

En la nueva etapa abierta con su apartamiento del Gabinete, la vicepresidenta debe decidir si asume alguna forma de oposición. Hasta ahora, en modo OEA, solo predica diálogo y unidad. Quizá no sea demasiado tarde para que demuestre aversión a la criminalidad organizada del Gobierno, que ya tiene suficientes evidencias. ¿Se pronunciará al respecto del objetivo presidencial de cerrar el Congreso contra toda legalidad? Boluarte tiene un punto de encuentro con Perú Libre, interesado en mantener su bancada hasta el 2026. Vladimir Cerrón está a un paso de decidirse por la vacancia de Castillo. Boluarte aún no está conectada con otros sectores políticos. El sentido de la próxima votación sobre la acusación constitucional que le atañe dará indicios sobre su segunda vida.