2023: presente y futuro

La permanencia de la presidenta Dina Boluarte en el cargo (y, con ella, la de la mayoría de los congresistas) se va consolidando con el correr de los días. Favorece a este escenario la contundencia de los fenómenos climatológicos –cuyos efectos persistirán por varios meses– y la poca fuerza política que tiene la oposición, a pesar del mayoritario rechazo ciudadano que tiene la mandataria y de los monumentales pasivos que enfrenta.

Este inmovilismo puede tener algunas consecuencias importantes que suelen mencionar los que prefieren que la situación persista tal y como está por tres años. Deben mencionarse al menos dos. En primer término, se dota al país de relativa estabilidad, al menos en lo referido a elenco, sobre todo si se compara con el último lustro, que se inició en marzo del 2018 con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. Entre dicho hito y hoy, el país ha tenido cinco mandatarios y más de 250 parlamentarios.

También debe señalarse el restablecimiento de cierta sensatez en lo referido a los funcionarios que hoy desempeñan cargos públicos, tras el desastroso paso de Pedro Castillo por la presidencia. Hay algunos aspectos, sin embargo, en los que se ha preferido no hacer muchas olas, como el pasivo laboral que significó la famosa Agenda 19. Se está, pues, lejos de la “restauración neoliberal” que los críticos de izquierda describen; más bien, se aprecia una mayor predilección por una visión conservadora, como la que privilegia el orden sobre todas las cosas con el riesgo de tolerar la impunidad ante el inédito número de muertos en las protestas sociales.

La prolongación de la permanencia de Boluarte también tendrá un impacto en los comicios que se den para sucederla, sean estos en abril del 2026 o en algún momento previo (aunque después del 2023).

En primer término, el gobierno actual inevitablemente será percibido como una defensa más (quizás la final) del ‘establishment’: la formalidad política que se aferra a sus reglas para ignorar el clamor ciudadano. Esta percepción arrastrará al golpeado modelo económico, a pesar de su victoria en las urnas en la primera vuelta del 2021, y lo pondría como uno de los temas de la agenda electoral.

Por otro lado, el gobierno de Boluarte ya es percibido como uno de derecha, debido –sobre todo– a su tácita alianza con estos sectores en el Parlamento y a la poca diligencia que ha tenido al abordar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. La agenda de la “coalición gobernante”, como la denomina Juan de la Puente, reposa en “tres relatos: orden, autoridad y nacionalismo conservador” (“La República”, 30/3/2023). Este hecho privará de novedad a las candidaturas que se ubiquen en este lado del espectro político obligándolas a una diferenciación que quizás resulte problemática.

También debe señalarse que la no transición del 2022-2023 pospone, pero no desaparece, la expectativa de cambio. El optimismo que se dio por pocas horas en el ya lejano 7 de diciembre del 2022 hoy se ha convertido en una frustración más generalizada. Los contendientes tendrán que considerar este matiz para poder ser viables.

Finalmente, entre las protestas del sur y la impaciencia del norte podría estarse consolidando la brecha que ha venido separando electoralmente a Lima de las regiones. La distancia, que cada vez se asemeja a un abismo, pudo enfrentarse con la primera mujer quechuahablante en la presidencia. Pero parece haber ocurrido todo lo contrario.

El presente, pues, termina borroneando el bosquejo de lo que podría enfrentarse en el futuro no muy lejano, algo que podría no ser tan promisorio. Así, la relativa calma de los tiempos actuales bien podría estar anidando un futuro muy distinto al que aspiran quienes respaldan (o toleran) el hoy.