La iniciativa legal aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente para permitir que los partidos políticos puedan recibir financiamiento de las empresas privadas aborda un problema de nuestro sistema político que era urgente resolver: el amplio espacio que le ha dejado su prohibición al dinero sucio de las economías ilegales y, por lo tanto, a su influencia directa en las decisiones de los partidos.
La idea detrás de esta necesaria reforma era que se abrieran las puertas para acceder a más recursos como una forma de que se incrementen la transparencia y la fiscalización de las finanzas de los partidos. Sin embargo, el actual Congreso ha logrado una ‘hazaña’ al elevar de manera injustificable los límites para obtener financiamiento de una sola persona –natural o jurídica– de 120 UIT (S/642.000) a 200 UIT (S/1′070.000) al año, y permitir que las empresas privadas peruanas vuelvan a entregarles aportes, haciendo al mismo tiempo más difícil su fiscalización por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que se evite su uso, por ejemplo, para el lavado de dinero.
El texto aprobado señala que “los aportes no declarados o que sobrepasen los límites permitidos no se presumen de fuente ilegal” y crea un nuevo tipo de aporte confidencial a través del Banco de la Nación, en el que la identidad del aportante se mantiene en secreto, remando en la dirección contraria a la búsqueda de una mayor transparencia.
Además, apunta a permitir que el financiamiento con recursos públicos que reciben los partidos no solo sea usado para capacitar a sus cuadros o para gastos administrativos, sino también para cubrir los costos de la defensa legal de sus directivos, representantes y voceros. Esto podría generar incentivos para que más procesados penales participen en política, dado que el dinero de todos los peruanos podrá ser usado para pagar los honorarios de sus abogados.
Con esta reforma, el Congreso nos deja en claro lo que sucede cuando son los partidos, sin escuchar a nadie más, los que definen las reglas de nuestro sistema político, y nos recuerda que siempre van a desperdiciar cualquier oportunidad de generar más confianza en la ciudadanía si hay algo que puedan llevar para su molino.
Si el Ejecutivo promulga esta iniciativa o el Congreso insiste en su actual redacción, va a ser interesante ver qué empresas privadas estarán dispuestas a correr el riesgo reputacional de financiar a los partidos políticos, pese a –o tal vez debido a– esta menor transparencia.
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