En julio, el número de casos y muertes por coronavirus reportados en el país mantuvo un aumento sostenido. A la fecha, se han registrado 395.005 infectados y 18.612 fallecidos por COVID-19 según el Ministerio de Salud (Minsa). De esta manera el Perú se ubica dentro de los 10 países con mayores niveles en ambos indicadores a nivel global, según la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos.
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En este período, los contagios se incrementaron en 38,4% respecto al inicio de la cuarentena focalizada (285.213). Actualmente, Lima Metropolitana concentra el 48,7% del total (192.748), seguida del Callao y Piura, ambas con más de 20 mil infectados. De otro lado, Arequipa, Áncash e Ica —tres de las siete regiones que aún continúan en cuarentena total— también se encuentran dentro del top 10 con más casos de COVID-19.
La publicación de tres estudios de seroprevalencia en Iquitos, Lambayeque y Lima revelarían un mayor impacto de la enfermedad en la sociedad que el mostrado en las cifras oficiales. El primer documento —aún en fase preliminar— señala que el coronavirus habría infectado a 7 de cada 10 habitantes de la ciudad amazónica; mientras que en la capital una de cada cuatro habría padecido este mal.
La tendencia al alza también se observa respecto a los decesos totales. El 22 de julio, la ministra Pilar Mazzetti anunció la inclusión de 3.868 víctimas al recuento diario del sector luego de un análisis de datos. Con esto, dicho indicador aumentó en 92% respecto a fines de junio (9.677).
La cifra reportada es elevada; sin embargo, aún no reflejaría el verdadero impacto mortal de la enfermedad. El epidemiólogo César Cárcamo, miembro del grupo Prospectiva que asesora al Minsa, calculó que la cifra de fallecidos podría llegar hasta los 43 mil. El especialista añadió que algunos casos nunca se podrán demostrar dado que no se les aplicó una prueba.
La evidencia de la brecha en este indicador llevó al Gobierno a reconocer en los últimos días que existe “un desfase” en los fallecimientos registrados. Durante su mensaje a la nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, remarcó que ningún peruano que haya fallecido por el COVID-19 debe quedar fuera de las cifras oficiales.
“A diferencia de otros países que hacen el recuento [de fallecidos] al final de la enfermedad, el Perú lo está haciendo a medida que enfrenta el virus. Soy uno de los pocos presidentes que ha informado día a día acciones, cifras y todos los pormenores de la lucha contra la enfermedad”, dijo el mandatario.
La actualización también produjo una variación en la tasa de mortalidad regional. Ahora los niveles más altos se presentan en Lambayeque, con 93 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, seguido del Callao (91 decesos) y Tumbes (84 decesos). A este grupo le siguen regiones donde la enfermedad continúa en transmisión activa como Ica (82,9) o Lima Región (77,7) respectivamente.
¿A qué se debe el “desfase” admitido por el gobierno en las muertes por COVID-19? ¿Es manejable en el corto plazo? Luis Suárez Ognio, ex jefe del Instituto Nacional de Salud y coordinador de Salud Pública de la carrera de Medicina en la UPC, explica que las defunciones actualmente se cuentan en dos sistemas de información. El primero es el Registro de Hechos Vitales, basado en los certificados de defunción, que hasta el 2016 presentaban un nivel de subregistro anual del 40% de los decesos. Este problema fue, en parte, solucionado con la creación del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), modalidad que opera a través de un aplicativo y que procesa los registros en tiempo real.
“Lo que ha hecho el Sinadef es aumentar la velocidad en que el médico expide el certificado y que esa información llegue a nivel nacional al Minsa. Lo que aún se desconoce es en cuánto se ha reducido el subregistro; es decir, cuántas personas fallecen aún y no tienen certificado”, explica.
De otro lado, los fallecimientos también pasan al conteo del sistema de vigilancia epidemiológica del Minsa, del cual se basa la información que se publica en la Sala Situacional COVID-19. Esta modalidad alimenta su registro con la información que proporcionan más de 9 mil centros de salud del país que son parte de la red; pero que no llegan a cubrir el 100% de los establecimientos de salud a nivel nacional.
Su función es la de permitir conocer las tendencias que sigue una enfermedad para adoptar decisiones de salud pública. Por lo tanto, no toma en cuenta las muertes que se producen en los domicilios o por la constatación de médicos privados.
“No se espera que [el sistema de vigilancia epidemiológica] sea un censo exhaustivo de toda la información existente. Me sirve para ver tendencias como se mueve la enfermedad en el tiempo. El fenómeno del subregistro es cierto que existe y lo que hay que entender es que lo importante para tomar decisiones es la vigilancia epidemiológica”, comenta.
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