EleccionesAndrea, una joven madre de 30 años, fue llevada desde Venezuela hasta Perú para trabajar en la casa de una pareja. Esta llegó hasta su vivienda con el objetivo de convencer a su madre de llevarse a su hijo de siete años y hacerse cargo de él. Su progenitora se negó.
Andrea, una joven madre de 30 años, fue llevada desde Venezuela hasta Perú para trabajar en la casa de una pareja. Esta llegó hasta su vivienda con el objetivo de convencer a su madre de llevarse a su hijo de siete años y hacerse cargo de él. Su progenitora se negó.
Sin embargo, después le ofrecieron a la joven llevársela a junto con sus dos hijas, para que trabajara en su casa y además pudiera recibir un diagnóstico y un tratamiento médico para sus problemas en las piernas. Andrea aceptó.
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La pareja nunca cumplió con las promesas realizadas. La joven madre estuvo dos años encerrada en su casa haciendo trabajos domésticos y nunca pudo acudir al médico. Solo cuando logró salir del encierro supo que tenía diabetes. Mientras vivió con la pareja, su salud decaía e incluso fue perdiendo la visión.
Además de maltratarlas a ella y sus hijas, la pareja comenzó a llevarse a las menores de la casa. “Luego supe que las llevaban a mendigar, a vender caramelos. Se las llevaban a provincia, a unos pueblos”, contó Andrea a Amnistía Internacional.
El caso de Andrea es uno de los muchos de violencia de género hacia extranjeras que se dan en el país. Según un estudio realizado por Amnistía Internacional, entre el 2019 y el 2021 se reportaron 5.304 casos de violencia basada en género hacia personas extranjeras atendidas por los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
El número de denuncias por año ha ido incrementándose. Se pasó de 1.786 casos en el 2019 a 2.172 en el 2021. De este último grupo, el 84% eran mujeres venezolanas, quienes enfrentan múltiples formas de violencia en el ámbito público, el doméstico y el laboral.
Desprotección
Amnistía Internacional advierte que no se están tomando las medidas necesarias para proteger los derechos de estas mujeres, quienes han tenido que salir de su país debido a la emergencia humanitaria compleja que ahí se vive: no hay garantía de alimentos, ni medicinas ni seguridad. “De por sí, en Latinoamérica las mujeres son víctimas de múltiples y sistemáticas violencias. Sin embargo, en el caso de las mujeres venezolanas, su nacionalidad y su estatus migratorio, muchas veces irregular, son motivos adicionales de discriminación y violencia”, sostienen.
Pese a que Perú cuenta con normas para prevenir y sancionar la violencia de género contra las mujeres, e incluso existen protocolos de atención para las víctimas sobrevivientes de violencia de género, no se ha logrado su implementación efectiva. Para Adeline Neau es investigadora para México y Centroamérica de Amnistía Internacional., Perú no está garantizando acceso a vías de justicia y de salud para las mujeres que viven día a día la violencia basada en género.
“Estas personas se deben considerar refugiadas, dada la crisis humanitaria compleja que se vive en su país, están huyendo de violaciones masivas a sus derechos económicos y sociales”, señala Neau, quien subraya que al ser refugiadas deberían recibir protección internacional.
A inicios de este año, la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio Público rescató a Andrea y la llevó a un albergue bajo protección. A pesar de que tiene su carné de extranjería peruano y de haber manifestado a las autoridades que se sentía más segura en el Perú, estas le informaron que la iban a deportar.
El estudio de Amnistía resalta que además de los problemas que tienen las mujeres peruanas a la hora de denunciar la violencia basada en género, las mujeres venezolanas deben enfrentarse a la falta de acceso a la información sobre rutas de atención, el desconocimiento de sus derechos, la percepción de no tener los mismos derechos que los peruanos, y el temor a ser detenidas o deportadas, por su situación migratoria.
“La falta de acceso a la protección internacional y otros procesos de regularización migratoria son los obstáculos más grandes para que las mujeres refugiadas venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género disfruten de sus derechos”, resaltan.
En el Perú, hay 746.149 mujeres venezolanas, más de 419 mil son mujeres adultas. Solo 29% de extranjeras trabajan de forma remunerada.
“Les hago la pregunta, ¿cómo después de 20 años en crisis y más siete millones de migrantes desplazados, mi nacionalidad no merece ser reconocida como desplazado?”, dice Martha Fernandez, Directora Ejecutiva de la ONG Unión Venezolana en Perú, quien menciona que es ilógico y hasta irreal que después de tanto tiempo no se considere que se está huyendo de una crisis humanitaria.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reportado que se dieron 531.000 pedidos de refugio, pero solo se reconoció el 0,8%.
Medidas a tener en cuenta
Algunas de las medidas a tener en cuenta son reforzar y ampliar la difusión de información para personas venezolanas sobre el acceso a la protección internacional y otras formas de regularización migratoria. Una información que debería estar acompañada de estrategias y mensajes que eviten el miedo de acercarse a las instituciones ante el riesgo de detenciones y deportaciones a Venezuela.
También se debe Implementar y reforzar programas de información a funcionarios sobre acceso a protección internacional y otras formas de regularización migratoria.
Además, se debe garantizar que todas las instituciones que atienden a supervivientes de la violencia de género (incluyendo la policía, fiscalía, instituciones de migración y salud), cuenten con protocolos sólidos para la atención de los casos de violencia de género que aborden la no discriminación y las necesidades especiales de atención a mujeres refugiadas y migrantes sobrevivientes de violencia basada en género.
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