Primera reunión en el gobierno de Jerí para frenar la violencia extorsiva en el transporte: ¿A qué compromisos llegaron las autoridades?

En el segundo día de labores del nuevo gobierno del presidente José Jerí, la sede del Ministerio del Interior (Mininter) fue escenario de la ‘Mesa de trabajo para frenar la violencia extorsiva en el sector transporte’. Durante cuatro horas, el mandatario junto a 32 representantes de las instituciones a cargo de la seguridad ciudadana, el sistema de justicia y el transporte debatieron y llegaron a una serie de compromisos. El Comercio accedió al acta de la reunión.

Las entidades que participaron del encuentro fueron la Dirección Contra el Crimen Organizado (DGCO) —adscrita al Mininter— la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la ATU.

La reunión se llevó a cabo como un seguimiento de dos mesas de trabajo previas entre estas instituciones, que tuvieron lugar el 4 de octubre y el 28 de setiembre.

Tras la reunión, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmaron que no acatarán el paro nacional convocado para este 15 de octubre.

Palomino, por su parte, anunció que el próximo 16 de octubre se llevará a cabo una nueva reunión con el presidente José Jerí, a fin de continuar abordando los temas prioritarios para el sector.

De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la PNP entre enero y setiembre de este año se han registrado 20.705 denuncias por extorsión.

En esa línea, los representantes del Juzgado Penal de Lima Este expresaron su preocupación y solicitaron información sobre el estado actual de las denuncias judicializadas, el número de prisiones preventivas dictadas y otras medidas restrictivas aplicadas desde el 1 de enero.

César Abanto, representante de la Corte Superior de Justicia de Lima Este y juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, mencionó que su institución ha desarrollado un protocolo de flagrancia, que próximamente será publicado en el diario El Peruano. Asimismo, opinó que una de las problemáticas de las denuncias del delito de extorsión es la filtración de información al respecto. En ese sentido, señaló la necesidad de “crear mecanismos legales para prohibir y sancionar penal y administrativamente la filtración de información de denuncias por extorsión” desde la PNP.

Al respecto, Silvia de la Cruz Quintana, directora de la DGCO, indicó que su despacho ha desarrollado el Programa de Cultura de la Denuncia del Estado para promover las denuncias en casos de extorsión ante las unidades policiales competentes. “El programa tiene como finalidad garantizar la atención adecuada de las investigaciones correspondientes al sector, bajo estricta reserva de identidad de los denunciantes”, destacó.

Trabas burocráticas ante las denuncias de extorsión

Por otro lado, Carlos Malaver, hasta entonces ministro del Interior, destacó la acumulación de carpetas fiscales en casos de denuncias por el delito de extorsión para acceder a estadísticas de los casos bajo investigación. “Ello permitirá dilucidar la cantidad real de casos de extorsión y evitar su confusión con delitos conexos, como receptación u otros delitos menores, que permitan beneficios procesales derivados de una inadecuada tipificación del delito”, expresó.

No obstante, Karina Dávalos, representante del Ministerio Público del Distrito de Lima Norte, señaló que en la etapa intermedia de los casos por denuncias de extorsión se presentan observaciones que afectan el proceso y repercuten negativamente en la etapa de juicio oral. Asimismo, cuestionó quién determina la complejidad de estos casos. “También cuestionó la demora en las diligencias del proceso, debido a que el plazo de detención no concuerda con los plazos de atención del Laboratorio de Criminalística. “La emisión de resultados de pericias supera los plazos de detención preliminar, ocasionando la liberación de los investigados”, precisó. Por ello, Dávalos instó a la Fiscalía y la PNP a mejorar la coordinación entre ellos.

Respectivamente, Michael García Coronel, representante de Lima Este del Poder Judicial, aseguró que existe una “literalidad en la norma que no permite favorecer el proceso” en los casos de denuncias. Sobre la acumulación de carpetas fiscales, indicó que se podría mejorar mediante una modificación normativa que amplíe las competencias del órgano jurisdiccional. “Asimismo, se debe modificar el Código Penal para que, de manera excepcional, existan módulos de flagrancia especializados para los delitos de extorsión”, agregó.

Al respecto, Malaver indicó que, cuando todavía era congresista, propuso al actual presidente Jerí que los plazos en casos de flagrancia se modifiquen a 72 horas de detención y 15 días de detención preliminar.

Por otra parte, el entonces ministro señaló que la violencia y resistencia a la autoridad no están debidamente sancionadas en la actualidad. “Esto constituye un flagelo que debe ser atendido de manera adecuada, a fin de generar un impacto inmediato en las investigaciones”, expresó. En esa línea, César Abanto indicó que el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad tiene un problema de jurisprudencia. “El problema está en la aplicación de penas suspendidas y se requiere aplicar pena efectiva”, dijo.

Al finalizar la reunión, las autoridades establecieron compromisos que deberán cumplir en plazos establecidos. El Poder Judicial acordó resolver los requerimientos de medidas limitativas en casos de extorsión y sicariato en un plazo máximo de 6 horas, bajo responsabilidad funcional.

El Ministerio Público se comprometió a solicitar detención judicial en flagrancia en los casos vinculados a los delitos de extorsión y sicariato. De esta forma, se busca que el Poder Judicial los atienda con celeridad para brindar efectividad al sistema de justicia.

Por su parte, la DGCO estableció que elaborará una propuesta de reforma constitucional para incluir a las bandas criminales en el plazo de detención de 15 días. Esto será presentado al Congreso. Asimismo, la DGCO elaborará la propuesta de modificar el código penal para establecer penas efectivas para el delito de violencia, resistencia y desobediencia de autoridad (de los artículos 365, 366, 367 y 368).

Por otro lado, la Comandancia General de la PNP dispondrá que los laboratorios de criminalística atiendan los pedidos de pericias en casos de extorsión y sicariato en un plazo no mayor de 24 horas.

Así también, como un acuerdo conjunto, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la PNP y la DGCO elaborarán un protocolo para la suspensión temporal de internamiento en un establecimiento penitenciario de una persona con prisión preventiva por extorsión, sicariato y delitos conexos.