El 19 de diciembre de 1824, al día siguiente que Lima conoció el resultado triunfal de la batalla de Ayacucho, mientras la ciudad vibraba de alegría, Simón Bolívar y su ministro, José Faustino Sánchez Carrión, firmaban el decreto en el que se establecía la Suprema Corte de Justicia, conforme a los artículos 98 y 100 de la Constitución de 1823, la cual estaría compuesta por un presidente, cuatro vocales y un fiscal. Esta conformación, decía el decreto, era provisional y el personal señalado sería nombrado por el gobierno, el que además, por órdenes particulares, “señalará el traje de los miembros y determinará todo lo conducente al arreglo de esta Corte”. La administración de justicia durante el Virreinato fue muy compleja. Existían variados fueros y eran numerosos los funcionarios encargados de tan importante tarea: en los cabildos, corregimientos, intendencias, subdelegaciones, etc. Además, ejercían justicia los alcaldes de Corte, los jueces privativos y las Audiencias. Todo esto motivaba para que continuamente se mezclaran y confundieran los poderes. En la parte considerativa del mencionado decreto del día 19, el Libertador había ordenado se pusiera: “Deseando prescindir absolutamente de todo lo que tenga relación con el ejercicio del poder judicial”. Por eso era su gran interés instalar la Corte Suprema, para crear el orden jurídico y darle vitalidad al derecho, después del imperio de la fuerza establecido por las necesidades de la guerra. Al respecto escribió Luis Antonio Eguiguren: “Por paradójico que resultase este propósito se hace realidad a pesar del poder ilimitado de la dictadura que las circunstancias impusieron, y que parecía contradecirlo, lo que revela hasta qué punto era sincero el deseo del Libertador de establecer en el Perú el orden y la seguridad sociales basados en la justicia, a pocos días de ganada la libertad”.