Dina Boluarte: PJ rechaza pedido de 36 meses de impedimento de salida del país

El Poder Judicial, tras una audiencia este miércoles, rechazó uno de los dos pedidos de impedimento de salida del país que presentó el Ministerio Público contra la expresidenta Dina Boluarte, vacada por incapacidad moral permanente por el Congreso.

La sesión comenzó de manera presencial aproximadamente a las 9:30 a.m. con presencia de representantes de la fiscalía y, en representación de Boluarte, estuvo su abogado Juan Carlos Portugal, quien dijo que su clienta no estaría presente.

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El juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, escuchó los argumentos del Ministerio Público y de la defensa legal de Boluarte y, luego de un receso de una media hora, leyó su decisión final.

En su resolución, determinó que se declare como infundado el pedido de impedimento de salida del país contra Boluarte y que se archive esta causa.

Según el magistrado, no se puede considerar hasta el momento en la investigación un grado de sospecha simple ni en el delito de crimen organizado porque no cumple el requisito de más de dos presuntos integrantes, ni lavado de activos, porque no se cumple con el requisito de que haya existido conocimiento del origen ilícito del dinero ni sobre su retorno a los aportantes, ya que todo fue transferido a las cuentas de Vladimir Cerrón.

Valdez finalmente tampoco encontró peligro de fuga ni una proporcionalidad en dictar esta restricción contra la exmandataria.

Tras la lectura del fallo, la fiscalía anunció que se daba por notificada y que plantearía un recurso de apelación.

El mismo 10 de octubre, horas después que el pleno del Poder Legislativo aprobara la remoción del cargo de Boluarte y formalizara la toma de mando de José Jerí, se presentaron dos pedidos de restricciones contra la expresidenta.

El primero fue el promovido por la Primera Fiscalía Especializada Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos que requirió impedimento de salida del país por 36 meses.

Este proceso contra Dina Boluarte es motivado por la presunta recepción de presuntos aportes ilícitos que habrían sido destinados para su campaña electoral como vicepresidenta de la República y para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón.

La fiscalía atribuye a la exmandataria los supuestos delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

El segundo pedido de impedimento de salida del país fue planteado por el despacho del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, como parte de una investigación en contra de Boluarte por la designación de funcionarios en EsSalud.

En este caso, la solicitud es por un plazo de 18 meses.