Dina Boluarte y los argumentos de Tomás Gálvez para que no deje el Perú: Carece de “arraigo laboral, funcional y político”

De acuerdo al requerimiento fiscal, al que accedió El Comercio, Gálvez Villegas señaló ante el Poder Judicial (PJ) que la investigada, a la fecha, carece de “arraigo laboral, funcional y político” y tiene facilidad para “abandonar el país o solicitar protección diplomática”

Ello, remarcó, debido a que el Congreso de la República la destituyó del cargo la semana pasada, perdiendo así todas sus prerrogativas y protección institucional, lo cual modificó su situación personal y jurídica.

MIRA: “Los Waykis en la Sombra”: Sala Superior cuestiona existencia del delito de organización criminal que favorecería a Nicanor Boluarte

Por ello, la Fiscalía de la Nación requirió el impedimento de salida del país por 18 meses, en contra de Boluarte Zegarra en el caso donde se le investiga por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por presuntos actos irregulares en Essalud.

El juez supremo Juan Carlos Checkley, programó para este miércoles la audiencia donde evaluará este requerimiento.

Boluarte Zegarra, señaló la Fiscalía de la Nación, tiene pendiente rendir su declaración en esta investigación, y es investigada por otros hechos por presuntos delitos de omisión, rehusamiento de actos funcionales y falsedad genérica, donde ha mostrado una conducta poco colaborativa ya que no acudió a la mayoría de las diligencias y viene dilatando el plazo de las investigaciones.

Este pedido de impedimento de salida del país se suma al que ha presentado la Fiscalía para casos de Lavado de Activos, quien solicitó una medida restringida por el plazo de 36 meses, al señalar que Boluarte podría fugar a Estados Unidos o pedir asilo en otros países. Este requerimiento se analizará mañana 15 de octubre en la Corte Superior Nacional.

En Diálogo con El Comercio, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, prefirió no pronunciarse para este informe y tampoco confirmar si se allanarán o no a los pedidos de impedimento de salida del país.

Señaló que, como abogado, “no es irresponsable” como otros colegas que a sus anchas anuncian su posición ante los medios de comunicación como si fueran jueces, por lo que indicó que su estrategia se conocerá el día de la audiencia.

“En suma, yo no anuncio una defensa, la ejecuto en el momento y en el foro que corresponde.”

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte

De acuerdo al documento, la Fiscalía de la Nación le atribuye tres hechos a Boluarte Zegarra vinculado a diversos correos electrónicos que le habría enviado el médico Mario Cabani, quien ha reconocido públicamente haber realizado cirugías estéticas a la vacada exmandataria.

La investigada se sometió a una cirugía estética a fines de julio del 2023 en la clínica del médico Mario Cabani. Ambos reconocieron la intervención médica, aunque Boluarte aseguró que fue por “salud”, mientras que Cabani señaló que también fue estética.

Por ello, un primer hecho atribuido a Boluarte se vincula a un correo electrónico que Cabani había enviado el 3 de agosto del 2023, denominado “Botox”, realizando algunos requerimientos.

El e-mail fue remitido por el médico a Patricia Muriano, entonces asistente personal de Boluarte Zegarra.

En un primer apartado, el correo electrónico solicitaba “para su amigo de Essalud” como primera opción cargos de gerencia de ofertas flexibles para poder ascender o en segundo lugar gerencias en la red 1 y 2 del Rebagliati.

De allí que la Fiscalía de la Nación relaciona este primer apartado con la designación de María Elena Aguilar del Águila como presidenta Ejecutiva de Essalud quien trabajó con la Clínica Cabani “de manera externa” y habría estado presente el día de la operación quirúrgica a la que se sometió Boluarte.

Cabe precisar que en anteriores oportunidades Aguilar del Águila ha negado haber tenido relación con la intervención de la mandataria.

En segundo hecho imputado en contra de Boluarte se refiere precisamente al segundo apartado del correo electrónico enviado por Cabani el 3 de agosto del 2023, adjuntando un curriculum para la designación en el área de Adulto Mayor y Poblaciones Vulnerables de Essalud y que habría estado relacionado a Natali Victoria Román Schmitt.

Según la Fiscalía de la Nación, la vacada expresidenta habría ofrecido interceder para la designación de Román Schmitt, hecho que se concretó el 9 de agosto del 2023 vía Resolución Ejecutiva N.o 711-PE-ESSALUD-2023 donde se le designó como Subgerente de Promoción Social y Otros Grupos Vulnerables, cargo de confianza en nivel ejecutivo 4 de la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestaciones Sociales de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad.

Obra la declaración de Natali Victoria Román Schmitt ante la Fiscalía de marzo del 2025, quien confirmó que conocía a Mario Cabani desde hace “veinte años” y lo unía un vínculo de “amistad”.

“De acuerdo con lo anterior, tenemos que mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.o 711-PE-ESSALUD, de fecha 09 de agosto de 2023, suscrita por el presidente ejecutivo de EsSalud César Oswaldo Linares Aguilar, se nombró a Natali Victoria Román Schmitt en el cargo de confianza de Subgerente de Promoción Social y Otros Grupos Vulnerables. coincidentemente seis días después del correo presuntamente remitido por Mario Cabani Ravello a Patricia Muriano Peralta [secretaria de Dina Boluarte Zegarra], donde le solicita [entre otros] la ‘sub gerencia de adulto mayor y poblaciones vulnerables’, lo que evidencia una presunta injerencia por parte de Dina Boluarte Zegarra en la designación de Natali Victoria Román Schmitt.”

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino

Finalmente, un tercer hecho se vincula a dos correos electrónicos enviados por el médico Cabani el 14 de setiembre de 2023, donde habría requerido que se den las facilidades para que se le pague la liquidación al otorrinolaringólogo Javier Ramón Sánchez e Ingunza (revelado por Willax), quien había renunciado a su puesto en el Hospital Rebagliati.

Sobre este punto y los anteriores, la fiscalía ha presentado la declaración Patricia Muriano quien ha confirmado haber recibido los correos electrónicos de parte de Mario Cabani y que se lo remitió al despacho presidencial y en otra oportunidad se lo informó verbalmente a Boluarte Zegarra, quien le respondió que lo iba a “conversar personalmente” con el médico.

“El primer correo es fecha 03 de agosto del 2023. Recuerdo haberle informado a la señora Boluarte verbalmente del correo que me remitió el doctor Mario Cabani y ella me dijo que lo iba a conversar con él personalmente. Le dije ‘el doctor me ha enviado un correo con una serie de nombres y cargos para que te lo dé’ y ella me comentó ‘ya lo voy a conversar con él cuando venga’.”

Patricia Muriano, exsecretaria de Dina Boluarte

Sobre este tercer hecho, el fiscal de la Nación interino señaló la presunción de que Boluarte Zegarra de forma “indebida” se habría interesado en que se concrete el pago de los beneficios sociales y/o liquidación que correspondía al otorrinolaringólogo -amigo del médico Mario Renato Cabani Raveiio-, a quien se había aceptado su renuncia como médico del Hospital Edgardo Rebagliati.

“En la presente investigación preliminar existen suficientes elementos de convicción que vinculan a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra con los hechos objeto de investigación”, señaló Gálvez Villegas en su requerimiento.

ANTE FISCALÍA DE LA NACIÓN

Actitud de la investigada en otros casos

1

Carpeta Fiscal Nro. 302-2024

En la cual se imputa a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra la presunta comisión del delito de Omisión, Demora o Rehusamiento de actos funcionales, al no haber adoptado las medidas necesarias para contrarrestar los incendios forestales ocurridos entre agosto y septiembre de 2024, junto a otros ministros.

"Conforme es de verse en la citada carpeta, la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra a través de su defensa técnica no ha concurrido en la mayoría de diligencias que se programaron en esta investigación compleja", señaló la Fiscalía de la Nación.

2

Carpeta Fiscal Nro. 159-2025

En la cual se imputa a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra la presunta comisión del delito de Negociación incompatible, por presuntamente haberse interesado de manera indebida en la adquisición de un equipo de magnetoterapia destinado a su recuperación post-quirúrgica tras cirugías estéticas a las que se habría sometido, contraviniendo los deberes de imparcialidad y probidad en el ejercicio de la función pública. 

"En esta carpeta fiscal, a través de su defensa técnica no ha participado en gran parte de las diligencias que se programaron en esta investigación", aseguro la Fiscalía de la Nación.

3

Carpeta Fiscal Nro. C.F. 214-2025

En la cual se imputa a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra la presunta comisión del delito de Falsedad genérica, por la presunta falsificación de firmas en resoluciones supremas emitidas entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, período durante el cual se habría encontrado médicamente incapacitada a raíz de cirugías estéticas a las que se habría sometido en la clínica Cabani. 

"En la precitada carpeta fiscal, la defensa técnica de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra ha venido realizando cuestionamientos en las diligencias programadas, dilatando con ello el plazo de investigación, como por ejemplo el cuestionamiento de la realización de la pericia grafotécnica dispuesta por este despacho fiscal", confirmó la Fiscalía de la Nación.

De acuerdo al requerimiento presentado por el fiscal Tomás Gálvez. el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo que se le atribuye tiene como pena privativa de libertad entre cuatro y seis años. Además, no existe ninguna circunstancia atenuante que pueda reducir la sanción penal.

Además, señaló que existe un “peligro de fuga” por parte de Boluarte Zegarra, que si bien presenta arraigo familiar y domiciliario, ello no es suficiente puesto que su presencia en el país es necesaria, a fin de que pueda rendir su declaración indagatoria en este caso, la misma que será programada de acuerdo a la agenda fiscal.

“En el presente caso consideramos, que la mejor forma de asegurar la comparecencia de la investigada Dina Ercilia Baluarte Zegarra a un eventual antejuicio y posterior proceso penal, es sometiéndola a un régimen de control dentro del país, de lo contrario generaría un entrampamiento de la administración de justicia, generando un menoscabo considerable para el eficaz ejercicio de la acción penal.”

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino

Además, Gálvez Villegas advirtió que el Congreso de la República aprobó su vacancia presidencial la madrugada del viernes, disponiéndose su destitución inmediata, por lo que Boluarte Zegarra ha dejado de ostentar el más alto cargo del Estado Peruano.

Por tanto, con la pérdida del cargo presidencial y la consecuente pérdida de prerrogativas y protección institucional modifican de manera determinante la situación personal y jurídica, colocándola en una posición en la que podría disponer libremente de su desplazamiento dentro o fuera del territorio nacional.

A ello se debe sumar que cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero o viajar a otros lugares del Perú para dificultar su ubicación y la presunción de que pueda optar por un asilo se refleja en los diferentes viajes y reuniones con los jefes de Estado de Brasil y Ecuador.

En ese sentido, alegó la Fiscalía de la Nación, de un análisis conjunto, se revela que la investigada mantiene “nexos con políticos y diplomáticos activos con gobiernos extranjeros, particularmente con Brasil y Ecuador”, donde existen sedes diplomáticas en Lima que podrían facilitar una eventual solicitud de asilo político o salida del país, aprovechando el contexto de crisis institucional generado por su destitución.

“De ello, se colige que la investigada carece actualmente de un arraigo laboral, funcional o político efectivo, y, por el contrario, cuenta con facilidades materiales y contactos internacionales que le permitirían abandonar el país o solicitar protección diplomática, lo cual configura un riesgo procesal concreto y grave de sustracción a la acción de la justicia.”

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino