¡Esas Juntas!, una crónica de Fernando Vivas sobre la crisis en el Ministerio Público

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Una hipótesis que explica la relativa indiferencia ante la JNJ es que la batalla campal entre Congreso, Ministerio Público, izquierda y derecha congresal a fines del 2023 para defenestrar a la Junta entera por haber permitido que Inés Tello ejerciera tras cumplir 75 años; fue tan extenuante que ya nadie quiere revivir el lío. El Congreso perdió varios rounds -por falta de votos y por intromisiones del PJ- tratando de inhabilitar a los siete que igual iban a ser removidos en el 2024. Les salió caro a los congresistas seguir la agenda de Patricia Benavides, quien era investigada por la JNJ y le era cuestión de vida o muerte defenestrarla. La bancada naranja, entre otras, vio difundidas algunas de sus miserias en el WhatsApp del ‘agente Roberto’. Por eso, hoy fujimoristas y otros enemigos de Delia Espinoza se solazan al verla contra las cuerdas; pero no hacen el ademán de cargar en hombros a Benavides. A pesar de todo, la bancada de Renovación Popular, liderada por el maximalismo de Alejandro Muñante, ha pedido a la Junta que apunte contra los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Más estratégicas, otras bancadas, se olvidan de Benavides y preparan proyectos de reforma del MP.

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Los enemigos de Espinoza son demasiados, como para que se arrepienta de haber formulado algunas denuncias nimias que le abrieron tantos frentes. Desde estos se repite un argumento contundente: “La ley puede gustar o no, pero se acata”. No hay una defensa ciega de la decisión de la JNJ, ni siquiera en el bando ‘anti caviar’. En su conferencia de prensa del martes, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, marcó distancia con la JNJ cuyo proceso le tocó organizar y del que no quiere sentirse ‘garante’. Lo dijo de esta forma: “De acuerdo al Art. 158 de la Constitución y 26 de su ley orgánica [de la JNJ], quien designa a la fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. Hoy debe reunirse y hoy debe dar una respuesta al país y sea cual sea su decisión, la Defensoría la respetará”. Constitucionalistas como Domingo García Belaúnde y Aníbal Quiroga, respetados por la derecha, también han dicho que la JNJ debió ordenar la reposición solo como fiscal suprema, pero la sentencia debe acatarse y luego recusarse. ¿Por qué, entonces, la JNJ fue tan lejos desoyendo a su miembro más experimentado? ¿Por qué Benavides se quema con la papa caliente si puede conciliar en ser suprema?

“Les salió caro a los congresistas seguir la agenda de Patricia Benavides (…) [Por eso los] enemigos de Delia Espinoza se solazan al verla contra las cuerdas; pero no hacen el ademán de cargar en hombros a Benavides”

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Justicia pasional

Ahora sí hemos puestos los reflectores sobre la JNJ y nos acercamos a saber qué estaba pasando en su seno. Francisco Távara, el único que se negó a participar en la sesión en que se acordó reponer a Benavides, ha dicho bastante: que el presidente Gino Ríos y la vicepresidenta María Teresa Cabrera manejan la JNJ y tiene dos incondicionales que los secundan, que el tema de Benavides fue forzado y que a él le hacen la vida imposible desde que se instaló la Junta, descartaron su autopostulación a presidirla y eligieron a Ríos. Desde entonces, es un disidente en temas de impacto político sensible, aunque suele coincidir en temas técnicos. Incluso, ha sido ponente de dos casos en los que recomendó archivar denuncias contra Benavides, confirmando que no es un ‘caviar’ anti Patricia.

Les puedo contar más porque me reuní con una fuente cercana la JNJ que conoce a los 7 miembros. Me dijo que los dos incondicionales a los que se refirió Távara son Víctor Hugo Chanduví y Cayo Galindo, que ayudan a convencer a los dos restantes, Germán Serkovic y Jaime de la Puente. Mi fuente me asegura que Cabrera suele pasar por encima de Ríos, a quien le faltaría carácter. El caso de Benavides lo manejó ella, pues dirige el área disciplinaria, y lo impuso al resignado presidente. De la Puente suele tener posiciones propias pero se pliega a la mayoría cambiando ostensiblemente su posición de entrada, ¡incluso si es autor del informe! El ex miembro Rafael Ruiz no era un incondicional y fue vacado tras revelarse que tenía una sentencia firme. Fue reemplazado por el aquiescente accesitario Galindo, lo que hace sospechar a mi fuente que la cúpula apuró y saludó esa posta.

Lo del acoso a Távara, según mi fuente, no es poca cosa. Ríos envió un oficio a la fiscalía solicitando información penal sobre él, y gracias a eso Távara se enteró de la pesquisa sobre su pasado. Lo caballeroso hubiera sido consultársela directamente. Cabrera habría hecho más pesquisas directamente con un denunciante de Távara, sin dejar las huellas que dejó Ríos. De allí que Távara insinuó sentirse ‘reglado’. El juez se irá en mayo del 2026 pues entonces cumplirá 75 años y ha prometido no resistirse como Inés Tello. Sin embargo, los ánimos están tan caldeados que estarían buscando su vacancia antes de que se vaya por mandato de la naturaleza. Le pregunté a mi fuente de dónde vendrían las posibles presiones e influencias a la JNJ, o si era cuestión de ideología ‘anti fiscalía caviar’, que provocó una resolución que marcará la vida de quienes la firmaron. Me respondió que una de las claves estaría en la Universidad San Martín de Porres y sus corrillos judiciales en los que la sed de desagravio a Alan García, víctima emblemática de la ‘fiscalía caviar’ de la que Espinoza sería una continuidad, está muy vigente. Como también lo está, y ellos no lo ocultan, para el líder aprista Del Castillo y para el abogado Humberto Abanto. Gino Ríos fue el jefe de su Instituto de Investigación Jurídica de la San Martín. El pasado enero, recién estrenado en la presidencia de la JNJ, pronunció el discurso central en la facultad del arranque del año en la facultad derecho. Con pompa, lo tituló: “La influencia del posmodernismo en la enseñanza del derecho”.

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En el frente del Ministerio Público, cunde la pica y la reacción emocional. “!Hoy yo no regreso a casa, no me van a sacar de acá!”, decía, gravísima, Delia Espinoza el lunes. Su siguiente aparición fue fantasmagórica, a la luz de las velas de una vigilia. Recién el miércoles por la tarde, la JFC, reunida en sesión permanente, publicó un ‘pronunciamiento’ que más parecía una ayuda memoria, sin el sustento jurídico que reclamaba el Defensor, salvo una línea en la que se subraya que son ellos quienes eligen al FN.

El gesto político estuvo muy por delante del alegato jurídico en la respuesta del Ministerio Público. La pasión ocupó el lugar de la argumentación. Sino, no se explica porqué, Espinoza, en entrevistas, ha dicho que está esperando que la JNJ le envíe un oficio con el acta de la votación. Es decir, si la JNJ cumple su pedido, ¿acata la resolución y deja la cancha libre a Benavides? Ello se contradice con la reacción inicial. La JNJ, ante tales dudas fiscales, se ha cerrado sobre su posición y el comunicado del viernes pide ser acatada sin dar más vueltas. Los abogados de Benavides, con ese aval, cambiaron a un tono conciliador para negociar la entrada de Benavides por la semana que le tocaría ser FN.

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Sucede que al inicio de la semana la sola idea de dejar entrar a Benavides para negociar era inadmisible para la estremecida junta de 4 fiscales supremos que han guerreado estas temporadas con los aliados de Benavides: doña Delia, la vigilante; Juan Carlos Villena, ex FN interino; Pablo Sánchez, ex FN en 3 ocasiones; y Zoraida Ávalos, ex FN que fue defenestrada por el Congreso, siguiendo, según investigación del Eficcop, un plan de Benavides, y luego repuesta por mandato del PJ. Era previsible que el cuarteto se cerraría sobre sí mismo en actitud bélica. Ya lo había hecho ante Tomás Gálvez quien, con mandato judicial y resolución del TC en mano que declara nula la destitución de la que fue objeto por la JNJ, pelea su reincorporación a la JFC. Para cerrar ese frente, Espinoza ya dijo que Gálvez volverá.

¿Por qué, entonces, Benavides fue por un objetivo efímero (recuerden que dejaría el cargo el 1 de julio), cuando podría negociar una fiscalía suprema en mejores términos? Mi respuesta provisional a la insistencia de Benavides es similar a la que tuve cuando se debatió el caso de Pedro Chávarry. Llegó a ser FN legítimamente, pero con mucha resistencia de sus críticos, que difundían cuestionamientos, aunque ninguno de ellos lapidario. Su mayor trasgresión fue posterior, cuando una colaboradora suya fue imputada de deslacrar una oficina que le habían allanado. Chávarry quiso amistarse con las distintas facciones del MP, promoviendo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Pero, acicateado por el bando ‘anti caviar’, expulsó a ambos. La guerra política en torno al MP lo usó de monigote y cobró su cabeza. Algo parecido sucede con Benavides. A través de ella, su defensa y sus simpatizantes políticos quieren ajustar cuentas con el MP que persiguió a Keiko Fujimori y Alan García.

Benavides es más difícil de defender que Chávarry. El bando que se cebó contra Chávarry es hoy menos influyente; pero los cargos que pesan sobre Benavides son mucho más gravosos. Jaime Villanueva abrió una caja de Pandora con denuncias de tráfico de influencias, canjes de votos y hasta corrupción pura y dura en compras del Ministerio Público. Sin embargo, las investigaciones preliminares convertidas en denuncias difícilmente pasan la valla de la SAC (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales). No hay un respaldo activo a Benavides pero el recuerdo de la ex aliada que ayudó a tumbarse a Pedro Castillo, es suficiente para un blindaje.

“Una de las claves estaría en la Universidad San Martín de Porres y sus corrillos judiciales en los que la sed de desagravio a Alan García, víctima emblemática de la ‘fiscalía caviar’, está muy vigente”

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Son los abogados, Humberto Abanto, Jorge del Castillo y Juan Peña, quienes más han alentado los gestos políticos de Benavides. Por ejemplo, haber ido el lunes al MP a buscar a Espinoza, a la misma hora en que recién el PJ oficiaba a la FN su resolución; fue temerario y provocó el atrincheramiento de Espinoza. Peña ha dicho que hay un plan para criminalizar a la defensa. Sería algo aberrante, pero tales son las pasiones movilizadas que no se puede descartar que le den la razón. Por ejemplo, el intento de Benavides de forzar su entrada el día lunes, escoltada por el par de agentes de seguridad del Estado que le corresponde por ley; generó suspicacias contra la PNP. El Mininter tuvo que emitir un comunicado críptico, marcando distancia con ambas fiscales. Igual, Espinoza puso un habeas corpus contra la PNP y una denuncia contra Benavides y su escolta, incluyendo una asistente de Del Castillo. Malas reacciones en todos los actores.

El gobierno de Boluarte goza como chancho al ver a Espinoza contra las cuerdas; pero tampoco puede abrazar a Benavides quien, cuando cayó en noviembre del 2023 tras las revelaciones del Eficcop, blandió, como defensa desesperada, una denuncia constitucional contra Boluarte por los muertos en las protestas. Joseph Campos, abogado de Boluarte en esa causa, opinando como constitucionalista, también ha dicho que la JNJ se ha excedido y no debió ordenar la reposición de Benavides como FN sino solo como suprema. El primer ministro Eduardo Arana, en la conferencia tras el consejo de ministros, guardó neutralidad.

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La oferta de un golpe a la fiscalía de la Nación, servido por la JNJ, ha sido tomada con pinzas por el Congreso (salvo el caso de Renovación Popular) y por el Ejecutivo , pues desconfían de Benavides. Pero sí ha alentado proyectos de reforma y ha golpeado a Espinoza y compañía, abriéndoles más frentes y generándoles insoportables dilemas entre abrir legítimas investigaciones contra la JNJ (el solo relato de Távara podría dar pie a una) y dejarla pasar para evitar conflicto de intereses. En realidad, Espinoza ya se habría tragado el dilema, pues anunció en entrevista en Canal N que evaluaba abrir una investigación. Las reacciones de Espinoza suelen ser autodestructivas, de ahí que golpearla es rentable para sus enemigos. En lugar de control de daños la FN ha negado estarlo y lanzó un plan de ataque contra quienes piensen distinto. La ‘interjudicialización de la política’ o peleas judiciales entre poderes del Estado -Gino Ríos podría llamarla un fenómeno del posmodernismo en el derecho- está a todo pulmón en el Perú.