Dina Boluarte: ¿qué impacto y futuro tendría en el Congreso el informe que recomienda evaluar su vacancia?

Con la presencia de solo dos congresistas en la mesa —uno de ellos, el presidente del grupo, Juan Burgos (Podemos Perú)—, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría su informe sobre el caso de las cirugías de la presidenta Dina Boluarte. El documento incluye, entre sus principales conclusiones, que habría infringido artículos de la Constitución y que el Legislativo debe evaluar la vacancia de la jefa del Estado.

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En total, fueron nueve votos a favor. Dos de ellos, de Burgos y de Carlos Zeballos (Bloque Democrático), los únicos dos legisladores presentes en el hemiciclo. Los otros siete, efectuaron su votación de manera virtual. Entre ellos, parlamentarios de Renovación Popular, Bancada Socialista y Perú Libre.

No hubo ningún voto en contra del informe, pero sí tres abstenciones. Estas últimas, de parte de Somos Perú, Alianza para el Progreso y del Bloque Magisterial. En tanto, ningún legislador de Fuerza Popular atendió ni al primer ni segundo llamado de votación.

En el informe aprobado por el grupo de trabajo se indica que “se ha podido determinar con un alto grado de certeza” que Boluarte se sometió los últimos días de junio de 2023 “a un conjunto de intervenciones principalmente estéticas”, contraria a la versión que dio Boluarte a fines del año pasado, cuando argumentó que fue “una intervención necesaria e imprescindible para mi salud”.

Las cartas notariales cursadas a la comisión por parte del médico Mario Cabani —quien no pudo declarar de manera personal— fueron claves en la indagación congresal. Ello pues confirma que la intervención duró 2 horas y 25 minutos, que se efectuó por un equipo médico interdisciplinario y que requirió no solo atención quirúrgica, sino también hospitalización.

De acuerdo con el informe, todo esto permite afirmar que hubo un “período de incapacidad temporal médica” y que se vio comprometida la continuidad presidencial, la atención de emergencias nacionales y la conducción general de la política del Estado, como dispone la Constitución.

El congresista Burgos Oliveros, presidente de la comisión, dijo que “nos encontramos frente a una situación de altísima gravedad institucional”, la cual afecta no solo la transparencia y la ética pública, “sino también el equilibrio de poderes y el respeto al orden constitucional”.

“La ausencia injustificada de la presidenta entre el 29 de junio al 9 de julio de 2023 por someterse a múltiples procedimientos quirúrgicos estéticos y funcionales, sin comunicación al Parlamento, configura un presunto abandono de funciones en contravención de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución”, refirió.

Burgos también explicó que se logró establecer que no existieron actividades oficiales por parte de la presidenta Boluarte desde su internamiento en la Clínica Cabani, efectuado el 28 de junio, hasta el 9 de julio.

“Durante ese período no se han registrado actos públicos, mensajes, reuniones ni presencia física de la mandataria, a excepción del 5 de julio en la que habría tenido una breve participación virtual, según informó el expremier Alberto Otárola, retomando a sus funciones oficiales el 10 de julio”, mencionó.

Según el informe, se evidenciaría entonces “un abandono de cargo sin justificación constitucional” producto de las cirugías, lo cual configuraría una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución. Y se apunta que, ante estos indicios, “correspondería evaluar la procedencia de una suspensión temporal de la mandataria” desde el Congreso, “hasta que se esclarezca su situación”. Pero, incluso, se va más allá.

En otra de sus conclusiones, se aborda también la supuesta incapacidad moral permanente de la mandataria, mencionando otros hechos independientemente de las cirugías. Por ejemplo, una violación a los derechos humanos, el Caso Rolex, el Caso Cofre, el otorgamiento del salvoconducto “exprés” a la sentenciada exprimera dama Nadine Heredia, entre otros varios hechos.

Se señala que ello “deslegitima el liderazgo presidencial y socava los fundamentos mismos de la institucionalidad democrática”. “En consecuencia, y conforme al artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política del Perú corresponde al Congreso evaluar y declarar la vacancia de la presidenta (...) por permanente incapacidad moral, a fin de restablecer el equilibrio de poderes”, se indicó en las conclusiones del informe aprobado.

En el propio documento, se disponen una serie de recomendaciones y acciones. Una de ellas, que se remita copias del informe al Ministerio Público para que evalúe el inicio de una investigación preliminar contra Boluarte por presunta omisión de funciones y falsedad ideológica. Además, se recomienda remitir copias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del mismo Congreso para que determine si Boluarte incurrió en una infracción a los artículos 113, 114, 115 y 118 de la Carta Magna.

Se recomienda también al pleno del Congreso evaluar el otorgamiento de facultades investigadoras al grupo para abocarse a este caso —se indica— sin limitaciones. Así como solicitar autorización para que el titular del grupo, Juan Burgos, exponga los hechos ante la máxima instancia del Legislativo.

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, precisó que el informe aprobado no es vinculante para las acciones que se puedan adoptar en sede fiscal o judicial. “Hace mucho tiempo que ya se definió que los informes que aprueba el Congreso y que son remitidos a la Fiscalía de la Nación no son vinculantes”, dijo en diálogo con El Comercio.

Y que comentó que, al no obtener facultades investigadoras, el informe podría entrar a discusión en el pleno por partes a raíz de las múltiples cuestiones que plantea. Por ejemplo, para evaluar si se le otorga las facultades requeridas.

Sin embargo, apuntó que el proceso de acusación constitucional y, sobre todo, una eventual vacancia presidencial, ya tienen procesos establecidos.

Justamente, el exoficial mayor César Delgado Guembes también remarcó que el informe no es vinculante. Y si bien podría iniciarse un proceso, incluso esto no obliga a que se proceda en un determinado sentido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o, incluso, el Ministerio Público.

“Los informes no tienen carácter vinculante. El órgano competente tendrá que ver si es que, a partir de las conclusiones y de los hechos detectados por la comisión existe o no mérito jurídico suficiente. Porque la Comisión de Fiscalización, por más exhaustiva que haya sido su investigación, no es un órgano propiamente jurisdiccional”, aseveró Delgado Guembes.

La discusión en torno al informe a nivel de la comisión fue superficial, como la misma votación. Únicamente dos legisladores intervinieron. Uno de ellos, cuestionó que, al no tener facultades de comisión investigadora, el grupo se haya abocado a este caso y dejado de abordar otros, como la fiscalización en el sector educación.

“La Fiscalía y el Poder Judicial vienen investigando todos los temas que usted ya ha tocado y dada la situación ellos tienen mayores elementos para poder hace una investigación más objetiva, imparcial. Pero, sin embargo, la Comisión de Fiscalización ha distraído tiempo valioso para fiscalizar”, expresó Jorge Marticorena (APP). Votó en abstención.

Aunque no es estrictamente vinculante, el informe de la Comisión de Fiscalización vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una vacancia presidencial.

Una de las dos mociones que vienen corriendo es promovida por el propio Burgos, quien adelantó más temprano que había reunido ya “alrededor de 20 firmas”. Se requieren 26 para ingresar una moción de esta naturaleza al pleno y 87 para aprobarla.

Esta posibilidad no es necesariamente secundada en Fuerza Popular ni en APP. A este Diario, el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo que “cualquier pedido de vacancia presidencial debe sustentarse en lo previsto expresamente por la Constitución” y que “cualquier otro tipo de hechos deberán ser respondidos por la señora Boluarte una vez deje de ser presidenta”.

“No se puede banalizar un mecanismo tan serio como la vacancia con argumentos que rozan el espectáculo y desvían la atención de los verdaderos problemas del país”, aseveró Torres.

También dijo que el informe aprobado, más allá de su contenido, deberá ser evaluado en su mérito. “No se trata de firmar por firmar, ni de sumar votos a la ligera. Fuerza Popular no respalda maniobras que busquen desestabilizar al gobierno sin una base sólida. Y tampoco vamos a prestarnos al uso del control político como si fuera cualquier cosa”, agregó.

Además…

Miguel Torres, subsecretario de Fuerza Popular:

Desde Fuerza Popular, reiteramos nuestro firme compromiso con la institucionalidad y el respeto irrestricto al marco constitucional. En ese sentido, consideramos que cualquier pedido de vacancia presidencial debe sustentarse en lo provisto expresamente por la constitución. Cualquier otro tipo de hechos deberán ser respondidos por la Sra. Boluarte una vez que deje de ser Presidenta de la República.  

Asimismo, consideramos que no se puede banalizar un mecanismo tan serio como la vacancia con argumentos que rozan el espectáculo y desvían la atención de los verdaderos problemas del país.

El informe aprobado hoy por la Comisión de Fiscalización, más allá de su contenido, deberá ser evaluado en su mérito jurídico y político. No se trata de firmar por firmar, ni de sumar votos a la ligera. Fuerza Popular no respalda maniobras que busquen desestabilizar al gobierno sin una base sólida. Y tampoco vamos a prestarnos al uso del control político como si fuera cualquier cosa.

Respecto a nuestra ausencia en la votación, fue una decisión de los congresistas y entiendo que su decisión fue no legitimar un proceso que estuvo marcado por un enfoque más mediático que técnico, como con el supuesto caso de la inexistente red de prostitución que tanto anunciaron y que se terminó desinflando porque solo era humo. 

La fiscalización debe ejercerse con responsabilidad, sin perder de vista que nuestra prioridad hoy debe ser enfrentar la inseguridad, la recesión económica y el abandono que sufren millones de peruanos.

El país merece seriedad. Y desde Fuerza Popular seguiremos actuando con responsabilidad, pensando primero en el Perú, no en el ruido político.

En caso de APP, el portavoz Alejandro Soto evitó adelantar la postura que asumirá su bancada en caso se debata una eventual vacancia presidencial.

“Resulta prematuro hablar de ese tema. Recién hoy [miércoles 18] se aprobó [el informe]. Es necesario revisar bien el caso, luego someterlo a decisión de bancada para adoptar acuerdos que, en el mejor de los casos, se verían en la siguiente legislatura; es decir, en agosto”, declaró a El Comercio. Aunque APP suele actuar como aliado del gobierno, Soto se mostró cauto.

Pero distinto escenario empieza a abrirse en el resto de las bancadas. En Podemos Perú, su dirigente, Aron Espinoza, confirmó que respaldarán la moción de vacancia que promueve Burgos de manera conjunta, al considerar que “hay elementos reveladores” que pesan contra Boluarte.

A su juicio, estos deben ser esclarecidos y, si bien puede que no hayan los 87 votos para la vacancia, sí los que se requieren para admitir a trámite y que se convoque a Boluarte.

“Entiendo que sí puede haber los votos para que la señora venga a explicar, porque sí los peruanos necesitamos que la señora [Boluarte] haga una aclaración sobre estos hechos contundentes, en esto estamos de acuerdo. Ya es el momento de que la señora venga [al Congreso]”, expresó Espinoza.

Desde Perú Libre, su vocero Flavio Cruz respaldó el informe aprobado en la Comisión de Fiscalización con su voto a favor. Consultado sobre si su bancada apoyaría la vacancia en el pleno, respondió: “Seguro que sí, al menos es mi postura personal”.

En tanto, Roberto Sánchez, portavoz de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, adelantó que su grupo votará a favor de la vacancia. “Votaremos a favor de un gobierno de transición que surja de la vacancia presidencial, nos dé la oportunidad de un gobierno de consenso nacional y un proceso electoral transparente”, señaló.

El congresista Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) también confirmó que su bancada apoyará en bloque la nueva moción que se viene alistado. “Hemos tenido una reunión y sí vamos a apoyar la vacancia porque existen las suficientes evidencias de la permanente incapacidad moral en la que está cayendo la presidenta y el día de hoy ya he firmado”, comentó.

“Los cinco integrantes de la bancada ya hemos firmado esa moción [de Burgos]”, expresó, por su parte, Jaime Quito, portavoz de la Bancada Socialista.

Solo entre Podemos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú - VP, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista habría, al menos, 43 votos. A ello se puede sumar votos de otras bancadas y no agrupados.

Si bien aún no se alcanzan los 87 votos, sí es posible que se puedan lograr los 52 que se requieren para que la moción sea admitida a trámite. De ocurrir ello, Boluarte tendrá que acudir al pleno del Congreso. Aunque eso recién podría verse a partir de la próxima legislatura.

Además…

"No tiene valor"

Desde el Gobierno se pronunció el primer ministro Eduardo Arana, quien afirmó que el informe “no tiene valor en la esfera judicial”.

“Hay que entender que esta comisión no tiene facultades de comisión investigadora y por lo tanto, sus recomendaciones también no tienen valor en la esfera judicial, no son vinculantes”, expresó en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

“El hecho de, por ejemplo, poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación estos hechos para que actúe tiene en la práctica un valor nulo porque la fiscalía ya ha presentado una denuncia”,añadió.

Sin embargo, dijo que se trata de una comisión política, cuyas decisiones siempre serán políticas.

La Comisión de Fiscalización también aprobó en su sesión de este miércoles otro informe referido al caso de la presunta red de prostitución del Congreso. Fueron siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones los que se alcanzó este documento.

Se señala que “no se ha evidenciado la existencia” de dicha red, pero sí “un festín de contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista”.

Durante la sesión, el congresista Burgos negó estar retractándose de sus afirmaciones (anteriormente, había dejado entrever que se había intercambiado favores sexuales a cambio de votos), pero agregó que “ha habido una conducta obstruccionista” en la indagación que se efectuó desde el grupo de trabajo.

“No me estoy retractando de lo que dije, porque ha habido una conducta obstruccionista dentro de esta gestión”, aseveró. También dijo que al no haberse otorgado facultades de comisión investigadora “no pudimos ahondar más”.