Fuga de Silva se facilitó por “acciones ineficaces de inteligencia” de la policía

Unidad de Investigación

En un informe de la Fiscalía de la Nación se comprueba que la Policía Nacional del Perú, a través de su Dirección contra la Corrupción, no cumplió la labor de videovigilancia al exministro Juan Silva, lo que generó que este no pudiera ser ubicado y, a la postre, se fugara.

El extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es investigado por ser parte de una presunta red criminal que operaba en su gestión.

En los últimos días, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, afirmó que la policía no hizo un seguimiento a Silva porque no era parte del proceso de videovigilancia solicitado por la fiscalía. Asimismo, el jefe de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, el general Freddy López Mendoza, afirmó el 12 de este mes que no hubo “ninguna descoordinación entre el Ministerio Público y el órgano de inteligencia”, sino que desde el 27 de mayo, día que se emitió la disposición fiscal de la videovigilancia, la coordinación “ha sido fluida para dar cumplimiento a la medida”.

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Sin embargo, un informe que el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, remitió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, detalla el papel policial con relación a la videovigilancia.

En el documento, con fecha 10 de junio, se adjuntan reportes de visitas, comunicaciones vía WhatsApp y oficios reservados.

En este, Rojas le explica a Sánchez que por la indagación preliminar de su despacho a Silva, el 27 de mayo recibió al jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, coronel Enrique Huasasquiche López, y al comandante PNP Vladimir Bellota Rojas para dialogar sobre la videovigilancia.

En la reunión, los oficiales le indicaron que “estaban en condiciones de asumir la ejecución de la medida” y que la parte operativa iban a realizarla en coordinación con la División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la policía. La disposición de videovigilancia, que era por un plazo de 30 días, se emitió el mismo día. Como se había acordado, se estableció que fuera ejecutada por la División de Contrainteligencia de la Dirin y la Dircocor.

El oficio del fiscal Rojas señala que, desde que se dio la disposición, mantuvo comunicación con Huasasquiche para solicitarle información sobre los lugares donde el exministro estaba y por los que se desplazaba.

No obstante, advierte que en todas las respuestas de la policía “se nos informaba que no lo tenían ubicado físicamente, pero que estaban realizando un seguimiento digital al objetivo”, el cual “era un procedimiento de inteligencia”.

Para Rojas, “la limitante de este procedimiento de inteligencia radicaba en la inexactitud de la información sobre la ubicación real” del exministro, ya que “el nivel de precisión se restringía, como se nos señalaba, a un rango de ocho manzanas”.

El fiscal menciona que al no recibir un informe escrito sobre el resultado de la videovigilancia –así como por la decisión de pedir la detención preliminar de Silva–, el 3 de junio se requirió “verbalmente a la autoridad policial” que presente un informe sobre la videovigilancia.

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Al día siguiente llegó el oficio policial, pero en aquel solo se reportaron acciones de verificación de inmuebles con fotos del 3 y 4 de junio, a pesar de que la videovigilancia se estableció el 27 de mayo.

Rojas resalta en su oficio una mención del documento policial: “Hasta la culminación de las presentes diligencias, no se ha advertido la presencia física del investigado”.

Frente a estas circunstancias, Rojas considera “acciones de inteligencia ineficaces” que complicaban un pedido de allanamiento de inmuebles de Silva, el 4 de junio la fiscalía solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del extitular del MTC. Ese mismo día, el juez supremo Juan Carlos Checkley acogió la solicitud y ordenó que se le detenga.

Como una medida adicional, la fiscalía planificó citar al exministro para el 6 de junio con el objetivo de que ampliara su declaración sobre la investigación, pero con “la expectativa real de lograr la orden de detención preliminar”.

Ante la ausencia de Silva, el fiscal Rojas explicó que para la misma fecha citó a su despacho al coronel Huasasquiche, con el fin de informarle sobre la detención de Silva.

Agregó que ese día, al no recibir información de la videovigilancia, “se requirió por escrito que se informe detalladamente sobre la ejecución de la medida”.

Las últimas veces que a Silva se le vio públicamente fueron el 24 de mayo, cuando asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, y el 1 de junio, en la entrevista presencial con radio Exitosa. Además, el 6 de este mes solicitó que le retiraran el resguardo policial que le correspondía como exministro. Según el documento, el fiscal Rojas señala que no fue informado al respecto por la Dircocor, que “supuestamente se encontraba realizando labores de videovigilancia”. Añadió que se enteró del requerimiento de Silva a través de información pública.

El 7 de junio, el despacho del fiscal de la Nación formalizó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la orden de ubicación y captura de Silva debido a que la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dircocor “se encontraba en imposibilidad operativa” de cumplir la orden de detención del Poder Judicial.

En su oficio, el fiscal Rojas también recalca que desde que se iniciaron las coordinaciones con la policía, “era evidente que se podían suscitar circunstancias que podrían afectar la efectividad de los actos de investigación y de aseguramiento procesal”, en referencia a los implicados, como el exministro Silva y el presidente Pedro Castillo, “quien funcionalmente es el jefe supremo de las fuerzas policiales”.

Por esta razón, Rojas indica que “se decidió compartimentar la información que se suministraba a la autoridad policial, limitando su acceso” y dándole responsabilidades concretas, pero estas “no fueron debidamente cumplidas”.

Coordinaciones entre la Fiscalía y la Policía Nacional

Secuencia de hechos que antecedieron la huida de Juan Silva

1

Mayo, 2022

Viernes 27

El exministro Juan Silva declara ante la Fiscalía de la Nación.

2

El fiscal supremo adjunto Samuel Rojas se reúne con el coronel PNP Enrique Huasasquiche y el comandante Vladimir Bellota, de la Dircocor (11:10 a.m.-12:01 p.m.).

3

Se emite la disposición que ordena la videovigilancia a Juan Silva por 30 días. La Dirección de Inteligencia y la Dircocor son las encargadas de ejecutar la medida.

4

Por la noche, el fiscal Samuel Rojas remite la disposición al coronel PNP Enrique Huasasquiche, vía WhatsApp.

5

Junio, 2022

Viernes 3

La Fiscalía de la Nación solicita verbalmente a la PNP un informe sobre los avances de la videovigilancia al exministro Silva.

6

Sábado 4

La fiscalía recibe un oficio de la Dircocor en el que se reconoce que Silva no estaba ubicado.

7

 El juez supremo Juan Checkley dicta detención preliminar contra el exministro Juan Silva a pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez..

8

Lunes 6

La fiscalía cita a Juan Silva para rendir su declaración ampliatoria.

9

 El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la fiscalía convoca al jefe de la Dircocor para ejecutar la detención de Silva.

10

El Ministerio Público pide por escrito a la PNP un informe sobre las acciones de videovigilancia de los últimos siete días.

11

El exministro Silva solicita el retiro del servicio de resguardo policial, medida que no fue informada a la fiscalía.

12

Martes 7

La fiscalía solicita al Poder Judicial que se ordene la captura internacional de Juan Silva.

Más datos

• En el oficio enviado por la PNP a la fiscalía el 4 de junio, se indicó que no se logró ubicar a Juan Silva. Sin embargo, el 1 de junio el extitular de Transportes se presentó en diferentes medios de comunicación.
• Juan Silva se encuentra en la lista de los más buscados del Ministerio de Interior. Por información sobre su paradero se ofrece una recompensa de S/50 mil.