Trece sedes judiciales en seis regiones fueron atacadas durante protestas: ¿hay una estrategia detrás de estos actos?

Al menos 13 sedes del Poder Judicial (PJ) han sido atacadas desde que se iniciaron las protestas posteriores al golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta. El más reciente fue en Macusani, Carabaya (Puno), donde en esa misma jornada se registró la muerte de una ciudadana por el impacto de un proyectil de arma de fuego.

Según un reporte del Poder Judicial, al que accedió El Comercio, el primero fue el 10 de diciembre, cuando vándalos incendiaron la sede principal de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Ayacucho, en Huamanga, así como la sede El Progreso.

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Tres días después se registraron los incendios de las sedes centrales de la CSJ de Huancavelica y de Apurímac; además de la sede Pedregal de la CSJ de Arequipa.

El 17 de diciembre, la sede principal de la CSJ del Cusco fue atacada con piedras. Los mismo ocurrió en la sede Yunguyo de la CSJ de Puno.

Los ataques, nuevamente en regiones del sur del país, se reanudaron la semana pasada. El 9 de enero, manifestantes incendiaron la sede Ilave-Collao y lanzaron piedras contra la sede principal de la CSJ de Puno.

Al día siguiente, incendiaron la sede Lircay-Angaraes de la CSJ de Huancavelica; y se lanzaron piedras contra las sedes del Módulo Básico de Justicia y la sede de la Sala Penal y Mixta de la CSJ de Apurímac, así como la sede Chucuito-Juli, nuevamente de la CSJ de Puno.

Con respecto al ataque del miércoles, el PJ reportó el incendio de la sede, la destrucción del segundo piso con expedientes judiciales, muebles y equipos de cómputo.

En suma, fueron afectados un juzgado de paz letrado y de investigación preparatoria y un juzgado unipersonal. Según indicaron, los agresores ingresaron al lugar violentamente ante la escasa presencia policial.

Ese mismo día también se reportó que vándalos incendiaron una comisaría y vehículos policiales en Macusani. Previamente, se registraron ataques a comisarías en Andahuaylas, Chinchero, Arequipa, Tacna y Huamanga.

Javier Arévalo, presidente del PJ, dijo que estos ataques habría un “interés de querer destruir algo, posiblemente los documentos”. “Las justas protestas del pueblo de ninguna manera pueden llevar a quemar expedientes judiciales”, declaró a TV Perú.

Para el exministro del Interior Rubén Vargas, hay “un patrón sistemático de ataques” contra instituciones vinculadas a la administración de justicia y persecución del delito. “No es una cuestión que se decida al azar, en el calor de una marcha: son ataques absolutamente premeditados […] Lo importante es la connotación de esta violencia extrema con fines políticos”, dijo.

Por otro lado, cuestionó que la PNP no haya podido contener estos ataques con efectividad. “Claramente, indica que hay un serio problema de todo el sistema de inteligencia nacional. Estamos hablando de un grupo de regiones con un mismo modus operandi desde hace un mes atrás”, comentó.

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, comentó: “Una cosa es protestar y hacer destrozos en tu camino, y otra es tener puntos específicos de ataque. Esto ya parece ser una situación orquestada y con un fin específico, creo, de eliminar medios probatorios”.

Recordó las evidencias de vínculos de la minería ilegal y el narcotráfico con algunos de los sectores de las protestas, los cuales “tienen intereses de perjudicar las investigaciones y los procesos. No se entiende de otra manera que se quemen expedientes”.

Indicó que quienes impulsan estos ataques pueden aprovechar el descontento que puede tener la ciudadanía con el sistema judicial, pero que “la quema del documento de un proceso no es parte de una protesta”.

“Ellos son conscientes de que si queman van a desaparecer los expedientes […] Eso conlleva a que se pueda dar prescripciones, que se tengan que romper juicios. Las consecuencias en los procesos son graves”, explicó.

El exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés comentó que detrás de estos hechos se mezclan “ciudadanía indignada, gente con orientación muy violenta y gente que desea sacar provecho de una situación de inestabilidad, y a su vez vándalos asociados a criminalidad común”.

“Hay una suerte de coordinación espontánea sobre la base de que cada cual quiere satisfacer sus intereses […] Por el lado de quienes quieren sacar provecho, veo cierto nivel de coordinación y un interés en incrementar la escalada de violencia”, añadió.

En lo relacionado a los ataques a comisarías y aeropuertos registrados desde el 7 de diciembre, Valdés indicó que detrás de estos se puede encontrar un interés de sectores que buscan incrementar la violencia con fines políticos.

“Un aeropuerto es un activo crítico estratégico. Puedo evacuar heridos, traer delegaciones, acercar al Gobierno, traer más policías, más fuerzas armadas. Es fundamental protegerlo por esa razón […] Aislar una ciudad supone beneficios para quienes manejan la violencia en una zona”.

Vargas recordó que más de la mitad de las muertes vinculadas a las protestas están vinculadas a intentos de tomar aeropuertos o comisarías. “Ese es el patrón: generar situaciones de extrema tensión para producir muertos. Con esto no estoy diciendo que no haya responsables por usar las armas de manera indebida”, dijo.

Indicó que las investigaciones en torno al uso excesivo o inadecuado de la fuerza de parte de los efectivos del orden deben complementarse con indagaciones sobre quiénes planificaron estos ataques.