“A nivel del Ejecutivo no se va a insistir [con la asamblea constituyente]”

— Si la Universidad César Vallejo (UCV) confirma que el presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes incurrieron en plagio en su tesis de maestría, ¿ellos deberían renunciar al grado?

La Universidad César Vallejo es una instancia administrativa privada que podría decidir eso [quitarles el título], pero obviamente los interesados, y no me refiero solo al presidente y a su señora, sino a todos los de esa promoción, que han pasado una tesis con ese comité evaluador, tendrían que estar en la misma situación. Esto pondría en perjuicio a la calidad educativa de dicha institución y estas personas [los estudiantes] podrían actuar para salvaguardar su derecho académico en otra instancia, que sería la judicial. Si la universidad determina ello [que hubo plagio], ellos, digamos, pueden apelar para salvaguardar su grado académico, tienen derecho a defenderse.

— Usted ha responsabilizado a la UCV por no haber filtrado el trabajo de investigación de Castillo, pero fue él quien finalmente toma las ideas de otros y no cita. ¿Cuál es la responsabilidad del jefe de Estado?

No he responsabilizado a la universidad, lo que he manifestado es el hecho de que de una u otra forma el alumno cuando está llevando una maestría paga un derecho, eres un consumidor de la educación, pagas para que te revisen tu trabajo, tu tesis. Entonces, la universidad tiene que hacer un trabajo de investigación sobre a quiénes contrató para que revisen estos trabajos. Hay un campo de investigación muy amplio, que definitivamente tiene que seguir un curso, ahorita anticipar un juicio o juzgar es demasiado prematuro.

Lee también: Testigo en caso de sobrinos de Pedro Castillo salió del país: ¿Cómo afectaría la investigación?

— ¿Usted ha hecho una tesis?

Sí, yo tengo estudios de pregrado y postgrado, claro [que he hecho tesis].

— ¿Ha citado correctamente a las fuentes?

Sí, tengo mi tesis, es de hace ocho años, y yo entiendo que he seguido toda la metodología que me dieron en clase. Estas metodologías no contaban con los instrumentos que se tienen hoy en día.

— Entonces, ¿por qué el presidente no tendría que hacerlo, como lo hizo usted y otros estudiantes?

Te lo digo, porque dentro del marco de la autonomía universitaria, cada universidad marca sus reglamentos, sus propias pautas para que los alumnos puedan presentar sus trabajos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la universidad A no tiene la misma metodología para presentar una tesis que la universidad B, C o D. No es algo que esté estandarizado…

— Desde primer ciclo de pregrado se enseña que se debe citar, poner pie de página, es un elemento universal…

Pero volvemos a lo mismo, si un alumno tiene una deficiencia o un error, para eso paga un derecho para que el comité evaluador le pueda hacer las observaciones del caso. ¿Para qué existe un comité evaluador de la tesis? ¿Solo para que la universidad cobre por un derecho que no te va a servir para nada?

Lee también: Vladimir Cerrón: califican de antidemocrática su amenaza de cambio de la Constitución por “vía no pacífica”

— La UCV tendrá que asumir su responsabilidad, insisto, cuál es la de Castillo. Él es el autor de la tesis, en ese tiempo ya era profesor y debía saber lo que es una cita.

Estamos ya juzgando y esto todavía está en investigación. Qué pasa si la universidad dice que el alumno siguió la metodología que tenían en el 2012, de pronto de manera deficiente, pero la siguió. La investigación tiene que seguir su curso, no podemos juzgar, decir que existe falta o delito, esperemos qué es lo que dice la universidad.

— A Castillo y Paredes también se les cuestiona porque dos de las tres personas que validaron sus instrumentos de investigación no existen en el Reniec. Además, el presidente registró al profesor Gerardo Gaitán como su asesor, pero este ha salido a decir que nunca lo fue…

En cuanto a las personas que no existen en el Reniec, obviamente entra en el marco de la investigación, de pronto puede tratarse de un error en la consignación o una mala redacción de los apellidos, qué se yo. Ya el Ministerio Público ha abierto una investigación sobre el caso.

Respecto al asesor, justamente, algunas universidades permiten que se consigne como asesor a los profesores de seminario de investigación o como se llame el curso.

— En ese contexto, Castillo debió al menos preguntarle a Gaitán si podía usar su nombre. Esta persona refiere que no brindó asesoría al presidente…

Bueno, en todo caso, quien debió poner las reglas claras era la universidad, el comité evaluador tenía que ver si esta persona [Gaitán] estaba o no facultada para ser considerada como asesor. Es la misma casa de estudios la que tiene que revisar sus propios procedimientos administrativos internos. Hay que dejar que las investigaciones sigan su curso sin juzgar de manera anticipada.

Lee también: Karelim López confirma ante comisión los nombres de los seis congresistas de AP conocidos como ‘Los Niños’

— El Congreso interpelará el jueves a tres integrantes del Gabinete Ministerial, entre ellos al primer ministro, Aníbal Torres. ¿En el Ejecutivo han contemplado un escenario donde se dé la censura de este?

Es un escenario que se puede presentar siempre. Definitivamente, hay que esperar cuál va a ser la actuación del Congreso, esperamos que sea una actuación democrática que nos permita seguir trabajando. Pero también hay otro escenario, donde ellos pueden censurar. Esto es algo que le corresponde evaluar al presidente Castillo y estoy seguro que él ya debe tener sobre la carpeta todas las opciones posibles. El Congreso muchas veces es impredecible.

— ¿Una censura a Torres profundizaría la crisis?

Lo que queda acá es que el Ejecutivo se encuentre con el Congreso a nivel de consensos, una censura al Gabinete de Aníbal Torres lo que va a hacer es ahondar la crisis y paralizar el trabajo que venimos realizando para darle tranquilidad al país.

— ¿El presidente Castillo le ha ofrecido, en algún momento, ser primer ministro? ¿O lo han conversado como una posibilidad a futuro? ¿En lo personal, usted aceptaría?

No [me lo han propuesto], te soy sincero, el presidente está trabajando de manera firme y constante con el primer ministro Torres, conmigo no se ha conversado sobre ello. Yo tengo que respetar las instancias, en estos momentos tenemos un jefe de Gabinete que está trabajando dentro de una agenda que le ha marcado el presidente y una política de gobierno que fue aprobada por el Congreso.

Yo estoy tranquilo despachando desde mi cartera, hoy he cumplido 100 días en el Ministerio de Cultura. Torres viene haciendo un buen trabajo y sobre la base de ello ojalá que la confianza le duré mucho tiempo y pueda resistir, porque ese cargo es sumamente duro.

— ¿No cree necesaria una renovación del Gabinete para superar la crisis?

Esa es una facultad del presidente, yo no podría tomarme la atribución de decir que se necesita un cambio de Gabinete o no, porque quién evalúa a los ministros es el jefe de Estado. Lo que nos queda claro a cada uno de nosotros como ministros es dar lo mejor que podamos para servir al país.

Lee también: Raúl Diez Canseco: “[A Los Niños] ya los hubiera expulsado de Acción Popular” | Entrevista

— El presidente Castillo ha adelantado que observará la norma aprobada por el Congreso que debilita a la Sunedu, pero por qué el Ejecutivo no ha ejercido una defensa de esta institución antes. ¿No hubo un silencio prolongado y hasta cómplice?

No, porque el Congreso tiene sus propios fueros, maneja su propio reglamento, sus proyectos de ley, sus comisiones, ellos tienen su autonomía. Entonces si el Congreso hubiese querido seguir avanzando, por más que el Ejecutivo se contraponga, se hubiera llegado al mismo camino, que es esta ley que ha sido aprobada. El presidente ha manifestado que va a observar el proyecto y sobre la base de esas condiciones esperamos que el Parlamento realice las correcciones.

— Si el Congreso promulga la norma por insistencia, ¿el Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el TC?

Yo considero que es lo que correspondería, es una opinión personal. También otros actores, inclusive la sociedad civil podrían actuar.

— ¿El Ejecutivo acepta la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de mandar al archivo el proyecto sobre la asamblea constituyente? ¿Insistirán?

No, el Ejecutivo respeta el trabajo del Congreso en cuanto a la independencia de poderes. Nosotros hemos presentado un proyecto, el Congreso ha decidido archivarlo, puede haber otros congresistas que dentro de sus facultades y autonomía puedan seguir avanzando con el tema. A nivel del Ejecutivo no se va a insistir con ello [la asamblea constituyente], porque ya hemos presentado el proyecto y ha sido archivado.

— ¿Es un tema cerrado?

A nivel del Ejecutivo, por el momento, sí.

— El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha amenazado con un cambio de Constitución por una “vía no pacífica”. ¿El gobierno avala esta postura? ¿Este es el plan B?

No, el gobierno no tienen ningún plan B, lo que entiendo yo que se ha querido manifestar es que en diversas protestas que hubo a nivel nacional, una de ellas en Huancayo, donde se dio un desborde de la ciudadanía, una de las demandas cuando fuimos a instalar la mesa de diálogo fue justamente el cambio de Constitución. Pero ningún tipo de protesta que lleve a la violencia, sea cual sea la agenda, la demanda, va a ser justificada. Siempre [apostaremos] por el diálogo, la democracia, y la concertación. Para el gobierno, no hay un plan B ni un aval a un acto de violencia.

Lee también: Cuatro congresistas de Perú Libre presentaron sus renuncias a la bancada de manera irrevocable

— Usted ha señalado que el presidente Castillo está a favor de que lo investigue. Si el nuevo fiscal de la Nación decide dejar sin efecto la suspensión de las pesquisas por los contratos en el Provías Descentralizado y Petro-Perú y por los ascensos en las FF.AA. y la Policía, ¿el mandatario se allanará?

Él [Castillo] lo ha dicho, él lo ha manifestado, no es necesario que yo lo diga, él ha dicho que está dispuesto a que las investigaciones puedan seguir su curso, él ha dicho que es el más interesado en que se le investigue y lo remarcó en el Congreso.

— Eduardo Pachas, abogado del presidente, ha indicado que si el fiscal Sánchez hace eso estaría incurriendo en prevaricato. ¿Cuál es la postura final?

Lo que pasa es que yo te estoy respondiendo desde el punto de vista político en virtud a las declaraciones del presidente. [Pachas] como abogado tiene su esquema de defensa, un marco jurídico al que yo no puedo ingresar, estas preguntas la debe responder el mismo abogado [del presidente].

— El Congreso ha elegido a un nuevo Tribunal Constitucional con tendencia de derecha conservadora y en una sesión en la que no se permitió el debate. ¿El gobierno respalda esta renovación?

Lo que pasa es que no es competencia del Poder Ejecutivo, escapa a las competencias constitucionales del Ejecutivo, no es tanto estar conforme o no, sino que hay que respetar el fuero del Congreso, ellos han querido elegir a esos tribunos, y simplemente la Constitución avala eso. Lo que queda ahora es seguir adelante y ojalá que este Tribunal Constitucional tenga un mejor funcionamiento dentro del marco de control constitucional que necesita nuestro país.

— Si el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso continúa, ¿usted ve viable la propuesta de “se vayan todos? ¿Es una salida a la crisis política?

No, yo no lo veo así. Yo creo que los procesos democráticos tienen que respetarse. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han sido electos por cinco años. Quienes dicen “que se vayan todos”, son voces externas, interesadas seguramente en volver a participar en política con la mayor rapidez del caso, sin explicarnos qué es lo que viene después de que se vayan todos.

No existe una reforma política en el Congreso que nos permita o nos asegure que vamos a tener un mejor Congreso en un corto plazo. La solución para mí está en que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se encuentren en un consenso y lleguen a un acuerdo de gobernabilidad que permita garantizarle al país una transición democrática responsable, con mejores postulantes políticos para el 2026. La solución no es que se vayan todos, los que plantean eso son voces muy simplistas.

— A finales de marzo el presidente Castillo anunció que convocaría al Acuerdo Nacional, ha pasado casi un mes y medio y no lo ha hecho. ¿Por qué?

Debe ser un tema de agenda. El presidente está viajando muchísimo, no solamente él, sino también nosotros, los ministros lo estamos acompañando. Yo he conversado con él tiene en agenda la convocatoria. El punto es encontrar el momento exacto, pero si él sí le da importancia al Acuerdo Nacional y está en su agenda la convocatoria, entiendo que debe ser en estos próximos días o semanas próximas.

Lee también: Congreso: cuotas partidarias, candidatos en campaña, exparlamentarios y otros detalles de la planilla de trabajadores bajo la gestión de María del Carmen Alva

— El Ministerio de Cultura fue alertado sobre un posible derrumbe de Kuélap, pero no se adoptaron medidas hasta que finalmente sucedió. ¿Qué autocrítica tiene sobre este hecho?

A los nueve días de asumir la gestión, dispongo que el Viceministerio de Patrimonio Cultural declare en emergencia [a Kuélap] en virtud a los documentos que había visto. En realidad, lo de Kuélap viene siendo alertado desde el 2013, se le ha sobreexplotado desde el punto de vista turístico, han ido parchándolo por cada sector que se iba debilitando, Kuélap necesitaba una intervención integral que no se hizo.

Nosotros tenemos 25 mil centros arqueológicos identificados en el país, de estos, solo 2.500 están declarados y 250 saneados. El trabajo que se ha hecho en el sector Cultura en otras gestiones ha sido muy deficiente. Kuélap es un ejemplo de lo que no se puede seguir haciendo. Se ha caído por el descuido de gestiones anteriores, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, asumimos el pasivo.

— ¿No teme ser recordado como el ministro de Cultura al que se le derrumbó Kuélap?

No, en absoluto, bajo ninguna circunstancia, porque al ministro Salas no se le derrumbó Kuélap, se derrumbó por la desidia de otros funcionarios que estuvieron alertados sobre esta situación, y a los que he puesto a disposición de contraloría.

— El Ministerio de Salud, en coordinación con su cartera, ha aplicado más de 1′127.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los pueblos originarios. ¿En términos de porcentajes, a cuánto corresponde de esta población? ¿Cuántos faltan?

Alcanza un 60% de los integrantes [de los pueblos originarios] que tenemos empadronada e identificada, nos falta un 40% y estamos trabajando de manera ardua. La región más difícil de poder acceder ha sido Madre de Dios, donde hay bastante resistencia, a la vacuna, pero estamos poniendo el doble de esfuerzo para poder llegar a ellos y estamos seguros de que lo vamos a lograr.