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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
La decisión fue tomada con los votos de los congresistas Percy Alcalá (Fuerza Popular), Marco Arana (Frente Amplio), César Vásquez (Alianza para el Progreso) y Oracio Pacori (Nuevo Perú). Solo el legislador Sergio Dávila (Peruanos por el Kambio) se manifestó en contra, mientras que Karina Beteta (Fuerza Popular) y Javier Velásquez (Apra) votaron en abstención.
La denuncia contra Giuffra, presentada en agosto pasado, es por presuntamente ofrecer prebendas a congresistas para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, tal como aseguró la bancada de Fuerza Popular en marzo del 2018.
Durante el debate de este caso, Sergio Dávila señaló que en ninguno de los audios grabados por el congresista Moisés Mamani, que sirvieron para sustentar la denuncia, se escucha a Giuffra ofreciendo obras a cambio de votos.
En la misma línea, Javier Velásquez señaló que no hay ningún elemento que pueda vincular al ex ministro con los delitos por los que se lo acusa.
El congresista aprista agregó que entre Giuffra y los entonces legisladores en funciones Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez hubo solo negociaciones políticas.
Sin embargo, los votos inclinaron la balanza a favor de investigar al ex ministro de Kuczynski.
Esta decisión será notificada a la Comisión Permanente, encargada de autorizarle un plazo máximo de 15 días hábiles para que se investigue el caso.
El Comercio buscó obtener una declaración de Giuffra, pero hasta el cierre de esta edición no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
—Caso de Hinostroza—
En otro momento, la subcomisión decidió devolver al Ministerio Público la denuncia que realizó el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el ex juez César Hinostroza y ex integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros.
Con la medida se busca que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, haga suya la denuncia y la vuelva a presentar al Congreso en un plazo máximo de tres días, para así cumplir lo estipulado en el reglamento del Parlamento, explicaron los integrantes de la subcomisión.
Esa decisión se tomó mediante una cuestión previa presentada por el congresista Sergio Dávila, con la que evitó que se sometiera a votación el informe que recomendaba declarar improcedente la denuncia.
El informe se amparaba en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Este señala que solo congresistas, el fiscal de la Nación o una persona directamente agraviada pueden presentar una denuncia constitucional contra altos funcionarios del Estado.
Pero cuando el fiscal supremo Pablo Sánchez presentó la denuncia contra Hinostroza y los ex consejeros, el 29 de agosto del 2018, el cargo de fiscal de la Nación lo ostentaba Pedro Chávarry.
La cuestión previa fue aprobada con los votos de Sergio Dávila, Javier Velásquez, Marco Arana, César Vásquez, Percy Alcalá y Oracio Pacori. La única que votó en contra fue Karina Beteta.
De esa manera, la denuncia contra Hinostroza, Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites fue declarada inadmisible en lugar de improcedente.
—Denuncia contra Mamani al archivo—
La subcomisión también archivó una denuncia contra el legislador Moisés Mamani (Fuerza Popular) por tocamientos indebidos contra una trabajadora de la aerolínea Latam.
La decisión fue tomada con los votos a favor de César Vásquez, Sergio Dávila, Javier Velásquez y Percy Alcalá. Los congresistas Marco Arana, Oracio Pacori y César Vásquez votaron en contra, mientras que Karina Beteta votó en abstención.
De esa manera, la subcomisión aprobó el informe que recomendaba declarar improcedente la denuncia contra Mamani, bajo el argumento de que se lo acusa de un delito común, no de uno que haya realizado dentro del ejercicio de sus funciones.
Tras la sesión, el legislador César Segura, de la misma bancada de Mamani, defendió la decisión del grupo que preside y recordó que este caso ya es investigado por el Ministerio Público.
Por la misma denuncia, Mamani cumplió una suspensión de 120 días impuesta por el pleno del Congreso en diciembre pasado, por recomendación de la Comisión de Ética, y se aprobó el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que fuera investigado por la fiscalía sin impedimentos.
