Canciller ante la OEA: ¿Cuál es la propuesta del Perú para evitar que el asilo se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”?

A partir del asilo otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez- condenada a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión- el canciller peruano Hugo de Zela se presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington (Estados Unidos), para proponer una cortapisa para evitar que este mecanismo sea utilizado “para eludir la justicia”.

El Perú, según detalló De Zela, considera “indispensable” establecer “un procedimiento previo” al otorgamiento del asilo y de “carácter obligatorio” que precise y transparente los términos de la Convención de Caracas de 1954, que regula la figura del refugio diplomático.

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Detalló que la propuesta es que cada vez que un país evalúe un pedido de asilo, en el marco del referido tratado, “la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva, con información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir su es procedente [o no] conceder” este beneficio.

En ese sentido, dijo que este planteamiento “exige” que la aplicación del artículo IX de Convención de Caracas de 1954 “deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo” y “se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado”.

El artículo IX, en la actualidad, indica que “el funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos; pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido”.

De Zela refirió que otros cancilleres de la región comparten la preocupación del Perú y que dentro de las conversaciones que ha tenido, se le ha sugerido que Lima solicite una opinión al Comité Jurídico Interamericano.

Una vez concluida su presentación, en declaraciones a Canal N, el canciller precisó que el Perú pedirá que el Comité Jurídico Interamericano- “un órgano integrado por juristas de alto nivel de la región”- un estudio técnico sobre su propuesta y su aplicación. “A partir de ese análisis, corresponderá a los órganos políticos, como el Consejo Permanente [de la OEA], hacer una discusión para ver cómo se pone en práctica lo que diga el comité”, remarcó.

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No es para sentenciados

Ante el Consejo Permanente de la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que los casos recientes de asilo en la región- en referencia al de Chávez Chino y al de la ex primera dama Nadine Heredia, que está en Brasil- “reafirman que se ha producido una evolución negativa en la utilización” de este derecho.

“No se ayuda a una democracia ni al Estado de derecho sustrayendo de su sistema de justicia a sus políticos y a sus familiares, cuando éstos son procesados por delitos comunes. Por el contrario, el gobierno del Estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que, por lo menos presuntamente, han violado las leyes comunes de su país de origen”, manifestó.

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De Zela precisó que la propuesta del Perú apunta a que “el asilo no debe concederse a personas que hayan sido condenadas” o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves. Esto, añadió, “es consistente” con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de su Opinión Consultiva N°25, del 30 de mayo de 2018.

Y, en ese contexto, dijo que está seguro de que los representantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos “es esencial no desvirtuar la institución del asilo diplomático” y “evitar que se convierta, en función a criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia”.

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Las reacciones

La representante alterna de Ecuador en la Comisión Permanente de la OEA, Mónica Sánchez Izquierdo, afirmó que Quito comparte la preocupación expresada por Lima, porque en los últimos años se ha observado que el recurso del asilo “dista del espíritu y disposiciones” de la Convención de Caracas de 1954.

“Tal recurso ha facilitado que personas procesadas y condenadas por delitos comunes, por corrupción, evadan la justicia del Estado territorial, generando así intolerantes situaciones de impunidad. Es necesario establecer discusiones necesarias para preservar la genuina finalidad [del asilo diplomático]”, manifestó.

A su turno, el representante permanente de Paraguay, Raúl Florentín Antola, sostuvo que para garantizar la legitimidad y la perdurabilidad del asilo diplomático es necesario “mantener un equilibrio”.

“Mi delegación estima que, al evaluar la naturaleza del delito y los motivos de persecución, el Estado asilante tiene el deber de ponderar los criterios aportados por el Estado territorial. Se debe evitar que el asilo sea utilizado para evadir la acción de la justicia, desvirtuando así su propósito humanitario”, remarcó.

Por su parte, el representante de Brasil, Benoni Belli, dijo que su país no comparte la propuesta hecha por el Perú para crear “instituciones adicionales”.

“El asilo es una decisión unilateral del Estado asilante, que tiene la decisión unilateral de rechazar o conceder el asilo, esto sin interferencias del Estado territorial para no minar el derecho de asilo”, expresó.

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En Brasil se encuentra asilada la ex primera dama Nadine Heredia, sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos por los aportes del gobierno de Venezuela y Odebrecht a las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en el 2006 y 2011, respectivamente.

Otros países que tuvieron una postura similar fueron Colombia, Uruguay, Chile, entre otros.

Estados Unidos, por su parte, hizo hincapié en la obligación de los países anfitriones de respetar “la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.

La respuesta de México

La representante de México en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Luz Elena Baños, cuestionó que el Perú haya solicitado la revisión de “reglas que son claras, precisas y vigentes desde hace décadas”, en referencia a la Convención de Caracas de 1954, luego de que le hayan otorgado el asilo a Chávez Chino y solicitado el salvoconducto al gobierno de José Jerí.

Consideró que la propuesta de Torre Tagle “es contraria al principio jurídico de irretroactividad de la ley”.

Baños indicó que un tratado internacional “no se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento”.

Afirmó que en el Consejo Permanente de la OEA “solo una fracción de los Estados hoy presentes son parte del tratado, varios no lo son, y hay un Estado parte que no está sentado en esta mesa porque no participa en la organización”.

En diálogo con Canal N, el canciller De Zela dijo que “lamentablemente” la delegación de México no entendió el planteamiento del Perú.

“Ellos creyeron que se estaba tratando de que el Consejo Permanente tomara una decisión sobre el tema en esa reunión. La representante de México hizo una larga argumentación para sustentar por qué el Consejo Permanente de la OEA no podía cambiar la convención. Esto fue producto de un malentendido. Lo que Perú planteó es que el Comité Jurídico Interamericano haga un estudio jurídico de la convención y de su aplicación. Una vez que se tenga el estudio, se podrá discutir el tema si los países lo consideran”, subrayó.

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El punto de vista

El excanciller Javier González-Olaechea calificó de “sólida y seria” la exposición del ministro de Zela.

“Escuché toda la presentación y me pareció muy sólida, seria y respetuosa. Bien fundamentada, justificada y obviamente es una crítica al statu quo”, manifestó en diálogo con este Diario.

Al ser consultado sobre si cree que la propuesta peruana puede tener eco en la OEA, el exministro de Relaciones Exteriores respondió que “salvo en situaciones de altísima y masiva violencia, en los organismos internacionales los trenes no doblan las esquinas”.

“Más que eco, yo diría conciencia dado que, si se sigue utilizando el asilo como mecanismo de impunidad, unas veces lo utilizarán unos gobiernos y otras veces otros gobiernos y así todos socavan la razón misma del asilo”, acotó.

Por su parte, el internacionalista Francisco Belaunde dijo que, en la práctica, la propuesta del canciller De Zela no le quita al Estado asilante la potestad de decidir si el solicitante merece o no el asilo.

“Si hay una motivación ideológica, lo que propone el Perú no va a evitar que el Estado asilante decida dar el asilo, a pesar de lo que diga el Estado territorial. No creo que cambie mucho la situación actual. Los Estados conocen la situación de la persona que ha pedido el asilo, porque tienen a embajadores que les informan”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, indicó que dentro de la OEA puede haber posturas a favor o en contra, pero en el fondo el planteamiento de Lima “no significa gran cosa”.

Belaunde sostuvo que el gobierno de José Jerí está intentando ganar tiempo y postergar la decisión sobre si dará o no el salvoconducto a Chávez Chino, que está asilada en la Embajada de México en Lima.

“Yo creo que sí [busca ganar tiempo], como hay mucha presión política interna, sobre todo del Congreso, entonces, el gobierno prefiere evitarse problemas y patear el asunto lo más que pueda. Puede ser después de las elecciones o hasta el próximo gobierno”, acotó.