En poco más de dos semanas se cumplirán tres años desde que Pedro Castillo trató de disolver el Congreso, intervenir el sistema judicial e inaugurar un gobierno por decreto. En aquella dramática jornada, como se recuerda, el Congreso de la República jugó un papel trascendental para evitar que se consumara un auténtico asalto al orden constitucional, destituyendo al golpista con más de 100 votos y logrando una transición constitucional en menos de cinco horas.
Sin embargo, parece que para muchos parlamentarios tres años es demasiado tiempo, pues desde el día del golpe el Legislativo ha sido incapaz de sancionar a quienes buscaron disolverlo, tanto a quien encabezó el zarpazo –Pedro Castillo– como a quien, según los testigos, fue su mano derecha en ese empeño: Betssy Chávez. Debido a ello, tanto Castillo como Chávez, hoy, no tienen impedimento alguno para postular en las elecciones del próximo abril, incluso aunque el primero se encuentre recluido en el penal de Barbadillo y la segunda asilada en la Embajada de México.
El último intento para cambiar esta situación fue la votación en el Congreso de hace dos días para inhabilitar por 10 años a Chávez por su papel en el golpe, que solo alcanzó 63 apoyos (de los 68 que requería para prosperar). Y aunque se han presentado pedidos de reconsideración para volver a votar, es poco probable que el resultado final sea sustancialmente distinto. Los 20 votos que blindaron a Chávez, por otro lado, vinieron de aliados de larga data, de los que no se esperaba mucho, pero sorprendió la postura de Podemos Perú, que en diciembre del 2022 votó en bloque para destituir a Castillo tras el golpe, pero que ahora se opuso –también en bloque– a inhabilitar a su mano derecha. ¿Qué explica dicho viraje? Pues los cálculos electorales al 2026, dado que el partido lleva nada menos que en su plancha presidencial al abogado de Chávez, Raúl Noblecilla.
Una mención especial merece uno de los integrantes de la bancada de Podemos Perú, Guido Bellido, que en dos días no solo blindó a su excompañera de partido, sino que también votó a favor del dictamen para extender el Reinfo hasta el 2027 en la Comisión de Energía y Minas y, para variar, afirmó que no devolverá el aguinaldo que recibirán los parlamentarios en diciembre, porque “no soluciona el problema de fondo”.
Es probable que en unas semanas el Poder Judicial se encargue de condenar a Chávez y a Castillo por el golpe del 7 de diciembre. Pero ello no borrará la vergüenza de un Congreso que durante tres años fue incapaz de sancionar a quienes buscaron disolverlo.
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