El jefe de Estado estuvo acompañado en la primera fila con su primer ministro, Aníbal Torres, y la vicepresidenta Dina Boluarte. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
El jefe de Estado estuvo acompañado en la primera fila con su primer ministro, Aníbal Torres, y la vicepresidenta Dina Boluarte. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
Thalía Cadenas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento tiene pendiente designar al congresista delegado que verá la denuncia contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, , por haber realizado gestiones para un club privado cuando ya ejercía un cargo público.

El caso podría verse este viernes 15 de julio, señaló a El Comercio la parlamentaria Martha Moyano (Fuerza Popular), vicepresidenta de este grupo de trabajo. La decisión está en manos Rosío Torres (Alianza para el Progreso), quien encabeza dicha subcomisión, añadió.

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El pasado 14 de junio, la subcomisión declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra por haber realizado gestiones para un club privado cuando ya desempeñaba un cargo público.

Posteriormente, el 1 de julio, la Comisión Permanente del Congreso acordó por mayoría dar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se presente el informe final de la denuncia.

Sin embargo, en la sesión del pasado viernes 8 de julio solo se comunicó la solicitud información que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Peruano sobre el caso de la vicepresidenta. Dicho pedido se realizó el pasado 30 de junioenviado al canciller César Landa.

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“Hay que recordar que la presidencia de la subcomisión es la que tiene facultad de delegar. No sé por qué no delego el viernes pasado. Este viernes debería delegar. A partir de ese momento, el congresista delegado va a tener que ver la pertinencia de pruebas, evaluación de las pruebas y solicitar una audiencia en la que se convoca a las partes”, explicó Moyano.

“Debemos que considerar que nosotros somos Comisión Permanente y no paramos. Lo de el fin de la legislatura es hasta el 15 no es con nosotros”, añadió la congresista.

Una respuesta similar brindó Alejandro Cavero, secretario de dicho grupo de trabajo. “Escoger al delegado es potestad de la presidenta (Rosío Torres)”, manifestó.

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Como se recuerda, la afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad.

La acusación constitucional presentada en el Congreso contra la vicepresidenta se refiere a la presunta vulneración del artículo 126 de la Constitución, al haber efectuado actos de gestión a nombre del club departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado, pese a que la Constitución prohíbe este tipo de actividades.

En el caso del jefe de Estado, quien , la denuncia por traición a la patria es la que mayor avance registra.

Wilson Soto (Acción Popular), el congresista delegado del caso, un primer informe de determinación de hechos, pertinencia de pruebas y recomendación de la denuncia impulsada por los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular).

Asimismo, , en la que estuvieron presentes Yarrow, Cueto y José Palomino Manchego, abogado del presidente Castillo. Según dijo Moyano (Fuerza Popular), vicepresidenta de la subcomisión, quedaron pendientes dos audiencias que ya habría solicitado Wilson Soto.

Moyano agregó que “le corresponde” a la presidenta de la subcomisión agendar ambas audiencias.

“Es ella la que tiene que convocar a audiencia a solicitud del delegado. Faltaba citar al periodista Fernando del Rincón. Tengo entendido que Wilson Soto ya lo solicitó”, expresó la congresista de Fuerza Popular.


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