Congreso: presentan denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte; al titular del Gabinete, Gustavo Adrianzén; y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez; por haber observado la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Según explicó la legisladora, los tres altos funcionarios habrían vulnerado la Constitución en los artículos que les exige trabajar al servicio de la Nación, algo que debería ser uno de los principios básicos fundamentales de todo funcionario público.

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“La observación tardía, un día antes de que la autógrafa venciera, lo que ha generado es una grave afrenta para combatir la inseguridad ciudadana y considero que, además, se está violando este principio y deber de todo alto funcionario de garantizar la seguridad en el país”, explicó ante la prensa.

La acusación de Ruth Luque contra Boluarte y los dos integrantes del gabinete, a la que tuvo acceso El Comercio, advierte que el accionar del Ejecutivo habría beneficiado básicamente a personas vinculadas a la mandataria como su vocero, Fredy Hinojosa, y su hermano Nicanor Boluarte.

La legisladora también advirtió que, según información de medios de comunicación, se habrían realizado varios informes desde el Ministerio del Interior para tratar de justificar las observaciones contra la norma recién el 13 de enero de este año.

“¿Quién se ha beneficiado de manera directa por la derogación de la detención preliminar? Ha sido el señor Fredy Hinojosa, vocero presidencial. La pregunta es por qué el Gobierno no observó cuando se derogó esta figura jurídica, y por qué cuando le corresponde restituirla, un día antes la observa bajo argumentos con dos informes del Ministerio del Interior. Eso significa vulnerar el principio básico de servicio a la Nación”, acusó Luque.

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En el caso de Nicanor Boluarte, denuncia que la jefa de Estado promulgó una ley que modificó la configuración del delito de organización criminal, con los cuales el Poder Judicial sustentó la revocación de la prisión preventiva dictada contar su hermano.

“Hay un abuso del ejercicio del poder que tienen y se están violando principios constitucionales básicos que todo alto funcionario debiera tener”, concluyó.