La Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuestionó los cambios que aprobó la Comisión de Constitución del Congreso al Nuevo Código Procesal Constitucional, en medio del proceso competencial que están afrontando ante el Tribunal Constitucional y que, según la junta, “podrían afectar la seguridad jurídica del país”.
A través de un comunicado, la junta señaló que estas modificaciones aprobadas en la sesión del martes 17 de setiembre podrían limitar la eficacía de las acciones constitucionales ante posibles vulneraciones de derechos por parte del Congreso.
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“La citada iniciativa, entre otros aspectos, reduce de cinco a cuatro los votos para emitir sentencia en un proceso competencial”, advierte la JNJ.
Según la institución, este cambio de reglas está siendo promovido en medio del proceso ante el Tribunal Constitucional en el que, por más de dos meses desde la vista de la causa, se espera su pronunciamiento por la demanda del Parlamento contra el Poder Judicial.
Esta demanda competencial, recuerda la JNJ, “podría afectar la composición del pleno de la JNJ, así como derechos fundamentales de dos de sus miembros, hasta ahora amparados por sentencia judicial”, en alusión a Inés Tello y Aldo Vásquez, ambos miembros de la junta que fueron restituidos por un fallo judicial que anuló la inhabilitación aprobada por el Congreso.
La Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) aprobó con 14 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, el dictamen de los proyectos de ley 4145/2022-CR, 4203/2022-MP, y otros, que modifica la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional
Según la propuesta, el objetivo es fortalecer los fines de los procesos constitucionales, agrupando en total unos trece proyectos de ley que, luego del debate y votación de la comisión, modifican el artículo VI del Título Preliminar y los artículos 6, 42, 101, 110, 111 y 112 e incorpora el artículo 79-A a la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional.
La JNJ pide que estas modificaciones se realicen tras un amplio debate sobre las consecuencias que podrían acarrear, con participación de poderes públicos, órganos constitucionalmente autónomos, así como colegios de abogados y la comunidad jurídica en general.
