Daniel Soria: ¿Cuáles son las claves del amparo que interpuso el ex procurador general del Estado?

El exprocurador general Daniel Soria Luján, interpuso un recurso de amparo contra la decisión del presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, Aníbal Torrres, que lo cesó en el cargo a través de la Resolución Suprema N°024-2022-JUS, emitida el pasado 1 de febrero.

Castillo Terrones removió al exfuncionario bajo el argumento que había perdido la confianza. Esto, luego de un informe que emitió la Contraloría General de la República en el que se señalaba presuntas irregularidades en su designación como Procurador General.

El exprocurador, como se recuerda, denunció al jefe de Estado ante la Fiscalía de la Nación por las diversas visitas de la empresaria Karelim López, así como presuntos actos de corrupción en las que habría participado junto a su entorno más cercano desde el inicio de su gestión.

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En la demanda, que será analizada por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, Soria Luján solicitó que se declare “ilegal” e “inconstitucional” la resolución que lo cesó en el cargo y se ratifique la Resolución Suprema 017-2020-JUS que lo designó como Procurador General del Estado.

Asimismo, requirió que el Poder Judicial exhorte al presidente Castillo y al ministro Torres para que se abstenga de incurrir nuevamente en conductas infractoras de la Constitución.

Soria Luján también interpuso una medida cautelar, con el objetivo de que sea repuesto en el cargo hasta que se resuelva la demanda de fondo.

Cargo autónomo

Según la demanda presentada por Daniel Soria, el cargo de Procurador General del Estado fue creado mediante un régimen que mantiene y preserva la “autonomía, uniformidad y coherencia” de la función de las procuradurías y por ende, su reglamento prevalece sobre cualquier otra norma.

Así, indica que su designación se hizo por espacio de cinco años, pero fue cesado luego de dos años. Las razones, agrega, fueron la “pérdida de confianza”, situación no contemplada en las causales de destitución o vacancia estipuladas en el Decreto Supremo 18-2019-JUS que fortalece la procuraduría.

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Además, precisa que para cesarlo en el cargo se usó una norma del 2007, que es de diez años antes de la creación de la Procuraduría General de la República, desconociendo el ordenamiento jurídico.

De esta manera, el presidente de la República Pedro Castillo y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, lo habrían sometido a un procedimiento de destitución distinto al contemplado en el artículo 17 del Decreto Legislativo 1326.

“Bajo el contexto jurisdiccional y convencional antes narrado, en el caso concreto, confirme se ha relatado en los antecedentes, la Resolución Suprema 024-2022-JUS ha sido emitida con abierta violación del derecho al debido proceso en sede administrativa y en consecuencia viola el principio de interdicción a la arbitrariedad”, se agrega.

Cuestión política

Otro de los aspectos que se recuerdan en al demanda, fue el contexto en que se realizó su cese. Esto, explica, inició luego que denunció al presidente Pedro Castillo, por presuntos actos ilícitos en el proyecto Puente Tarata III.

Producto de ello, el 28 de diciembre del 2021 se recogió la declaración de Castillo en calidad de testigo.

El 4 de enero del 2022, el ministro de justicia Aníbal Torres, se reunió con el abogado Eduardo Pachas, defensa legal de Castillo. Al día siguiente, el abogado denunció que Soria no cumplió con los requisitos para ser procurador general y ese mismo día, el ministro de Justicia anunció que revisaría el expediente de su designación.

Luego, el 31 de enero, la Procuraduría General publica un informe “no vinculante” en el que se indica que no había acreditado el requisito de trayectoria para asumir el cargo de procurador general. Pese a esto no fue invocado en la causal de destitución, se le removió del cargo, señaló el demandante.

“Lo que resulta inobjetable y cuestionable es que la misma persona a la que denuncié en atención a mis funciones y el interés público (el presidente de la República) coincidentemente me remueva, historia que tiene como hecho destacado el público pedido de su abogado, luego de reunido con el ministro de Justicia Anibal Torres, quien es el otro firmante (de la norma que lo cesa en el cargo)”, indicó Soria.

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No puede ser un cargo “supeditado”

Otro aspecto señalado en la demanda, es la defensa de la institucionalidad del cargo de Procurador General de la República, que tiene como sus funciones privativas el evaluar las denuncias penales contra altos funcionarios del Estado.

Por ello, señala Soria Luján, resultaría “inconstitucional que el Procurador General del Estado se encuentre supeditado a la ‘confianza’ del funcionario al que eventualmente tendría que denunciar penalmente” por eventuales delitos.

Precisamente, resalta el exfuncionario, ello sucedió en su caso, puesto que fue removido del cargo luego de interponer una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra el actual presidente y demandando, Pedro Castillo.

“De ahí la garantía que fijó el legislador en la norma legal especial, al establecer causales específicas de remoción, para dotar al Procurador General del Estado de esa forma de autonomía e independencia”, señaló.

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