Renovación Popular rechaza pedido de la Fiscalía de la Nación para declarar ilegalidad de Fuerza Popular

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Renovación Popular expresó su rechazo al pedido presentado por la Fiscalía de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular.

En un comunicado, cuestionó los “intentos” que se vienen realizando para “bloquear o limitar” la participación de distintas agrupaciones políticas en las elecciones generales del 12 de abril del 2026.

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“Renovación Popular defiende con firmeza el derecho de todos los peruanos a elegir con total libertad entre las agrupaciones políticas que decidan postular, ni la fiscalía, ni ninguna entidad que no sea parte del sistema electoral debe impedir, ni limitar , esta libertad que es la base del sistema democrático nacional”, subrayó.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular por cometer actos “antidemocráticos” que vulneran la Ley de Organizaciones Políticas.

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En su pedido, la titular del Ministerio Público detalla que, tras una denuncia ciudadana recibida en marzo del 2025, recabó información y elementos probatorios que probarían que el partido fujimorista habría incurrido “de forma sistemática en conductas antidemocráticas”.

Por esto, Delia Espinoza pide aplicar la Ley de Organizaciones Políticas porque habría cometido actos que habrían vulnerado las “libertades y derechos fundamentales”.

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Según sustentó, Fuerza Popular habría promovido atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores, periodistas y medios de prensa debido a sus cargos, posiciones políticas, profesiones y opiniones políticas.

También los denuncia por haber promovido la exclusión de congresistas de sus filas por motivo de disidencia política y/o libertad de conciencia, además de busca exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno entre los años 1990 y 2000.

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Finalmente, advierte que habrían “legitimado la violencia” para lograr objetivos políticos. Todo esto, según Delia Espinoza, configuran “acciones antidemocráticas previstas taxativamente en el primer supuesto” de la norma sobre partidos políticos para seguir adelante desde el Poder Judicial con la declaración de su ilegalidad.

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