Presidente del JNE: “No hay tecnología que pueda hacer que el voto digital sea 100% secreto”

En entrevista con El Comercio, Burneo también dio a conocer las primeras sanciones a los partidos políticos en vías de inscripción que recurrieron al uso de firmas falsas.

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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

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— Usted anunció que el JNE presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra del Poder Judicial. Esto porque un juez ordenó que Unidad Popular, partido de Duberlí Rodríguez, participe en las elecciones generales 2026. ¿Cuál es la pretensión de su institución?

Más allá de un caso en concreto, esta demanda responde a una gran preocupación institucional en torno a la presentación de acciones de amparo, muchas de ellas irregulares que pretenden romper los hitos del cronograma electoral, a través de ejecuciones anticipadas o medidas que afectan la irrevisabilidad de las decisiones del pleno del JNE. El caso concreto que señalas, si bien es reciente, no es aislado. Ya en el proceso electoral anterior [de 2021] hemos tenido más de 700 acciones de amparo, muchas de ellas derivaban en disposiciones que rompían toda la seguridad jurídica. Incluso, una se atrevió a ordenarnos, un día antes de la elección, que consideremos a un candidato. Hemos estimado que, en este proceso, donde habrá cuatro veces más candidatos, vamos a tener entre 2,500 y 3,000 acciones de amparo. Frente a esta situación y disparidad de interpretaciones, el pleno del JNE ha autorizado por unanimidad la presentación de una demanda competencial para que el Tribunal Constitucional defina las competencias. Nosotros esperamos que nos dé la razón, en el sentido, de que el calendario electoral debe ser respetado y garantizado.

— ¿Cuándo se presentará esta demanda competencial? ¿Estiman que el fallo sea durante el proceso electoral?

Lo óptimo es presentarlo la próxima semana, pero va a depender mucho de la coordinación y del trabajo que vamos a tener estos días. A lo mucho, será interpuesto la tercera semana de setiembre, pero no más. El trámite va a ser en función a la agenda que tenga el Tribunal Constitucional. Nosotros esperamos que le den prioridad a esta acción competencial, porque esta tiene una particularidad, está en el marco de las elecciones generales, que tiene un cronograma preclusivo e irreversible, el 12 de abril del próximo año es una fecha única, no hay una postergación de las elecciones.

— Duberlí Rodríguez, líder de Unidad Popular y expresidente del Poder Judicial, ha señalado que el JNE está dejando fuera de las elecciones general a su partido “por capricho y parcialización”. ¿Qué argumentos tiene el jurado para no cumplir con el fallo del juez John Paredes?

En principio, el fallo del juez Paredes lo que dispone es que se inscriba a este partido [Unidad Popular], que está vinculado a esta persona [Rodríguez] y está inscrito, no es que no lo esté. Luego, a través de una ejecución de sentencia, el magistrado va más allá de lo expuesto en la sentencia misma. No solo dice que se inscriba, sino que se inscriba antes del 12 de abril y que se le permita participar en las elecciones generales. Es decir, por medio de una ejecución de sentencia pretende interpretar, ir más allá de su propio fallo, quebrando los hitos del proceso electoral [...] Tenemos 39 organizaciones políticas, si dejamos bajo la lógica que indica Rodríguez, el ingreso de esta organización, la misma lógica debería ser para las siete que ya están inscritas también. Con lo cual tendríamos que agregar siete más a las 39 organizaciones políticas que participarían [en las elecciones generales]. Eso sería más complejo.

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— El juez Paredes ha favorecido con sus fallos a Vladimir Cerrón, prófugo secretario general de Perú Libre; a Hugo Chávez, y al exgerente general de Petroperú. Además, reportó al JNJ que tenía 20 denuncias en su contra. ¿Para usted es un juez con sesgo ideológico?

No puedo pronunciarme por el sesgo ideológico del juez o los casos que indicas, pero en el caso concreto que involucra al JNE ha sido resuelto en forma irregular, ha afectado el debido proceso y nuestro derecho a la defensa. Canceló y suprimió la audiencia que había convocado para emitir sentencia, y ni siquiera hubo una audiencia pública, y no fuimos escuchados.

— En el 2024, la ANC suspendió al juez Paredes por interferir en un caso, donde estaba involucrado. ¿Los antecedentes de este magistrado ponen en entredicho la validez y la legitimidad de las decisiones que ha tomado, y que involucran al proceso electoral?

De por sí, lo que nosotros hemos hecho con relación a este juez es presentar denuncias ante la JNJ y la Autoridad de Control del Poder Judicial para que tomen las medidas disciplinarias, que evidentemente tienen que ejecutarse considerando su cuestionable accionar. Los antecedentes [de Paredes] pueden servir de referencia, pero basta con este caso en concreto [el del partido Unidad Popular] para ver que ha actuado irregularmente.

— Hasta el momento, se prevé que participen 36 partidos y tres alianzas políticas en las elecciones generales. Es decir, 39 fórmulas a la presidencia, Congreso bicameral y Parlamento Andino. ¿Cuáles son los mayores riesgos que observa ante esta fragmentación?

La conformación de alianzas ha reducido un poco la cantidad de organizaciones políticas, hubiésemos querido que haya más alianzas. Pero las alianzas en sí son un acuerdo complejo entre dos o más partidos políticos y es un gran reto, porque significa que estas alineen sus intereses. Fuera de ello, la dispersión de las opciones políticas que hay en el país es evidente. Esperamos que la población logre identificarse con algunas o muchas de ellas cuando vaya a ejercer su voto. El JNE está realizando todo el esfuerzo para garantizar que el voto sea informado. El abanico [de partidos] es muy grande y esperamos que luego de este proceso electoral se pueda ir, poco a poco, sincerando la oferta política.

— Usted ha señalado que “no hay experiencia comparada en el mundo que haya organizado un debate con 39 organizaciones políticas”. ¿Cómo se daría en este caso?

Bueno, estamos planificando ese trabajo, porque, repito, no hay experiencia comparada, no ha habido una organización [de un debate] con 39 partidos políticos, así que va a ser un gran reto. Lo que buscamos es que sea un debate alturado, que haya igualdad de condiciones para que cada opción pueda expresar su opinión. También esperamos tener una plataforma previa al debate, que permita que cada candidato pueda expresar su discurso, una plataforma que esté en línea y que pueda ser filtrada a través de la inteligencia artificial.

— Con 39 posibles candidatos presidenciales, ¿el debate podría tener hasta cuatro fechas?

No lo sabemos ahorita, porque sería adelantarme a un proceso que debe ser planificado y ordenado. También debe ser consensuado con las mismas organizaciones políticas. El debate no solo lo organiza el jurado, sino que se hace en coordinación con los partidos, porque son ellos los que tienen que ser escuchados. Y debe haber igualdad de condiciones. Eso es lo que queremos garantizar.

— La ONPE presentó un modelo de cédula con las 39 fórmulas. Esta medirá 42cm x 44 cm. ¿Es lo ideal? ¿No puede llamar a la confusión?

Lo técnico es que hubiese sido hasta tres cédulas. Es decir, una para la plancha presidencial, otra para el Congreso bicameral y una tercera para el Parlamento Andino, eso hubiese sido lo más técnico y lo más ordenado. Eso hubiera permitido hacer más sencilla la votación. Pero lo que se dispuesto [en el Congreso] es que sea una cédula. Es la más grande que hemos tenido en la historia. Pero obedece a un marco legislativo, no es un tema que sea responsabilidad de la ONPE.

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— ¿Sin una auditoría, el voto digital puede ser utilizado en las elecciones generales de 2026?

No, porque entendamos que el sistema electoral funciona articuladamente. El voto digital, en la experiencia comparada, se ha implementado paulatinamente. Normalmente, el desarrollo del voto digital ha sido con un horizonte de 5 años, 10 años y hasta 20 años. Y no siempre se ha llegado a buen puerto. En algunos casos se ha desistido o se ha suspendido. No se ha ejecutado el voto digital por diferentes razones, entre ellas disposición de tribunales o aspectos técnicos.

En el Perú recién se ha dado el marco legal el 25 de marzo de este año. El sistema electoral viene trabajando arduamente, hemos coordinado con la ONPE y se está trabajando día y noche para tener todo este ecosistema, se han realizado campañas de concientización y se han priorizado a determinados grupos. Hay un grupo donde [el voto digital] es obligatorio, son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

— ¿El voto digital garantiza, a su juicio, el sufragio secreto y el escrutinio público, como exige la ley?

Los grandes retos del voto digital son responder al marco constitucional del voto en el Perú, hacerlo a la peruana, en pocas palabras. El gran reto es que el voto sea secreto, que sea un voto por cada persona y que sea ejercido de manera privada. ¿Qué se necesita para este desarrollo? Primero que no se pueda identificar para que se mantenga en secreto a la persona que votó. Se compara con una transacción financiera, lo cual es un gran error. En la transacción financiera lo que se quiere o su lógica es identificar al autor. Pero el voto, en el marco constitucional peruana, es secreto.

En el mundo no hay tecnología, por más encriptada que la hagamos, que pueda hacer que el voto digital sea 100% secreto. Lo que hay son formas de dificultar que se identifique al votante. Pero no hay nada que te garantice que al 100% sea secreto y esto puede ser materia de vulneración. Por ejemplo, para algunos sería importante saber por quién votaron en las FF.AA., o el presidente del JNE o el jefe de la ONPE y por más encriptamiento que se use, puede ser vulnerado. Hoy hay muchos incentivos para ello, que son el dinero y el poder. Y en un proceso electoral hay muchos intereses vinculados a esos dos puntos. Saludamos que se haya emitido una ley que da el marco para el voto digital, pero no sabemos si es el presente, considerando el poco tiempo para desarrollar esta experiencia. Pero sí creemos que es el futuro.

— En el Congreso, el jefe de la ONPE dijo que si hasta la tercera convocatoria para la auditoría se declara desierta irán a buscar postores internacionales. Pero un sector de congresistas insistía en que sí o sí debía aplicarse el voto digital. ¿Existe presión de una facción del Parlamento?

Nosotros no vemos la parte política, lo que vemos es el gran encargo que tenemos como sistema [electoral]. Yo comparto el buen ánimo y el entusiasmo de la ONPE de lograr el gran objetivo de plasmar por primera vez el voto digital en el país. La opinión técnica del JNE va a ser en función a que nos alcancen el software y lo podamos auditar. La auditoría privada que va a contratar la ONPE va por otro lado. Entiendo que van a auditar sus sistemas para ver si cumplen con los estándares de calidad. Nosotros vamos por una auditoría y fiscalización que va en el marco de cumplimiento del marco normativo.

— Usted refirió que no hay un sistema en el mundo que permita garantizar al 100% que el voto digital sea secreto. ¿El Perú está listo para aplicar el voto digital en las elecciones general de 2026?

Es el gran reto, la ONPE dice que sí y nosotros tenemos que determinar si es así o no. Eso lo vamos a saber luego de que hagamos la auditoría. Dentro de la auditoría, vamos a verificar si se cumple o no el marco normativo. El 15 de octubre vamos a tener recién el software completo. Luego tenemos que ejecutar la auditoría en dos o tres meses, esto se cerraría en enero. Después debemos levantar las observaciones. Tenemos poco espacio para llegar al 12 de abril. Los tiempos son tiranos en este caso.

[...] Esto [el voto digital] va a facilitar reducir el ausentismo o la falta de oportunidad que tienen los peruanos en el extranjero para votar. Pero, repito, todo está en desarrollo. Esto tiene que ser evaluado y se tienen que hacer pilotos y luego a nivel de elecciones generales. El piloto es muy ambicioso, estamos hablando de un piloto de más de 2 millones de personas.

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— Entre enero y el 1 de setiembre, 5,556 ciudadanos han presentado denuncias por afiliaciones indebidas. De estas, 2,333 siguen en trámite. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto que presentó el JNE ante el Congreso? ¿El Parlamento ha mostrado interés en resolver este problema?

Todavía sigue pendiente el proyecto que hemos presentado para reforzar la fiscalización posterior y el marco normativo en torno a las afiliaciones indebidas. Lo que nosotros ya hemos desarrollado y, por primera vez, en el JNE es la fiscalización posterior. De hecho, ahorita tenemos el resultado final. Ya tengo en mi escritorio los informes para trasladarlo a la procuraduría, porque se refieren a dos organizaciones políticas en particular.

— ¿Y cuáles son estos dos partidos políticos?

Son dos organizaciones que están inscritas, se va a pedir [la anulación de sus inscripciones] mediante un recurso de lesividad. Se trata de Primero la Gente [de la exministra Marisol Pérez Tello] y Perú Acción [de Francisco Diez Canseco]. Al momento de inscribirse, han presentado 4,000 firmas no validadas y en el proceso de fiscalización posterior se ha determinado algunas firmas falsas. En nuestro proceso de fiscalización, a diferencia del trabajo de Reniec, que es un cotejo, sí hemos contratado peritos, que han determinado la falsedad o no de una firma. Hemos encontrado un grupo importante y creemos que estos casos deben ser dilucidados en el Poder Judicial. La inscripción de un partido debe realizarse de buena fe, no se debe presentar firmas falsas. Y se presenta el recurso de lesividad, porque ya venció el plazo de dos años que tiene el JNE para la nulidad de oficio. En estos casos no podemos hacer nada, corresponde la demanda.

— ¿Estas dos agrupaciones van a poder participar del proceso electoral, mientras el Poder Judicial no resuelva la demanda de lesividad del JNE?

Es correcto, pero es importante empezar. Es algo que no hemos hecho durante 25 años y lo estamos haciendo ahorita y eso es lo rescatable, porque el JNE está mejorando sus procesos y atendiendo esta gran preocupación pública. Las organizaciones políticas deben dar la mayor garantía de pulcritud en su forma de actuar y no presentare información cuestionable.

De por sí, ya hubo una organización política, que era Nueva Gente, que estaba en proceso de inscripción y que la Dirección Nacional del ROP no lo ha inscrito, justamente por la gran cantidad de firmas no validadas, pero sobre todo por la gran cantidad de solicitudes de desafiliación por afiliación indebida que han sido declaradas procedentes. Este es un hecho sin precedente, que incluso ya ha sido validado por el pleno del JNE. Frente a una situación bien patológica, no se ha inscrito a la organización política. No se ha esperado a inscribirla y luego realizar la fiscalización posterior.

En este caso, dada la gravedad de los antecedentes, se decidió, a través del ROP, cancelar su trámite de inscripción. Y esto ya ha sido validado por el pleno del JNE declarando improcedente el recurso de apelación. Esto es un antecedente que sumado a la fiscalización posterior marca un derrotero en torno a estas situaciones que llamamos patológicas o contrarias al ordenamiento jurídico.

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— Según informó El Comercio, el Reniec consideró como posiblemente falsas 8,975 registros de Todo con el Pueblo, partido de Pedro Castillo, y 5,425 registros en APU, agrupación de Aníbal Torres. ¿Por qué a pesar de estas observaciones fueron inscritos en el ROP del JNE?

Como te digo, en el caso [de Nueva Gente] no solamente había firmas no válidas, sino una gran cantidad de pedidos de desafiliación declarados procedentes. Entonces, fueron las dos condiciones por las cuales se decidió cancelar. En el caso de estas otras organizaciones políticas, no ha habido el antecedente de una gran cantidad de desafiliaciones convalidadas. La no validación de firmas no significa que la firma sea falsa.

— Más allá de la denuncia a Percy Moreano, el llamado “Doctor Tachas”, ¿qué tipo de cambios se requieren en la norma para evitar que otros abogados utilicen la burocracia para dilatar y sembrar dudas en pleno periodo electoral?

El marco normativo peruano da la prerrogativa a cualquier ciudadano de presentar tachas y eso es saludable. En el JNE hemos hecho que la tramitología no nos gane, en pocas palabras, hemos optimizado procesos y hemos dado algunos criterios para que la Dirección Nacional del ROP los tenga. Por ejemplo, esta persona [el Doctor Tachas], una vez que se publicaba la síntesis, donde están los datos de la organización política, iba a Registros Públicos a separar el mismo nombre y presentaba una tacha con ese argumento. Pero era, incluso, una separación posterior a la publicación de la síntesis, una mala praxis. Lo que hemos señalado en estos casos, en un fallo del JNE, es que el ROP debe aplicar la improcedencia liminar, no es necesario tramitar toda la tacha.

También presentaban las tachas sin tasa y sin la firma del abogado, también hemos agilizado los procesos, al punto que las alianzas, que sufrieron situaciones similares, se inscribieron antes de la fecha límite.

— ¿Y se requiere ajustes a la norma?

Sí, creemos que tenemos que fortalecerla, justamente para reducir este tipo de situaciones [de tachas maliciosas]. A nivel jurisprudencial ya venimos haciendo la tarea de identificar aquellas situaciones que deben ser mejoradas [...] Cualquier ciudadano puede cuestionar a un candidato, a una organización política y otros trámites del JNE, pero esto no debe ser una herramienta de extorsión, no debe ser una herramienta para presentar tachas maliciosas y que finalmente contamine un proceso electoral que debe ser ordenado y transparente.

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— Cuando ingresé vi a Jorge del Castillo y a Mauricio Mulder y a otros dirigentes del Partido Aprista. Ellos han venido a solicitar que se regresa a su padrón a 11 mil militantes desafiliados. ¿Cuál es la ruta de salida a ese conflicto?

Eso es un tema interno. Entiendo que muchas de esas solicitudes están a nivel de la Dirección Nacional del ROP y otras ya han sido materia de apelación al pleno del JNE. Yo no puedo adelantar opinión.

— De los 36 partidos y tres alianzas, solo uno irá a elecciones internas bajo la modalidad “un militante, un voto”. Precisamente, se trata del Apra. El resto tendrá primarias por delegados. ¿Cómo puede interpretar esta situación?

Es el marco normativo el que ha dado estas opciones, todas son válidas legalmente. Y cada organización política, de acuerdo con su estatuto y decisión, opta entre una u otra.

— ¿Este escenario no disminuye la democracia directa?

No podríamos decir si disminuye o no. Son las opciones que ellos [en el Congreso] han dado [...] La opción de delegados siempre se ha dado en el país y eso no quiere decir que en el país no haya democracia.

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— A inicios de año, le hice una entrevista y le pregunté si se iba a auditar la administración de Jorge Salas Arenas, su predecesor en el cargo. Usted dijo que sí y que iban a llamar a la contraloría. ¿Se dio esta auditoría? ¿Se halló algún tipo de irregularidad?

Lo que hicimos en aquella época fue solicitar, formalmente, a la contraloría que nos acompañe en acciones de control concurrente y también que auditen toda la gestión anterior. Eso lo presentamos formalmente, pero ya corresponde al órgano de control dar los resultados. Hay algunos informes muy puntuales y administrativos, pero de una auditoría a la gestión [de Salas Arenas] no tenemos ningún resultado, a la fecha.

— ¿En qué se diferencia su administración a la de Salas Arenas? ¿Cuáles son los cambios que ha realizado?

Puedo hablar de mi gestión. Nuestra primera disposición es tener una política de puertas abiertas. Y hemos mejorado la estructura organizacional. Ya tenemos un nuevo ROF y está en la línea de la nueva administración. Y hemos visto que existen muchas oportunidades en cuanto al desarrollo informático y de herramientas tecnológicas. Hemos implementado la inteligencia artificial. Se ha relanzado el canal de televisión, dando información de manera más ágil y digerible al público. También se relanzó nuestra escuela para darle un alto perfil. Y se ha fortalecido el trabajo de fiscalización.

— En el 2021 hubo muchas denuncias de diferentes partidos políticos, entre ellos Fuerza Popular y Renovación Popular, de fraude electoral. ¿Cómo evitar que se repita este escenario o que se pongan sombras y dudas sobre las elecciones del próximo año?

Lo que podríamos decir es que, trabajando arduamente, mejorando procesos, transparentando el trabajo y haciendo que las instituciones del sistema electoral estén abiertas a todos, escuchar a todos y que no duden de que este trabajo será serio y en base a la buena fe y de principios técnicos y legales. El resultado del proceso debe ser el que el ciudadano quiere, porque el gran poder lo tienen todos los peruanos, cada uno de ellos, el de elegir en las urnas a las próximas autoridades. Cada voto cuenta y eso es lo que queremos garantizar.