Fuerza Popular: Claves del pedido de suspensión que será analizado en el Poder Judicial

La medida cautelar se enmarca en la investigación que sigue la fiscalía contra el partido político como entidad jurídica, su lideresa Keiko Fujimori y otros, por el delito de lavado de activos como integrantes de una presunta organización criminal al imputarles haber recibido $1.2 millones de la firma brasileña Odebrecht para solventar sus campañas electorales del 2011 y 2016.

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La investigación preliminar, como se recuerda, empezó el 13 de octubre del 2015 cuando la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió una investigación por el presunto delito de lavado de activos contra la entonces lideresa de Fuerza 2011 y otras 11 personas. Hasta el momento, el caso se encuentra en investigación preparatoria.

En el documento, de 195 páginas, que fue presentado ante el juez Zúñiga, la fiscalía ha reseñado 215 elementos de convicción vinculados a la investigación que se sigue contra Fujimori Higuchi. Y, sustentó su requerimiento en un presunto uso que se le dio al partido político para obstaculizar las investigaciones y servir como ente financista de la presunta organización criminal.

A continuación, los principales alegatos del Equipo Especial Lava Jato para pedir que Fuerza Popular deje la vida política temporalmente y a puertas de las próximas elecciones de abril del 2021.

-Organización criminal constituida en su interior-

Según el documento fiscal, Keiko Fujimori y otros, habrían constituido una organización criminal al interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), que tenía entre sus fines obtener el poder político (presidencia de la República).

Además, se instrumentalizó a Fuerza Popular para que por medio de este ente jurídico, reciban los aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú y otras fuentes ilícitas.

De acuerdo con la tesis fiscal, luego, al alcanzar el poder, la organización criminal pueda retribuir los aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (Ejecutivo), beneficios normativos (Legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal.

El dinero recibido, como ha indicado en anteriores veces la fiscalía, provenía de la caja 2 de la oficina de operaciones estructuradas, es decir fondos ilícitos. Ello, ha sido reconocido por el exdirector de Odebrecht en Perú , Jorge Barata, quien dijo haber realizado entregas por un total de US$ 1 millón, a través de Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Camere.

El dinero ilícito, segundo aspecto alegado por la fiscalía, habría ingresado a través de “la gran rifa” en el 2010 con US$ 500 mil y otros US$ 500 mil en el 2011. Además, de otros US$200 mil a través de empresarios.

A ello, se suma las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, así como testigos como Jorge Yoshiyama Sasaki,Rolando Reátegui, Giancarlo Bertini y otros, quienes han reconocido que buscaron a terceras personas para que prestaran su nombre y se pueda introducir del dinero a las cuentas de Fuerza 2011.

Dicho comportamiento, agrega la fiscalía, no se habría limitado a la campaña política del año 2011; sino que abarcó también la campaña electoral del año 2016, siendo un factor importante nuevamente, Jorge Yoshiyama Sasaki, además del excongresista Miguel Castro, que según testigos les hizo firmar documentos y luego aparecieron como aportantes de la campaña.

Otro aspecto alegado por la fiscalía es que por intermedio del entorno de confianza de Fujimori Higuchi, como José Chimpler Ackerman, se habría sostenido reuniones con “empresarios de constructoras con la finalidad que realizaran aportes a las campañas presidenciales 2011 y 2016, dinero que se entregó de forma directa (sobres manilas, maletines); fondos que no utilizaron un sistema bancario, ello con la finalidad de alejar de todo conocimiento de la ruta del dinero”.

“Se ha utilizado a la persona jurídica Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) para favorecer o encubrir el hecho punible, además de valerse de ella, toda vez que cometido el delito, se buscó encubrir el hecho o de ocultar los efectos del delito (mezcla de patrimonios) y de este modo buscar la impunidad del delito y evitar la incautación o decomiso de los efectos, lo que habría ocurrido mediante la adquisición de bienes”, anota la fiscalía en su requerimiento.

-Poner fin a los efectos lesivos-

Otro punto alegado por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato es que los partidos políticos creados con fines lícitos de participación en la vida política; no obstante, en el caso de Fuerza Popular, la persona jurídica no cumplió con el objeto formal de su creación, pues la asociación fue utilizada o instrumentalizada para los actos de lavado de activos.

Por ejemplo, indican, no ha cumplido con identificar a sus proveedores como lo exige el reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Así, Fuerza Popular declaró ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales contrataciones que no existían, puesto que, al recabar información de dichos proveedores, “estos han precisado que no han sido proveedores del partido Fuerza popular”.

En otros casos, en las campaña de 2016, personas jurídicas que figuran como aportantes, han negado dicha entrega de dinero al partido. Otra modalidad es que Fuerza Popular captó personas mayores de 60 años con la finalidad de que estos realicen aportaciones por cuantiosas cantidades de dinero, “modus operandi, que evidencia indicio de instrumentalización de personas con responsabilidad restringida ante posible responsabilidad penal”.

Por todo ello, para la fiscalía se evidencia la sostenibilidad en el tiempo de los efectos del delito de lavado de activos, ilícito en el que se ha utilizado a la persona jurídica de Fuerza Popular. En consecuencia, al ser la persona jurídica un instrumento para la presunta comisión de ilícitos penales corresponde de forma urgente la necesidad de “poner coto a la prolongación de los efectos criminales”.

“La prioridad de evitar la prolongación de los efectos lesivos del delito, otorga legitimidad a la medida cautelar solicitada, ya que por medio de ella se permite satisfacer de modo óptimo los fines de la investigación, máxime si trata de delitos muy graves como el Lavado de Activos y organización criminal, cuyos bienes jurídicos tales como el sistema económico financiero y la administración de justicia son de interés de te sociedad”, se remarca.

-Obstaculizar y ocultar información-

El cuarto aspecto alegado por la Fiscalía hace referencia a que los investigados, miembros de la cúpula de la organización criminal, a la fecha del presente requerimiento continúan integrando el partido político Fuerza Popular. Ello, evidenciaría la capacidad objetiva de continuar instrumentalizando al partido para la continuación de la comisión de actos criminales, toda vez que de acuerdo a la hipótesis fiscal los imputados vienen siendo investigados por el delito de organización criminal, ilícito de naturaleza permanente.

“Por consiguiente, el hecho de seguir siendo integrante del partido político denota una real e inminente peligrosidad en la instrumentalización de la misma”, se sostiene.

Un quinto aspecto alegado es que, durante la investigación, se solicitó al partido Fuerza Popular, la información sobre documentación contable o financiera cuya posesión y custodia por mandato legal (Ley No 28094) estaban en posesión de la persona jurídica. No obstante, a través de sus representantes legales, retardaron el plazo de la en entrega y alegaron que esta estaba en la Sunat. No obstante, posteriormente otro representante, Rafael Arcángel Herrera, dijo que todo estaba en manos de la tesorería del partido.

“De lo expuesto en los párrafos anteriores se advierte actos de obstaculización, negativa y renuencia por parte del partido Fuerza Popular, para cumplir con el mandato de exhibición de documentación contable financiera, información que resultaría útil para la investigación toda vez que permitirá corroborar los distintos actos de investigación recabados por este despacho fiscal”, concluyó la fiscalía.

Otro de los elementos que ha considerado el Equipo Especial Lava Jato es que al interior del partido político Fuerza Popular, se habría elaborado documentación a fin de acreditar las aportaciones declaradas ante la ONPE, y que mostraría su finalidad de alterar la realidad de los hechos.

Esto, quedaría demostrado en el allanamiento del 03 de febrero de 2020 a la sede del local partidario, donde se encontró 14 archivadores con información de la ONPE, comprobantes y otros cuadernillos o legajos para justificar los aportes de campaña. En su declaración, la representante legal de FP Giannina Delgado, afirmó que dichos legajos los armaban porque aportantes llamarían pidiendo información sobre los aportes y la justificación.

-Ente financista de la organización criminal-

Un séptimo argumento definido por la fiscalía al hacer un paralelismo con la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, es el uso y pago da una red de abogados litigantes afines a las personas que integran la organización criminal para buscar su favorecimiento en los procesos judiciales.

En el presente caso, indica el Equipo Especial Lava Jato, sostiene que la organización criminal liderada por Keiko Fujimori Higuchi, tendría un brazo legal que no solamente se vinculaba con los abogados del Estudio Arsenio Oré Guardia como “aparato legal” para la prestación de un servicio de defensa legítimo.

“Sino que, a través de Vicente Silva Checa, se ideaban, estructuraban y ejecutaban las acciones para paralizar y obstruir las actuaciones de la fiscalía, en otras palabras, se renunciaba al ejercido de la defensa para incurrir en el delito de Obstrucción a la justicia”, indica la fiscalía.

Además, junto a los antes mencionadas, la fiscalía ha sostenido que el aparato legal de la presunta organización también lo habría integrado Edward García Navarro, Lorena Gamero Calero y el estudio la abogada Giuliana Loza Avalos.

Todos ellos, de acuerdo a la fiscalía, seguían un plan criminal, brindaron asesoramiento a testigos (falsos aportantes), a efecto de alterar la verdad de los hechos actos y generar actos de obstrucción en la investigación.

“El partido Fuerza Popular no solo financiaba al estudio Ore Guardia, brazo legal de la organización criminal, sino que además asume el pago de las defensa de los miembros de la cúpula de la organización criminal Keiko Sofía Fujimori, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Garfias de Vega y Adriana Tarazona de Cortez conforme se aprecia a la documentación que tuvo a la vista el representante del Ministerio Público durante la diligencia de allanamiento e incautación”, sostiene la fiscalía.

Cabe precisar que los abogados, en audiencias públicas han negado actos ilícitos respecto a su participación como abogados en la presente investigación. Arsenio Oré, a través de sus abogados y en diversas audiencias rechazó que haya buscado influir sobre los testigos y tampoco los amenazó para que declararan en algún sentido ante la fiscalía. En el caso de Gamero Calero, su abogado jamás se obstruyó o se impidió que los testigos declaren ante la fiscalía.

En el caso de la García Navarro, su abogado nunca obstruyó las investigaciones, que ejerció sus labores de abogado; y que colaboró con las investigaciones cuando se allanó el Estudio Oré Guardia.

Loza Ávalos, quien ha ejercido su propia defensa en este caso, ha negado cualquier acto ilícito en el ejercicio de su defensa. “Nunca he actuado indebidamente, jamás he delinquido o pasado lo frontera de lo legal”, dijo.

-Uso del partido en el Congreso-

Un último argumento de la fiscalía se sostiene en que la cúpula de la organización criminal, instrumentalizó a la organización política Fuerza Popular, utilizando su ropaje de legalidad con la única finalidad de realizar la para “captación de ingentes cantidades de dineros y formas de financiación todas de tipo ilegal es decir quebrando las legislaciones penales, electorales y otras de tipo administrativo”.

En ese contexto, argumenta el Equipo Especial Lava Jato, el sector empresarial fue el principal proveedor de activos, ello a cambio eventuales y futuros favores políticos en la contratación con el estado una vez que esta organización tenga obtenga el poder político.

En ese contexto, “Keiko Fujimori Higuchi, en la calidad de presidenta del partido, es quien alecciona a los funcionarios que representan al fujimorismo en el Poder Legislativo.

“Así Fuerza Popular al ser la bancada política con mayor número de congresistas le permite obtener ventajas en las votaciones sobre proyectos de ley, coyuntura utilizada por Fuerza Popular para beneficiar a los grupos económicos que dotaban de activos a la persona jurídica conforme se advierte de los proyectos de Ley que a continuación se analizarán”, afirma la fiscalía.

Los representantes del Ministerio Público ponen de ejemplo las leyes de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes; la reglamentación de La Ley 30021 para la Implementación de la Advertencia Publicitaria de los octógonos. Además de la Ley que tipificó el “Financiamiento Prohibido de Organizaciones Políticas” y su no inclusión dentro de los alcances de la Ley 30424 “Ley de Responsabilidad Administrativa se las Personas Jurídicas” para tratar de evitar la no responsabilidad de los partidos políticos en la comisión delictiva; y la medida legislativa de control sobre el Decreto Legislativo 1419, que incorporó los juegos de casino y tragamonedas al impuesto selectivo al consumo.

-Pedido es inaudito- .

Luis Galarreta, personero legal de Fuerza Popular, calificó de “inaudito” el pedido que ha realizado el Equipo Especial Lava Jato para suspender al partido político que integra.

En declaraciones a TV Perú mostró su preocupación ya que, estando a una semana de las elecciones internas de FP, el juez Víctor Zúñiga convoque a una audiencia para analizar el pedido de la fiscalía.

Galarreta, dijo esperar que todo pase por una obligación procesal del magistrado; ya que están dentro de un proceso electoral en curso. “Esto es algo inaudito. Estamos en una situación de mucho peligro para la democracia porque, más allá de las investigaciones; como lo dije hace unos meses, queremos llegar al fondo de la investigación; ya que el señor fiscal viene investigando a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular hace más de cuatro años y medio”, sostuvo.

El también candidato a la vicepresidencia recordó que hasta ahora siguen en una investigación, por lo que consideró que la fiscalía ya debe formalizar una acusación para que “hablen los expedientes”.

Recordó que en el caso de las investigaciones contra el Partido Nacionalista Peruano (PNP)y el expresidente Ollanta Humala, ya existe una acusación; y en este caso la fiscalía no ha pedido la suspensión partidaria; sino que ha pedido una medida para el término del proceso judicial.

Indicó que la situación de Fuerza Popular no es la misma que el PNP, por lo que dijo no entender el requerimiento de la Fiscalía; “salvo que quieran sacar al fujimorismo de la contienda electoral”.

“Es gravísimo; porque podemos tener muchas diferencias, y con legítimo derecho algunos pueden estar incómodos o molestos porque se han cometido algunos errores, pero estamos hablando de derechos constitucionales. Y hay una diferencia con el Partido Nacionalista porque nosotros no hemos sido gobierno, pero eso no quiere decir que los suspendan a ellos. No hemos sido gobierno, no hemos manejado fondos públicos”, dijo Galarreta.

El excongresista recordó que la ley que prohíbe los aportes privados se dio en el 2018, por lo que antes no era ilegal. “Entonces, estamos hablando de una tesis extraña que si llega a otras instancias, se va a caer”, aseveró.

Galarreta remarcó que no existe ninguna prueba contra la lideresa Keiko Fujimori y el partido político, por lo que consideró, si quieren sacarlos de carrera política deberá ser en las urnas.

“Si quieren sacarnos de carrera ¿le tienen miedo a Keiko Fujimori? Que nos ganen en las urnas. La democracia se establece en las urnas”, reclamó Galarreta.

Así mismo, indicó que como la fiscalía no ha podido encontrar argumentos contra los investigados, busca proscribir al partido.

“¿Son una organización criminal? Es decir, por cuatro personas investigadas que tienen el beneficio de la duda, ¿puedes proscribir todo un partido, todos son una organización criminal?”, cuestionó.

-Que prime el principio de legalidad-

Por su parte, Elio Riera, abogado del partido político sostuvo que, como defensor legal de Fuerza Popular y también como excatedrático, el pedido debe ser considerado “desproporcional”.

“Yo me sumo a las declaraciones del señor Galarreta ya que esto es un abuso”, alegó.

Riera enfatizó que no solo en base a la doctrina autorizada y contemporánea, sino también porque diversos especialistas concuerdan que este es un pedido “es abusivo”; ya que se hace en un contexto donde aún no se ha formalizado una acusación fiscal.

Consultado sobre su análisis de los argumentos fiscales para pedir la suspensión, el abogado manifestó que las imputaciones no han sido acreditadas.

“Este tipo de medidas se realizan cuando luego de una formalización de la acusación hay una sentencia, porque se trata de una consecuencia accesoria. Por tanto, no es proporcional, yo como hombre de derecho estoy decepcionado por cómo está trabajando el Ministerio Público, definitivamente nada acreditado”, alegó.

En otro momento, Riera rechazó que “las normas de defensa del principio de legalidad, sea utilizado con otros fines”.

“Es evidente que están utilizando el aparato estatal como un instrumento político que busca mitigar o sancionar a un partido y está direccionado. Están equivocando. Además, se está limitando el derecho constitucional de posibles congresistas, ahora candidatos; es un derecho constitucional contemplado en el artículo 2 de la Constitución y al ser un abuso, finalmente se va a caer”, anotó.

Finalmente, al ser consultado sobre la posición que pueda adoptar el juez del caso, de amparar o no el pedido fiscal, Riera indicó que confían en que se mantenga el principio de legalidad.

“Con respecto al Poder judicial, hay que ser muy respetuoso con respecto a lo que vayan a resolver. Confiamos en que, si se mantiene el principio de legalidad, todo va a salir favorable en este caso, no solo para el partido en sí; sino para todos los partidos políticos que pueden verse mancillados con este tipo de cosas”, comentó.

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