El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que existe una evaluación favorable dentro del Ejecutivo respecto a la promulgación de la ley de amnistía aprobada por el Congreso, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha pedido formalmente suspender el trámite de la norma por su posible afectación al cumplimiento de sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
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Durante una entrevista en RPP, Arana señaló que el Ejecutivo considera que la amnistía es una potestad exclusiva del Congreso, consagrada en la Constitución, y que “varios ministros” comparten una posición favorable. “Lo más probable es que, dentro del marco que nosotros consideramos, [...] hay una evaluación favorable”, precisó.
La ley en cuestión, aprobada el 11 de junio, exime de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa denunciados, investigados o sentenciados por graves violaciones de derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 2000. También beneficiaría a personas de edad avanzada implicadas en casos emblemáticos como La Cantuta y Barrios Altos.
En respuesta, la Corte IDH solicitó al Estado suspender de inmediato el trámite de esta ley hasta analizar sus efectos en relación con medidas provisionales ya dictadas en favor de las víctimas de estos casos. Además, la CIDH convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025, donde participarán el Estado, las víctimas y representantes del sistema interamericano.
El premier Eduardo Arana criticó duramente la actuación de la Corte IDH, señalando que “no hay ningún tribunal en el mundo que, una vez emitida una sentencia, pueda volver sobre ella y expedir nuevos fallos”. Consideró que la resolución de la Corte —emitida como parte del seguimiento de cumplimiento de sentencias— excede sus atribuciones y afecta la soberanía del país.
Además, reiteró el respaldo del Ejecutivo a una eventual evaluación sobre el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Recordó que durante su gestión en el Ministerio de Justicia promovió la conformación de una comisión para escuchar la opinión de la ciudadanía sobre el tema. “Es un debate que está abierto”, dijo.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, también defendió la norma y rechazó la solicitud de la Corte, afirmando que el Perú debe “defender su soberanía” y que “la Corte no nos puede marcar la pauta”.
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Por su parte, voces críticas como la CIDH, la fiscal Delia Espinoza, y familiares de víctimas del Grupo Colina advierten que la promulgación de esta ley colocaría al Estado peruano en riesgo de incumplir obligaciones internacionales y de negar el derecho a la verdad y la justicia.
La presidenta Dina Boluarte tiene plazo hasta el 15 de agosto para promulgar u observar la norma. Sin embargo, tanto sus declaraciones públicas como las del ministro de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, y otros miembros del Gabinete apuntan a una inminente promulgación.
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