(Foto: GEC)
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Martín Hidalgo Bustamante

Subeditor de la Unidad de Análisis Político

martin.hidalgo@comercio.com.pe

Nueve días después de disolver el, el gobierno de comenzó a legislar a través de decretos de urgencia. Con una Comisión Permanente debilitada, el Poder Ejecutivo tiene carta libre para aprobar una serie de proyectos, pero los especialistas advierten que, con un escenario político todavía crispado, el jefe de Estado aún deberá buscar consensos para impulsar reformas en sectores claves.

El gobierno aún no ha brindado muchos detalles sobre su plan a seguir tras el Parlamento disuelto. En una entrevista brindada a este Diario, el presidente Vizcarra divagó en sus respuestas. “En dos o tres semanas va a haber un planteamiento de en qué se va a fortalecer el accionar del Ejecutivo”, dijo y cuando se le insistió sobre acciones legislativas concretas, solo añadió: “yo le aseguro que vamos a hacer un programa de acciones para que se note el impacto en beneficio de toda la población”.

El primer ministro Vicente Zeballos delimitó el margen que tendrá para legislar a través de los decretos de urgencia, pero tampoco entró en detalle. Existe una polémica respecto a la facultad legisladora del Ejecutivo sin un Congreso en funciones, puesto a que a Constitución solo establece que la Comisión Permanente “examina” los decretos emitidos por el Ejecutivo y da cuenta al nuevo Congreso -que se elige en enero próximo- cuando este se instale.

“Teóricamente las exoneraciones estaban reservadas dentro de las facultades para legislar, pero tenemos una anomalía pues no estamos ante decretos de urgencia típicos, sino que se dan en el marco de un Congreso disuelto. Por ejemplo, este fin de año vence el plazo para exonerar de impuesto a la renta a las asociaciones. Si no lo prorrogas, estas asociaciones tendrían que pagar dicho impuesto hasta que se instale el próximo Congreso”, explicó el especialista en políticas públicas Fernando Cáceres.

Hasta el momento, el gobierno emitió decretos de urgencia para establecer medidas de cara a la realización de las elecciones 2020 para el Congreso de la República; y para prorrogar el plazo de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la importación y/o venta en el país de los libros y productos editoriales por un año.

Además de estos dos dispositivos legales, el gobierno viene adelantando a través de sus ministros, aunque a cuenta gotas, los próximos pasos a dar en materia legislativa. La ministra de Salud, Zulema Tomás, anunció que el proyecto de ley N° 4494 –que tiene como objetivo garantizar que las farmacias públicas y privadas cuenten con abastecimiento de medicamentos genéricos– será promulgado vía decreto de urgencia. Esta iniciativa del Ejecutivo fue presentada el 20 de junio pasado, y desde entonces permanecía en “estudio” en la Comisión de Salud, del Congreso hoy disuelto.

— Consenso necesario —

El proyecto más importante que el gobierno debe admitir a través de decreto de urgencia es el presupuesto público del 2020. El Ejecutivo puede promulgar el proyecto que envió al Congreso el 29 de agosto, un mes antes de la disolución.

Entre otras iniciativas del Ejecutivo que tenían con carácter de urgencia y que se quedaron en el tintero, figuran el proyecto de ley de control de concentraciones empresariales y la iniciativa que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural.

De acuerdo a estas normas pendientes, Fernando Cáceres sostuvo que el gobierno debería enfocarse en viabilizar la ejecución del gasto público. Por lo pronto, el presidente Vizcarra ya se comprometió a publicar, como decreto de urgencia, un proyecto de ley planteado por la Contraloría General de la República para acelerar las obras inconclusas o paralizadas a cargo de los gobiernos regionales y locales.

La Contraloría reportó -con información al 31 de julio de 2018- que las entidades públicas han informado de 867 proyectos de inversión pública paralizados, que corresponden a contratos con un valor de S/ 16,871 millones (2.3% del PBI).

Solo en el último año, el Ejecutivo presentó al Congreso ocho iniciativas sobre infraestructura e inversión, las cuales no fueron aprobadas en el Congreso. Una de las últimas planteaba fortalecer los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compesación Regional. En lo que a economía se refiere, se quedaron estancados dos proyectos respecto a medidas de simplificación administrativa.

El especialista Cáceres también señaló que es urgente promulgar decretos del marco agrario, una de las principales actividades económicas del país. En entrevista con Día1, el gerente general del Complejo Agroindustrial Beta, Lionel Arce, afirmó que el sector necesita que la ley de promoción agraria sea promulgada, pues fue aprobada en el pleno pero no se elevó al Ejecutivo. “No podría hacer planes de inversión para el 2021 si no tengo un escenario claro. Este año debemos estar facturando US$ 180 millones. Las áreas que tenemos sembradas para los próximos tres años nos deben llevar a facturar a los US$ 250 millones. Entonces, sí es necesaria la promulgación de la ley para los nuevos proyectos que vienen por delante”, dijo el empresario.

El Congreso disuelto dejó otra iniciativa pendiente del Ejecutivo que buscaba dictar disposiciones referidas al fondo de garantía para el campo y del seguro agrario.

Cáceres también recordó que el gobierno tiene pendiente emitir dispositivos legales y normativos para viabilizar el plan de competitividad que el presidente Vizcarra anunció en su mensaje de 28 de julio. “El gobierno tiene que priorizar temas que tienen consenso político y que políticamente tienen poco riesgo. De lo contrario, corren el riesgo de ser tildado de abusivo”, indicó.

En esa línea, la directora de Estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Universidad Católica, Mayen Ugarte, dijo que sería importante impulsar reformas en el sector de justicia, siempre y cuando nazcan desde el Poder Judicial y el Ministerio Público. “Sería interesante que se reúna la Comisión de Reforma de Justicia y si las entidades competentes tienen una propuesta clara, el gobierno debería impulsarlas”, refirió.

Ugarte también refirió que se debería aprovechar para estandarizar el sistema de faltas en el sector público. Al respecto existen proyectos de ley que la Contraloría presentó y se quedaron pendientes en el Parlamento.

— Sin consenso —

Por otro lado, tanto Ugarte como Cáceres coincidieron en que será difícil tratar de impulsar reformas más de fondo, como la laboral. “Se requiere una norma para insertar a los jóvenes en el mercado laboral pero con el antecedentes de la denominada ley pulpín, es difícil. Además, cuando este gobierno ha tenido facultades legislativa, con un marco amplio de posibilidades, no hicieron casi nada, y es probable que eso cambie ahora”, sostuo Ugarte.

En el tintero, se quedó una iniciativa del gobierno que propone regular la negociación colectiva en el sector público.

Cáceres recordó que estamos por entrar a un escenario electoral, lo cual influirá en las decisiones del gobierno. “El tema laboral es un tema bandera de la izquierda y radicales que buscan convertir el modelo económico en una suerte de lucha de clases. Emitir decretos en este aspecto puede hacer que levanten su bandera para protestas y obtener votos con solo criticar al poder de turno”, advirtió.

Ambos especialistas recordaron que el nuevo Congreso, que se elige en enero del 2020, deberá revisar los decretos que emita el gobierno en estos cuatro meses y que podrán derogar todos aquellos que consideren se excedieron del marco constitucional.