El rol de Juan José Santiváñez como asesor presidencial: las polémicas reuniones y el presupuesto de la oficina que dirigía en Palacio de Gobierno

Al igual que su paso por el Ministerio del Interior (Mininter), su trabajo al frente de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental no estuvo exento de cuestionamientos y denuncias.

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Por ejemplo, a fines de junio, el programa “Punto Final” dio cuenta de las recurrentes reuniones de Santiváñez con el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria (siete veces, entonces). También detalló que Carlos Malaver tuvo dos citas con el otrora asesor presidencial antes de ser nombrado ministro del Interior en mayo.

Y que los ministros Daniel Maurate (Trabajo), Sergio González (Producción) y César Sandoval (Transportes y Comunicaciones) también pasaron por su despacho.

Además, el general PNP (r) Alejandro Oviedo Echevarría lo visitó el 23 de mayo, ocho días antes de ser designado como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

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Santiváñez- a quienes diferentes expertos sindican como un primer ministro en la sombra- se reunió con los congresistas Jorge Flores Ancachi, Kira Alcarraz (Podemos Perú), Alfredo Azurín (Somos Perú), Edwin Martínez (no agrupado) y Luis Kamiche (APP).

Entonces, Martínez dijo que tiene “muchos motivos” para conversar con el jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, pero que la última cita que tuvieron en realidad fue un puente para llegar al primer ministro, Eduardo Arana.

“Si bien es cierto que me recibió Santiváñez, por intermedio de él me pude reunir con el primer ministro para ver el tema de los soldados defensores de la democracia. No tengo el teléfono del primer ministro, él tiene un coordinador parlamentario que nunca responde el teléfono y tuve que recurrir a Santivañez, que siempre que le he pedido un favor, lo ha hecho”, manifestó.

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Intimidación a la prensa

Es a raíz del referido reportaje que el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos interpuso una denuncia penal por presunto reglaje en contra de Mónica Delta, conductora de Punto Final; Carlos Hidalgo, reportero; Jorge Ramírez, camarógrafo y de la empresa televisiva Latina. En la acusación, el abogado sostuvo que el informe periodístico habría incurrido en actos de vigilancia y habría “expuesto” su seguridad.

“Es un acto más de amedrentamiento de parte no solo de Santiváñez, sino que representa a un gobierno que ha insistido por varios medios en amenazar, perseguir y tratar de amedrentar a personas de prensa. No tiene ningún asidero, por lo que entiendo, pero evidentemente lo que intentan es taparnos la boca”, afirmó Delta a El Comercio.

Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) rechazaron esta denuncia del exministro del Interior contra los periodistas.

“Rechazamos esta denuncia del señor Santiváñez contra el equipo periodístico de Latina. Es un nuevo intento de criminalización del periodismo y hay que decirlo con todas sus letras”, remarcó la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Laínez.

Una oficina de S/900 mil al año

La Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, según informó “Cuarto Poder”, le generaría al Estado peruano un gasto de S/900 mil solamente en salarios.

El referido dominical reveló el cuadro de puestos del Despacho Presidencial, donde se detalló que la oficina que conducía Santiváñez hasta la semana pasada contaría con dos especialistas en monitoreo (S/11,970 cada uno), dos analistas (S/7,135 cada uno), una secretaria (S/4,000) y un asistente (S/3,021). Además, en los últimos meses, tuvo a Linett Echegaray Luna como asesora FAG con un sueldo de S/15,600.

Echegaray Luna fue asesora II en el Ministerio del Interior hasta abril último.

Además, Erick Caso Giraldo, quien en la actualidad es el secretario general del Mininter y personal de confianza de Santiváñez, también fue asesor de la referida oficina entre abril e inicios de mayo. Por este corto período recibió una remuneración de S/9,880.

Durante la administración de Santiváñez, esta oficina fue clave, porque ahí no solo estuvieron ministros y congresistas, sino también alcaldes distritales, cuyas jurisdicciones luego fueron incluidas en el proyecto de ley para un crédito suplementario de S/636 millones promovido por el gobierno para una serie de obras.

Por ejemplo, el alcalde de Santa Lucía (Lampa, Puno) fue uno de los visitantes del hoy ministro de Justicia. Y su distrito fue incluido en la lista del crédito suplementario con cuatro obras por casi S/3 millones.

El alcalde de Ancón (Lima), Samuel Daza Taipe, también acudió a la oficina palaciega del cuestionado abogado a fines de mayo. Y luego sumaron tres proyectos en su jurisdicción por casi S/2 millones.

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Otro burgomaestre visitante de Santiváñez ha sido el del Rímac, Néstor de la Rosa. El 6 de junio se reunió con el ex titular del Interior. Luego el referido municipio obtuvo el presupuesto para la compra de un camión compactador, un volquete, un camión baranda y trimóvil por más de S/942 mil.

La Rosa, en ese momento, dijo que en la referida cita con el nuevo ministro del Interior no se habló de esos proyectos.

En solo cuatro meses, Santiváñez amplió la influencia que tenía al interior y fuera del Ejecutivo, al sostener reuniones con ministros, altos mandos de la Policía Nacional, gobernadores regionales y alcaldes distritales.

Detrás del programa de TV de Boluarte

A fines de junio, el programa “Panorama” reveló que la presidenta Dina Boluarte tenía el proyecto de lanzar un programa en TV Perú, el canal del Estado. Tras esta filtración, se le solicitó la renuncia a todos los directores y jefes de área. Solamente se aceptó la de Olinda Merzthal Yap, quien era directora de la Dirección de Televisión del IRTP, y de Gregorio Falconí Vallejos, quien era el subdirector de la Subdirección de Producción de Radio.

Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron entonces a este Diario que Santiváñez, desde la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, impulsó el lanzamiento de este programa de televisión de la mandataria.

Las mismas fuentes precisaron que le prometió a Boluarte Zegarra mejorar su imagen ante la ciudadanía en su último año de mandato. Por ello, el abogado buscó extender su influencia a los principales ejes comunicativos del gobierno: la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia y el IRTP.

El último sábado, el mismo día en que juró como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, el cuestionado abogado renunció a la jefatura de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental.

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Vocero presidencial Fredy Hinojosa asume oficina

El miércoles fuentes cercanas a Palacio de Gobierno señalaron a El Comercio que esta oficina se mantendrá y no será eliminada. Esto porque ha sido incluida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Presidencia.

Las mismas fuentes indicaron que en los próximos días se conocerá al sucesor de Santiváñez en esta oficina.

Ese mismo día, en declaraciones a la prensa, tras la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el primer ministro, Eduardo Arana, confirmó que esta área continuará funcionando tras la salida de Santiváñez y rechazó que haya habido una duplicidad de funciones con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Esta es un área que la Presidencia considera y tiene dentro de su manual de funciones. Evidentemente, en algún momento, una persona va a tener que asumir [esta oficina]. De ninguna manera aceptamos que haya habido duplicidad de funciones con las que realice la PCM”, manifestó.

Arana, además, dijo que se entiende y aceptan las posturas al interior del Congreso en contra de la designación de Santiváñez. Agregó que si la propuesta del parlamentario Edward Málaga-Trillo (no agrupado) para citarlo al pleno, a fin de que explique este nombramiento llega a ser aprobada, en ese momento se pronunciará.

El jefe del Gabinete Ministerial volvió a respaldar el retorno del polémico abogado y destacó que las autoridades regionales y locales presentes en la Conasec “han saludado” su designación en el sector Justicia y Derechos Humanos.

Al ser consultado sobre si el ingreso de Santiváñez al referido sector significa el eventual retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), respondió que hay una comisión que está evaluando el tema y que va a continuar con su estudio.

La mañana del viernes se conoció que el vocero presidencial, Fredy Hinojosa asumirá la dirección de esa oficina. Mediante una resolución se le encargan esas funciones.

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Afectaron la institucionalidad

El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor afirmó que la labor de la PCM se ha visto duplicada por la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, que estuvo dirigida por Santiváñez, hasta hace algunos días.

“En los últimos tiempos, el gobierno de Dina Boluarte ha afectado la institucionalidad de la PCM. Y los primeros ministros recientes, desafortunadamente, han sido muy permisivos y han aceptado gustosamente que les quiten competencias. Primero fue el vocero presidencial. La Constitución señala que es el primer ministro el portavoz del gobierno después de la presidenta. Ese fue el primer zarpazo”, manifestó.

“El segundo ha sido esta oficina para Santiváñez, cuyas funciones son las del primer ministro, que es la coordinación de la política multisectorial. Es el jefe del Gabinete Ministerial el gran coordinador de este, no puede haber otra cabeza”, agregó.

En diálogo con El Comercio, Jiménez Mayor explicó que al interior de la PCM está la Oficina de Cumplimiento de Gobierno, a fin de hacer seguimiento a las prioridades de cada administración.

“No sé cómo la PCM permitió la creación de Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, al involucrar recursos públicos debió emitir una opinión, es clara la duplicidad”, remarcó.

Jiménez Mayor, quien también fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, calificó de “ilógico y absurdo” el nombramiento de Santiváñez en ese sector, luego de que apenas en marzo haya sido censurado cuando era titular del Interior.

“Es totalmente ilógico y absurdo. Él ha sido puesto ahí para que se blinde de las investigaciones que tiene. Y la segunda razón poderosa es porque el gobierno tiene el objetivo de realizar una reforma de justicia vinculada a los sectores conservadores. Quieren tomar el sistema judicial para colonizarlo y corromperlo, es el típico objetivo de un gobierno autoritario”, acotó.

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A su turno, el ex jefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano sostuvo que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental “es absolutamente innecesaria”.

“La labor de coordinación del Consejo de Ministros y de todos sus integrantes es de competencia de la PCM. En segundo lugar, está claro que esta oficina se constituyó para hacerle un favor político a Santiváñez y a la presidenta, que quería mantenerlo cerca. Y para ello, asignó presupuesto y un espacio de Palacio de Gobierno para esta labor”, expresó.

En diálogo con este Diario, Cateriano refirió que el Ejecutivo debe evaluar la continuidad de esta oficina, porque “la plata no le sobra al país”.

Cateriano indicó que para impulsar una reforma del sistema de justicia “se necesita tener credibilidad y generar confianza” y que Santiváñez no cumple con este requisito.

“Para impulsar una reforma se necesita tener credibilidad y generar confianza, y yo creo que la manera tan burda como ha ocurrido esta designación no genera el ambiente de confianza para la labor que pretende realizar este señor”, finalizó.