Pedro Castillo: Advierten falsedades e imprecisiones en su mensaje sobre su pedido a la OEA | INFORME

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, remarcó que la fiscalía está facultada para presentar una denuncia contra un aforado cuando termina la investigación preliminar y busca pasar a investigación preparatoria. Para eso no se requieren pruebas al nivel de las que se ven en un juicio, sino indicios a nivel de “sospecha reveladora”. 

“O no revisó la denuncia o intenta distraer. Sí cuenta con indicios razonables y suficientes, cumple con el estándar probatorio a nivel de una denuncia. Es legal y es constitucional”, comentó Iván Meini, exprocurador. 

La penalista Cecilia Madrid, docente de la Ucsur, añadió que la fiscalía justifica por qué el artículo117 de la Constitución no se aplicaría atendiendo a otros artículos y a la obligación del Estado a enfrentar la corrupción; y destacó que los dichos de testigos y colaboradores tienen elementos de corroboración. 

Meini explicó que la fiscal de la Nación cumplió con lo que la ley le faculta para investigar preliminarmente a un aforado y que debía pedir autorización del Congreso para avanzar. “Es simplemente lo que dice la ley, está llegando hasta donde sus obligaciones permiten”, dijo.

Madrid agregó que el pedido para que se le dé trámite a una denuncia no es prueba de un “complot” y recordó que, más bien, hay congresistas involucrados en el caso.

Andía señaló que finalmente, tal como expresó la fiscal, será el Congreso quien decidirá si procede la denuncia. “Decir que es una prueba de un ‘complot golpista’ es un intento de victimización absoluta”, manifestó.

Madrid replicó que bajo el discurso de Castillo, nadie que ejerza actividad política podría ser investigada y que no es normal que existan tantas evidencias de que un presidente esté vinculado a actos de corrupción. 

Andía incidió en que es Castillo quien no ha presentado evidencias objetivas sobre esta “persecución” y advirtió que es la primera vez que se ve que un investigado use “el poder del Ejecutivo para hacer una defensa”. 

Meini dijo que, más bien, estamos ante una necesaria persecución del delito: “Lo que hay son fuertes y contundentes indicios de que el presidente y su entorno estarían involucrados en actos de corrupción. Eso no puede verse como persecución política”. 

El presidente trazó una línea de acciones en su contra que inició con las denuncias del “fraude en mesa” hasta una actual etapa de “demolición” de su imagen con las investigaciones fiscales.

Al respecto, Andía rechazó que ambos temas tengan relación. Meini remarcó que, así como es un hecho que Castillo ganó las elecciones de forma válida, también son hechos los actos vinculados a su gobierno que están bajo investigación fiscal.

“No hay pruebas de una relación entre ambos hechos”, dijo Madrid. “Las diversas denuncias [en torno a Castillo] han ido surgiendo pasadas las elecciones [...] no creo que hayan podido ser fabricadas”, agregó.

El presidente también dijo que ya se lo da como culpable y que el uso de condicionales como “habría, sería o podría” al informar sobre sus casos busca proyectar una mala imagen suya. 

Sin embargo, los abogados explicaron que este uso de condicionales durante una investigación -a nivel periodístico y judicial- es para respetar la presunción de inocencia y no dar por ciertos señalamientos que no tienen sentencia. 

“Lo adecuado es que tanto los medios como las autoridades usen condicionales”, explicó Madrid. 

Otro aspecto criticado es que Castillo haya vinculado las prisiones y detenciones preliminares con “torturas psicológicas”. 

Meini dijo que en ese caso, el Poder Judicial también sería parte del supuesto “complot” denunciado por Castillo, así como otras instituciones del Estado que han respaldado el trabajo de la fiscalía como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. 

Andía dijo que si el gobierno tiene pruebas de estas "torturas" debería presentarlas y denunciarlas, y consideró que el propósito de esta alegación es tratar de desvirtuar todo lo que puedan declarar las personas detenidas. 

Gilmar Andía comenta que no es cierta que se haya querido "silenciar" a los ministros de Pedro Castillo. "Es un argumento político para victimizarse y no es otra cosa que parte de una estrategia de uso de poder político para una defensa personal por asuntos delictivos", dijo.

Por su parte, Cecilia Madrid advirtió que cuando se ha incluido a miembros o exmiembros del Gabinete en investigaciónes, esto se ha dado con quienes habrían "quebrantado su rol de ministros y colaborado con actos de corrupción". "Cuando ello ocurre, como con cualquier persona, se puede iniciar una investigación", señaló.

Iván Meini añadió que, desde lo jurídico, no ha habido ninguna orden o impedimento para que los ministros de Pedro Castillo o cualquier funcionario pueda declara, como lo vienen haciendo. "Lo deseable sería que el presidente declara y no se valga solo de voceros", remarcó.

Cecilia Madrid explicó que las declaraciones de colaboradores no existen por sí solas, sino que están acompañadas de otros indicios y actuaciones que las refuerzan. Adicionalmente, explicó que el acto de "probar", más allá de toda duda, los señalamientos de los colaboradores recién se lograría en un juicio cuando se inicie el proceso judicial, para lo cual se requiere que el Congreso autorice a la fiscalía formalizar su investigación preparatoria.

Gilmar Andía remarcó que afirmar que las declaraciones "no se van a poder probar" también forma parte de un discurso político. "En la fase de corroboración [de una colaboración eficaz] sí hay una sentencia, allí se puede ver. ¿Cómo decir que no se va corroborar? ¿Va a influenciar en los corroboradores?", cuestionó.

Iván Meini incidió en que desde el punto de lo penal, en la actual etapa de investigación preliminar en que están los casos de Pedro Castillo no se puede hablar de "probar" delitos con un nivel de certeza similar al de una sentencia, sino que eso recién se logrará cuando se inicie el proceso judicial (con la formalización de la investigación preparatoria). "Ese es el entrampamiento jurídico que existe ahora [...] Lo que ninguna Constitución moderna, y tampoco la peruana, puede permitir es que un presidente en ejercicio que está vinculado a actos de corrupción, según graves indicios, no sea investigado", concluyó.