Cayó Rodolfo Orellana: el modus operandi de su red criminal
Redacción EC
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En la ampliación de la investigación preparatoria, la fiscalía detalla el modus operandi de la organización criminal dirigida por , conocido como ‘El Gordo’, y su , llamada ‘Cruela de Vil’. El documento señala que desde el 2002 ambos constituyeron una red jerarquizada de alcance nacional e internacional. 

Esta red estaba estructurada por una línea de mando medio que se dividía en dos ámbitos, una de carácter técnico-profesional empresarial, representada por Churchill Bruce Orellana Rengifo, hijo adoptivo de Rodolfo Orellana, así como por los operadores Jorge Enrique Cortés Martínez, José Antonio Valderrama Contreras y Óscar Pantoja Barrero. Ellos se encargaban de la administración y supervisión de los “negocios”. 

Y la otra era la fuerza de choque, que estaba dirigida por . Desde esta ala, usando a la revista “Juez justo” y a la ONG Ucona, se difamó y amedrentó a todas las personas que investigaron a Orellana. 

LAS 4 MODALIDADES 
De acuerdo a la ampliación de la investigación fiscal, a la que tuvo acceso El Comercio, la organización de los hermanos Orellana logró

La mafia-que tenía a su servicio a toda una red de profesionales, entre abogados, tasadores, notarios y árbitros únicos de derecho, se apoderó de inmuebles de terceros a través varias modalidades.

Según la fiscalía, los operadores del clan Orellana estafaron, usurparon, falsificaron documentos o simularon actos jurídicos con la colaboración de funcionarios públicos corruptos, básicamente de Registros Públicos. Luego de ello, le dieron la apariencia de legalidad a la operación ilegal y los vendieron una, dos y hasta tres veces a compradores de buena fe.

Una segunda modalidad de enriquecimiento ilícito identificado en la investigación fue el cobro de cheques debido de actividades fuera del marco de la ley. Estos cheques fueron girados a los al menos 42 testaferros o familiares del ‘Gordo’ y de ‘Cruela de Vil’.

Además, la organización de Orellana emitió cartas-fianza fraudulentas a través de Coopex, con la que estafó por al menos 46 millones de soles al Estado peruano.

Finalmente, la red creó más de 50 empresas de fachada y realizó compras y ventas de vehículos para lavar los dineros ilícitos que ingresaban a sus arcas.

 

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