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Fiscal de la Nación pide declarar ilegal a Fuerza Popular: ¿decisión técnica o acto político?
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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sorprendió al escenario político el pasado jueves 18, cuando solicitó la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular. En la petición, presentada ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, acusa al fujimorismo de haber desplegado conductas antidemocráticas durante los últimos años.
La medida llega rodeada de sospechas debido a que Espinoza enfrenta un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunto desacato a resoluciones vinculadas a la destitución de Patricia Benavides. De prosperar ese procedimiento, podría concluir en su destitución como fiscal de la Nación y fiscal suprema.
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
La JNJ ha convocado a Espinoza a una audiencia pública este viernes. Esa coincidencia temporal entre los hechos genera suspicacias sobre un eventual uso político del Ministerio Público.
El panorama se complica aún más si se considera el contexto electoral. La petición contra el fujimorismo se presenta en pleno proceso para las elecciones generales de 2026.
Los cargos
En su presentación, la fiscal de la Nación enlista cuatro supuestas prácticas antidemocráticas que, a su juicio, configuran la causal de ilegalidad establecida en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.
La primera es la promoción de atentados contra opositores y críticos. La fiscalía sostiene que Fuerza Popular ha alentado agresiones verbales y hostigamientos contra magistrados, fiscales, periodistas, funcionarios electorales y expresidentes.
En la lista de afectados aparecen Rafael Vela y José Domingo Pérez, fiscales del caso Lava Jato; los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; el exjefe del JNE Jorge Luis Salas Arenas; el jefe de la ONPE, Piero Corvetto; el juez Richard Concepción Carhuancho; los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo; y periodistas como Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti.
La segunda, según Espinoza, es la exclusión de disidentes en el Congreso. La fiscalía acusa al partido de castigar a exparlamentarios que ejercieron su libertad de conciencia, como Kenji Fujimori, Patricia Donayre, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Daniel Salaverry, quienes, en su momento, fueron marginados de la bancada naranja.
La tercera es la exculpación del terrorismo y manipulación legislativa. De acuerdo con la fiscal de la Nación, Fuerza Popular relativizó crímenes de la época del terrorismo mediante discursos partidarios y la promoción de una ley de amnistía en el Parlamento.
Por último, acusa al partido de legitimar la violencia política. Recuerda que el fujimorismo desconoció los resultados electorales del 2021 –cuando Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori– al sostener un discurso de fraude nunca probado.
Además, responsabiliza al partido por no deslindar con colectivos radicales como “La Resistencia”, “La Insurgencia” y “Los Patriotas”, conocidos por hostigar a opositores políticos.
La fiscal de la Nación acusa al fujimorismo por, entre otros motivos, no deslindar de grupos que hostigan a funcionarios, políticos y periodistas. Foto: GEC
Con esos argumentos, Espinoza pide a la Corte Suprema cancelar la inscripción de Fuerza Popular en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), clausurar sus locales y prohibir su reinscripción como partido.
Antecedente
La fiscal de la Nación se ampara en el mismo artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas que sirvió para declarar ilegal, en enero pasado, a la agrupación del etnocacerista Antauro Humala, denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).
En ese caso, la Corte Suprema consideró en dos instancias que la apología de la violencia y las amenazas explícitas de Antauro Humala contra expresidentes constituían pruebas suficientes de una conducta antidemocrática.
No obstante, las comparaciones no son directas. Humala se jactaba de una incitación abierta a la violencia. En tanto, varios de los cargos contra Fuerza Popular estarían relacionados a prácticas parlamentarias y conflictos políticos que, según coinciden especialistas consultados por El Comercio, forman parte del juego democrático, aunque sean cuestionables.
Fuerza Popular acusa boicot
La reacción fujimorista fue inmediata. Keiko Fujimori calificó la medida de “abiertamente antidemocrática”.
“Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, escribió en la red social X.
La lideresa fujimorista aseguró que la fiscal de la Nación está usando su cargo para desviar la atención del proceso que enfrenta en la JNJ. “Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”, añadió.
En tanto, el secretario general del partido, Luis Galarreta, denunció un boicot contra las elecciones. “La fiscal de la Nación está en falta grave constitucional queriendo boicotear el proceso electoral. [...] Es ensuciar la democracia y politizar su caso. Tenemos claro que ya no hay fiscal de la Nación”, dijo en diálogo con El Comercio.
Luis Galarreta acusa a la titular del Ministerio Público de "ensuciar la democracia". Foto: Fuerza Popular.
El portavoz del partido, el excongresista Miguel Torres, añadió: “Quisiera decir que nos llena de sorpresa, pero no es así. Nosotros tenemos claro que cuando entramos en contienda electoral no solo nos toca competir con los partidos, sino que aparecen fiscales. Hoy increiblemente la Fiscal de la Nación utiliza el sistema de justicia para poder descalificarnos”.
En tanto, el legislador fujimorista Fernando Rospigliosi aseguró que Espinoza actúa contra el partido por su defensa de militares y policías que enfrentaron al terrorismo.
Rospigliosi encabezó, junto con Patricia Juárez, un pronunciamiento contra la fiscal de la Nación, desde el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo.
Posturas críticas
Más allá de las posiciones partidarias, especialistas en derecho electoral y constitucional expresaron reservas frente a la decisión de Espinoza.
José Naupari consideró que la medida es desproporcionada: “Creo que el Ministerio Público no estaría comprendiendo del todo cuando hablamos del ejercicio de una función propia del Parlamento. [...] El ejercicio o el uso legítimo de instrumentos normativos, como interpelaciones, censuras, pedidos de vacancia presidencial, no pueden ser considerados de ninguna manera como una conducta antidemocrática. Eso no se sostiene”, dijo.
En opinión de Naupari, se estaría confundiendo la discrepancia política con un discurso antidemocrático puro y duro.
En tanto, José Manuel Villalobos aseguró que la denuncia llega tarde y tendría motivaciones políticas: “La fiscal de la Nación tiene un buen tiempo en el cargo, y si consideraba que esos hechos constituyen conducta antidemocrática, ni bien ingresó debió denunciarlos. Aparentemente, su situación jurídica ante la Junta Nacional de Justicia, que podría llevarla a una suspensión del cargo, motiva a que politice el caso con esta denuncia”, señaló.
Villalobos recordó que el proceso contra la agrupación política A.N.T.A.U.R.O. tomó más de seis meses. Por ello, consideró probable que la petición contra Fuerza Popular se resuelva después de las elecciones generales. No obstante, precisó que la medida puede debilitar la imagen de Fuerza Popular.
Erick Urbina señaló que la petición contra Fuerza Popular es “un despropósito total”.
“Creo que la fiscal de la Nación está actuando como política y no como jurista”, señaló en diálogo con El Comercio.
Para Urbina, la fiscal de la Nación busca presentarse como víctima: si finalmente es suspendida de sus funciones, pretende que ello se interprete como una represalia política en su contra.
“Es totalmente irresponsable. Fuerza Popular puede ser muy criticado por las votaciones que ha realizado en los últimos años, pero finalmente es un partido político. No hay motivo para que se le denuncie por las razones que ella expone. No creo que esta denuncia prospere”, añadió.
