Silvana Carrión denuncia “presiones políticas y mediáticas” en su informe ante la Procuraduría General del Estado

La exprocuradora del caso Lava Jato Silvana Carrión denunció una supuesta serie de “presiones políticas y mediáticas” en su contra por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y la bancada de su partido, Renovación Popular, en su informe entregado ante la Procuraduría General del Estado (PGE).

En dicho documento, al que accedió este Diario, afirmó que la “primera campaña de presión política y mediática” en su contra para removerla del cargo se inició en febrero del 2024 por supuestamente no defender los intereses del Estado en la concesión de los peajes de Rutas de Lima.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

LEE MÁS: Renovación Popular niega injerencia política en destitución de Silvana Carrión como procuradora del caso Lava Jato

Indicó que López Aliaga la responsabilizó de que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán siga en libertad, pese a que el titular de la acción penal en el Perú es el Ministerio Público y que el caso se encontraba en etapa intermedia de control de acusación, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Detalló que en esa ocasión la denuncia presentada en su contra por el burgomaestre fue archivada por el Órgano de Control Funcional de la PGE, “toda vez que no se han identificado elementos que permitan cuestionar la estrategia de defensa en el marco de la autonomía funcional ni se han identificado afectación al cobro de la reparación civil”.

LEE MÁS: Silvana Carrión es separada del cargo de procuradora ad hoc para el caso Lava Jato

Mencionó que tras la presentación de una solicitud de “Discovery” por parte de Rafael López Aliaga ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, a través de su Procuraduría Pública Municipal, sus abogados y congresistas y partidarios de Renovación Popular “desplegaron una campaña de presión política y mediática” dividida en cuatro fases.

Refirió que la primera se trató de presiones y amenazas por parte del alcalde de Lima en su contra a través de mensajes de WhatsApp que “se materializaron a través de una campaña mediática y de otros actos políticos”.

LEE MÁS: Silvana Carrión acusa a Rafael López Aliaga tras su destitución: “He sido pasible de amenazas por mensajes del propio alcalde”

La segunda consistió en presiones para que la Procuraduría Ad Hoc se sume a la demanda de la Municipalidad de Lima en Estados Unidos con una “narrativa mediática y política” al señalar que “todo dependía” de que Carrión y la Procuraduría Ad Hoc se sumen a la demanda de la MML en “respaldo” al alcalde López Aliaga.

La tercera implicó nuevas presiones para retirarla del cargo y que para ello se buscó instalar la narrativa que sostenía que “Carrión desautorizó” o “boicoteó” la estrategia de la comuna capitalina y del alcalde de Lima respecto al “caso contra los peajes”.

LEE MÁS: OCDE advierte que el Perú no garantiza independencia de fiscales que investigan casos de corrupción

Según Silvana Carrión, la cuarta fase incluyó “hostigamientos de carácter político y mediático” que buscaban su destitución con publicaciones que tenían titulares como: “¡Traición en la Procuraduría!” y “¡Procuradora se vendió a Brookfield y es alumna del abogado de Brookfield!”.

Denuncia patrón sincronizado

“El conjunto de hechos observados constituye actos de presión política y mediática con elementos de coordinación narrativa, amplificación en redes sociales y participación de actores políticos con intereses propios”, acotó la exprocuradora.

LEE MÁS: Poder Judicial rechaza pedidos de Ollanta Humala y Nadine Heredia para suspender condena de 15 años de prisión efectiva

“Este tipo de acciones cuestiona ante la opinión pública la autonomía técnica de las procuradurías públicas y, con ello, pone en riesgo la eficacia de la defensa jurídica del Estado peruano en litigios internacionales vinculados a casos emblemáticos”, agregó.

Para Carrión, existe un “patrón repetitivo y sincronizado” en medios de comunicación y redes sociales que ha cuestionado la supuesta “inacción” de la Procuraduría Ad Hoc antes de la decisión de la PGE.

LEE MÁS: Daniel Urresti pide anular sentencia por el caso Hugo Bustíos usando ley que restringe delitos de lesa humanidad

“La reiteración de mensajes y el uso de titulares similares en distintos medios sugieren un esfuerzo comunicacional coordinado entre la Municipalidad de Lima, el partido Renovación Popular, medios de comunicación como Expreso, Willax TV, Bethel (Canal B) y publicaciones en redes sociales”, subrayó.

Finalmente, advirtió que el involucramiento de autoridades y actores políticos internos en la presión pública sobre una estrategia de defensa en un proceso ante la Corte de Nueva York puede debilitar la posición procesal del Estado peruano.

LEE MÁS: Congresistas exigen vacancia de Gino Ríos por sentencia de violencia familiar

“Declaraciones anticipadas o contradictorias podrían ser utilizadas por la contraparte para afectar la solidez de la defensa, tanto de la MML como del Estado peruano, teniendo en cuenta que existen otras controversias internacionales con las empresas Brookfield y Vinci, que forman parte de las dos concesionarias de peajes en Lima”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO