El Congreso decide este martes si admite o no a trámite la moción de vacancia- promovida por Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- en contra del presidente Pedro Castillo. La congresista Patricia Chirinos, autora del texto, enumera siete argumentos por los cuales el mandatario debería dejar el cargo, bajo la figura de la incapacidad moral permanente. Dentro de estos no se incluye las reuniones secretas del profesor en Breña.
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En la siguiente nota el Comercio explica cada uno de estos argumentos y también las reacciones del gobierno.
1. Los “dinámicos” en la campaña
El primero de los siete argumentos que utiliza la congresista Chirinos para pedir la vacancia del presidente Castillo es la investigación que el Ministerio Público realiza a “Los Dinámicos del Centro” por presunto lavado de activos, donde están implicados la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; el ex viceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grajeda; y el ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.
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La moción de vacancia también refiere que esta presunta red criminal- “encabezada por Cerrón”, destinó dinero del Gobierno Regional de Junín para financiar la campaña electoral de Perú Libre, partido que llevó a Pedro Castillo y a Boluarte a Palacio de Gobierno.
Por ejemplo, la parlamentaria de Avanza País cita la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, que señaló que Boluarte y Grajeda recibieron, a través de una cuenta mancomunada en el BCP, aportes ilícitos de S/100 mensuales que hicieron “todos” los trabajadores que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) del GORE de Junín.
Este dinero habría sido utilizado para pagar parte de la reparación civil de Cerrón, sentenciado a prisión suspendida por actos de corrupción. No obstante, la fiscalía no descarta que se haya usado para cubrir los gastos de la campaña de Castillo.
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A fines de octubre, Boluarte indicó a El Comercio que ella no le teme a la investigación y consideró que detrás de esta podría haber intereses políticos.
“No tiene ni pies ni cabeza. Jurídicamente hablando no tiene sentido. No tiene razón de ser”, agregó.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo no tener conocimiento sobre la procedencia del dinero recaudado. “Cómo podría tener yo conocimiento si ni siquiera tenía conocimiento de cuánto dinero se había depositado a la cuenta lícita que aperturamos Braulio y yo, solo hasta el momento que nos dijeron transfieran”, sostuvo.
En ese momento, Boluarte, a través de su cuenta de Twitter, dijo que confía en que “esta indagación no sea utilizada por intereses políticos que impulsan la vacancia”.
2. Las designaciones de Bellido, Maravi y Béjar
La moción de destitución contra Castillo Terrones también señala como presunta causa de incapacidad la designación de Guido Bellido, investigado por presunto terrorismo y apología al terrorismo, como jefe del Gabinete Ministerial, así como a Iber Maraví, relacionado a atentados terroristas en Ayacucho en la década de 1980, como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
En el documento, al cual tuvo acceso El Comercio, se señala que el presidente de la República no solo personifica a la Nación, “sino que representa y defiende su historia”.
Y en ese sentido, representa a las familias de los más de 60 mil peruanos que fueron víctimas de la lucha contra el terrorismo. Agrega que Castillo tiene la “obligación moral” de respetar y honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida y de reivindicar a sus deudos.
“Este deber moral ha sido desconocido por el presidente de la República, cuando con conocimiento de los hechos infringe sus deberes constitucionales al permitir el acceso al poder de quienes tienen o han tenido vínculos estrechos con los grupos terroristas o han formado parte de sus diversas organizaciones subversivas”, señala la moción.
Chirinos, además, remarca que Bellido, quien también es congresista de Perú Libre, al ser investigado por presunto terrorismo y apología al terrorismo, no puede ser parte de las comisiones de Inteligencia y de Defensa y Orden Interno. No obstante, desde la PCM pudo haber accedido a “toda la información de inteligencia en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo”.
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En setiembre, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Castillo afirmó que su gobierno condena y rechaza el terrorismo en todas sus formas.
Añadió que el Perú “ha sufrido la violencia terrorista y ha sabido imponerse a ella”.
“El terrorismo nunca ha sido ni será un medio para la transformación social, la violencia solo genera destrucción, violaciones a los derechos humanos y sus víctimas son los más pobres y los desposeídos […] El terrorismo violenta la dignidad humana y es irreconciliable con los valores de la sociedad democrática”, subrayó.
Bellido, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que, si bien el ala cerronista de Perú Libre tiene discrepancias y observaciones al gobierno, “nunca” será “furgón de cola de los golpistas y falsos democráticas”. “La moción fracasada de vacancia presentada es el mejor ejemplo de cómo no presentar una moción”, expresó.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, recordó este lunes, en RPP Noticias, que el Parlamento le dio el voto de confianza a Bellido y Maraví. “Si el Congreso consideró que no merecían confianza, debió hacer su control político, eso es de responsabilidad política del Congreso, eso no se le puede trasladar al Ejecutivo”, subrayó.
3. Los ascensos en las FF.AA. y el factor Pacheco
La congresista Chirinos, en la moción de vacancia, indicó que el presidente Castillo “ha empleado su posición para favorecer a personas y empresas, lo cual atenta contra la administración pública, la meritocracia y la institucionalidad democrática”.
Pone como ejemplo, la denuncia que hicieron los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro Pinto, quien indicaron que recibieron presiones de parte del propio mandatario, y los ahora exministro de Defensa, Walter Ayala, y ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, para ascender de manera irregular a personajes allegados a ellos.
“[Castillo] es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Por ello, debe respetar su institucionalidad en el marco de la legalidad. Y eso significa que existen leyes y reglamentos que regulan los ascensos en las Marina, Ejército y Fuerza Aérea. Con una incapacidad evidente, en ese sentido, realizó una serie de acciones indebidas para remover a personas idóneas para sus cargos, afectando la seguridad del país y la soberanía nacional”, detalló el documento.
La tercera vicepresidenta del Parlamento también señaló que sumado a esta “intervención” en las Fuerzas Armadas, Pacheco también se ha visto inmerso en una solicitud de favores, de manera irregular, al jefe de la Sunat para favorecer a empresas que registran deudas tributarias, entre ellas el Grupo Deltron.
Respecto a las denuncias sobre el proceso de ascensos en las FF.AA., la primera ministra, Mirtha Vásquez, respondió, a inicios de noviembre, que el gobierno es respetuoso de las instituciones castrenses.
“Queremos reafirmar que somos respetuosos de las Fuerzas Armadas que son un actor estratégico muy importante para proteger la soberanía de este Estado. Queremos reafirmar ese respeto que tenemos y nuestra actitud de no interferencia frente a las decisiones que se tomen en lo interno”, manifestó.
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Días después, el presidente Castillo aceptó la renuncia de Ayala al Ministerio de Defensa y nombró al exfiscal Juan Carrasco en esa cartera.
Sobre la situación de Pacheco, la jefa del Gabinete Ministerial, el 18 de noviembre, consideró que “todo funcionario cuestionado por prudencia, debería de dar un paso al costado”.
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Más adelante, cuando se conoció que al ex secretario general de la Presidencia se le hallaron US$20 mil en el baño de su oficina en Palacio, Vásquez dijo que este hecho “pone en una situación muy compleja al Gobierno”.
“Nosotros somos consciente que es una situación muy delicada y somos los primeros interesados en que estas investigaciones avancen y que se pueda esclarecer lo antes posible porque pone en una situación muy compleja al Gobierno y creo que es importante que esto se pueda resolver en el tiempo más célere posible”, expresó.
Y a inicios de diciembre, dos semanas después de conocerse la primera denuncia contra Pacheco y luego de que este dejará de ser funcionario, Vásquez informó que su despacho decidió iniciar una investigación administrativa contra este.
4. La relación con Venezuela y las visitas de Morales
Otro de los argumentos de Chirinos para promover la vacancia de Castillo Terrones es “el debilitamiento del sistema democrático” al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, y al permitir “la intervención” de personajes extranjeros, entre ellos el exmandatario boliviano Evo Morales, “en asuntos internos”.
“En estos más de 100 días de gobierno, el presidente Castillo, como responsable de la policía exterior de nuestro país, ha debilitado la relación del Grupo de Lima y ha reestablecido las relaciones con el gobierno antidemocrático de Venezuela, a pesar de la evidente violación de los derechos humanos que este régimen viene ejecutando desde hace años”, refirió el escrito.
También cuestiona que el gobierno de Castillo permita que Morales, en sus “constantes visitas” al Perú, realice eventos políticos, donde envía “mensajes contrarios al sistema democrático”.
La cancillería, a inicios de noviembre, anunció que el gobierno retomó los contactos con Venezuela para “gestionar una regularización migratoria segura”.
En aquella oportunidad, Torre Tagle también precisó que Lima no había roto sus relaciones diplomáticas con Caracas, sino que estas se han mantenido en los últimos gobiernos.
“Vale reiterar que nuestro país no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela, las cuales se han mantenido durante los sucesivos Gobiernos. Y desde la Cancillería reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando los intereses nacionales en el ámbito internacional”, puntualizó.
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El gobierno de Maduro, en octubre, otorgó “el beneplácito de estilo” a Richard Rojas, personaje cercano a Cerrón, como nuevo embajador peruano en Venezuela. No obstante, este nombramiento quedó frustrado después de que el Poder Judicial dictará seis meses de impedimento de salida del país en contra del dirigente de Perú Libre, que es investigado por el delito de lavado de activos agravado.
El canciller Óscar Maúrtua se presentó, el 8 de noviembre, ante la Comisión de Inteligencia del Parlamento, donde, en sesión reservada, respondió por la presencia de actores extranjeros en el Perú.
Maúrtua, a través del Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores, consideró que la solicitud de vacancia, promovida por Chirinos, “se basa en argumentos subjetivos que debilitan la institucionalidad y la democracia”.
Afirmó que la moción también atenta en contra del estado de derecho y “pretende quebrar la voluntad popular de un gobierno legítimamente ungido por el pueblo peruano y reconocido por la comunidad internacional”. Y, además, subrayó que colisiona con “los principios” de la Carta Democrática Interamericana.
5. El alza de los precios y la inestabilidad económica
El quinto elemento de la moción de vacancia contra Castillo, que fue escrita por la congresista Chirinos, sostiene que la administración de Castillo “genera inestabilidad económica”. También acusa al presidente de enviar mensajes que atentan en contra de la estabilidad financiera, al pronunciarse a favor de la nacionalización del gas de Camisea o de la renegociación de esta concesión.
“Todo ello origina desconfianza en los actores económicos y sociales, causando el alza de precios de diversos productos y servicios esenciales como el gas, la gasolina, los pasajes de transporte público, la luz, los fertilizantes, los alimentos, entre otros”, menciona el documento.
Desde Apurímac, el presidente Castillo afirmó, el último 7 de noviembre, que ciertos sectores “culpan” a su gobierno por el alza de los precios de los productos de primera necesidad.
“Muchas veces, esto de subir los costos de los productos, como los fertilizantes y los abonos, hacen creer que ha subido porque ha llegado un campesino a gobernar. Mañana salen a decir ‘por culpa de ese señor ha subido el gas, ha subido el pan y el pollo’”, manifestó el jefe de Estado en aquella oportunidad.
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El 26 de noviembre, un día después de que se presentará la moción de vacancia, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, sostuvo que esta medida “evidentemente genera una situación de incertidumbre y fragilidad institucional”.
“A mi juicio, [el pedido de vacancia] contrasta con este espíritu de concertación y acuerdo que hemos tenido. Si todo el Congreso prácticamente está de acuerdo en el presupuesto del próximo año [...] No me parece congruente que si tenemos planes bastante concertados que se plantee una moción de este tipo. Me parece que es contradictorio”, expresó en RPP Noticias.
6. El silencio del presidente y la falta de cuentas
La solicitud de destitución en contra del presidente Castillo, incluye otros dos cuestionamientos: uno referido al “debilitamiento” de la libertad de prensa y su negativa a rendir cuentas y el otro a su “permisibilidad a la violencia contra la mujer”. La moción de vacancia cuestiona que el profesor no haya detenido el “accionar misógino” de Bellido, cuando este fue primer ministro.
Sobre el primer punto, la vicepresidenta Boluarte indicó, el último fin de semana, que el jefe de Estado se comunicará con los medios de comunicación “lo más rápido posible”. Y refirió que una de las acciones de un cambio de relación con la prensa de parte del gobierno es haber reabierto el 1 de diciembre la Sala de Cronistas de Palacio de Gobierno.
“Estamos hablando de que van a haber cambios, y el presidente lo está planteando así, y uno de ellos será que el presidente se comunique con más frecuencia. Solo que a veces la agenda del presidente lo tiene bastante ocupado. Estoy segura de que el presidente, en algún momento, lo más rápido posible se va a estar comunicando”, manifestó.
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La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, también sostuvo, en una conferencia de prensa el 1 de diciembre, que la vacancia presidencial “es un procedimiento extremo que no constituye un acto de control político.
“Consideramos que el documento por el cual se solicita la vacancia no tiene los argumentos suficientes y no debería ser éste el procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones a un presidente de la República […] Hoy lo que necesitamos en el Estado son condiciones de gobernabilidad para atender las urgencias que tienen los ciudadanos”, enfatizó.
7. Las citas secretas en Breña, ¿el octavo fundamento?
Un sector de la oposición en el Parlamento tiene la intención- según ha referido el periodista de El Comercio, Martín Hidalgo, en su newsletters “Pasos Perdidos”- de sumar a través de una adenda (figura que no está reconocida en el reglamento del Congreso) las reuniones secretas que tuvo el presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea en Breña.
Castillo recibió en Breña a un ministro y a congresistas de Perú Libre y, aparentemente, también a la lobista Karelim López, con quien ya había tenido tres citas en Palacio de Gobierno. Tras ello, la empresa Termirex S.A.C., a la cual asesora López, ganó, a través de un consorcio, una millonaria adjudicación en octubre.
Tras la revelación de que el presidente continuaba despachando fuera de Palacio de Gobierno, la primera ministra Vásquez consideró esta denuncia como “delicada”, porque “lo más importante para un gobierno es la transparencia”. “Que sepa, el presidente no despacha en Breña sino Palacio de Gobierno”, añadió en el programa “Día D”.
Y el presidente Castillo brindó un mensaje a la Nación en el que no aclaró ninguna duda y, al contrario, despertó más preguntas lanzó más sombras. El mandatario solo dijo que deslinda “de cualquier acto de corrupción” y que las visitas en dicho domicilio era de carácter “personal”.
A diferencia de Vásquez, otros integrantes del Gabinete intentaron minimizar la acusación contra el presidente. El ministro del Interior, Juan Carrasco, uno de los asistentes a Breña, dijo que las reuniones con Castillo fuera de la Casa de Gobierno fueron “normales” y “cotidianas”.
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El titular de Salud, Hernando Cevallos, indicó que en las citas del mandatario en Breña “no hay ninguna cosa ilícita”. “El presidente puede reunirse con los empresarios, con los gremios y con las personas que crea necesario. No siempre las reuniones del presidente, porque no todo el mundo quiere que las reuniones sean públicas, tienen que ser de carácter público, pero eso no tiene nada ilegal”, añadió.
A su turno, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, dijo que no estaba al tanto de la denuncia sobre las reuniones secretas de Castillo. No obstante, aseguró que “el ruido político y los informes noticiosos no pueden definir la continuidad de un presidente”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, adelantó este lunes en RPP Noticias que, si el pleno del Congreso admite la moción de vacancia, el presidente contestará a los hechos relacionados al documento y no por otros. “Si quieren plantear nuevos hechos, se tendrá que seguir los procedimientos y [se deberá] notificar al presidente”, sostuvo.
Sin embargo, Torres dijo que dependerá del jefe de Estado si responde o no, o si dice que “se proceda de acuerdo a la ley”.
Por su parte, este domingo el empresario Alejandro Sánchez Sánchez- propietario de la casa del pasaje Sarreta, en Breña- intentó evitar que el programa “Cuarto poder” difundiera el reportaje, a través del cual se reveló que el presidente Pedro Castillo continuaba despachando con congresistas, ministros y proveedores del Estado fuera de la sede de Palacio de Gobierno.
Inicialmente, el empresario quiso justificar las visitas de Castillo Terrones a la casa de Breña, al referir que como su madre, que vive en el lugar, cocina comida cajamarquina, el mandatario acude para cenar. “Tú sabes que él es de Cajamarca y mi mamá hace bastante comida cajamarquina. Entonces, siempre cuando va él, va a cenar muchas veces”, manifestó, según un audio dado a conocer por “Cuarto poder”.
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