A pesar de haber pasado relativamente desapercibidas –lo que suele ocurrir cuando de excesos de su parte se trata–, las declaraciones prodigadas por los más importantes integrantes del equipo especial Lava Jato (EELJ) contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que anularon la prisión preventiva que pesaba sobre Keiko Fujimori no deberían ser minimizadas.
Antes de que se hicieran conocidos los fundamentos del fallo, José Domingo Pérez, fiscal a cargo de la investigación que se le sigue a Fujimori por lavado de activos y organización criminal, apresuraba que este le indignaba y resultaba “lamentable”, para agregar una vez cumplido el trámite de publicación de la sentencia que se trataba de “una decisión contradictoria, incongruente, que tiene suspicacias de tintes políticos”.
Pérez seguía el guion del usualmente ponderado coordinador del EELJ, el fiscal superior Rafael Vela Barba, quien había deslizado previamente la tesis de la injerencia política, posición que repitió en una inusual seguidilla de entrevistas con distintos medios de comunicación. Sus dichos en RPP sintetizan su postura: “Resulta ser un fallo incongruente y sospechoso, de un alejamiento desde el punto de vista técnico, y una cercanía, más bien, a criterios de orden político [...]. Se generan una serie de suspicacias y ausencia de legitimidad”.
Que los fiscales critiquen un fallo que les ha sido adverso no tiene nada de anormal, están en todo su derecho de hacerlo (y ciertamente, la liberación de Fujimori es controversial desde un punto de vista legal). Que en el camino sugieran sin aportar prueba alguna que este ha sido dictado de manera irregular o que responde a intereses políticos es otro tema. Además de poner en tela de juicio con ligereza la reputación de terceras personas, mellan la credibilidad de una institución de la significancia del TC que, entre otras cosas, deberá resolver sobre la constitucionalidad de la reciente disolución del Congreso. Una circunstancia, sin embargo, que parece no llamar demasiado la atención.
En este sentido, a veces da la impresión de que los integrantes del EELJ parecen creer que transitan bajo una suerte de infalibilidad fiscal que ciertamente no se ajusta a la realidad. A ello ha contribuido la falta de límites ante pedidos a todas luces excesivos por parte de las autoridades del Poder Judicial, y una tendencia predominantemente acrítica sobre su accionar en los medios de comunicación. No importa que se pidan prisiones preventivas en combo o que un fiscal haga de comentarista político, o que aparezca más en la televisión que el primer ministro, entre otros varios potenciales ejemplos.
Sin lugar a dudas, el trabajo del EELJ ha permitido que se conozcan una serie de hechos de interés público y presuntos actos de corrupción, que de otra manera hubieran permanecido enterrados, y para ello sus integrantes han tenido –y tienen– que luchar contra intereses oscuros dentro y fuera del Ministerio Público. No se discute su valentía para acometer estas investigaciones. No obstante, bien harían en darse cuenta de que últimamente las principales amenazas a su labor provienen de casa.
