IRTP: Los escandalosos cambios y los detalles de su caída en manos de operadores políticos de Palacio

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El Comercio indagó un poco más y llegó a nuevos detalles sobre el antes y el después de la llegada de Chandia Roque. Si bien la línea informativa de plataformas como TV Perú y Radio Nacional siempre ha sido pretendida por los regímenes de turno, las fuentes consultadas coinciden en advertir que nunca se dieron episodios tan obvios y escandalosos como los de ahora.

Aunque el 31 de mayo se consumó, vía El Peruano, la designación de la actual jefa del IRTP con las firmas de Boluarte y la ministra de Cultura Leslie Urteaga, en los pasillos del instituto el nombre de la comunicadora ya sonaba fuerte varias semanas antes. De hecho, Chandia ya habría pretendido –desde Palacio de Gobierno– el puesto de su antecesor Jesús Solari. Según personas cercanas a ese momento, ella había exigido ser colocada al frente del instituto y ya se permitía enviar quejas sobre el trabajo periodístico del canal.

Este Diario confirmó también la injerencia de otra persona que, hasta el momento, ha pasado desapercibida en toda esta trama. Su nombre es Morgan Quero Gaime, quien labora como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República desde inicios de febrero y que, al igual que Chandia, tuvo un puesto en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando Boluarte era titular del sector.

Todos los consultados para esta nota llaman a Morgan Quero “un operador político”, que en varias ocasiones comunicaba las “molestias e incomodidades” del gobierno sobre algunas de las transmisiones o sobre comentarios de periodistas de TVPerú. Según nos informan las fuentes, Urteaga –cuyo despacho ministerial tiene la adscripción del IRTP– era plenamente consciente de los requerimientos de Quero y Chandia, y también se encargaba de retransmitir el descontento palaciego en la interna del instituto. Tanto Urteaga como Quero, a quienes El Comercio contactó, han negado estas versiones. Chandia, por su parte, se mantuvo en silencio ante nuestros pedidos de aclaración.

A inicios de mayo, el semanario Hildebrandt en sus Trece había generado ruido para Palacio de Gobierno. Su publicación semanal detallaba por entonces que el gobierno había reconocido, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la responsabilidad policial y militar en las muertes durante la convulsión social de los meses anteriores. Con esto en contexto, la reportera de TV Perú, Cynthia Malpartida, utilizó su turno en una rueda de preguntas durante un evento oficial y consultó a la presidenta Boluarte sobre la veracidad de aquella información.

La interrogante de Malpartida no gustó en Palacio y fue uno de los primeros episodios que desencadenaron presiones cada vez más duras contra el IRTP. A mediados de ese mes, cuando el Ejecutivo preparaba un proyecto de ley que le permitiese a Boluarte gobernar en modo remoto durante sus viajes al exterior, los operadores políticos del despacho presidencial ideaban movidas que promocionen beneficiosamente el pedido hecho al Congreso. Ex trabajadores de TV Perú indican que, en esa ocasión, Morgan Quero solicitó un video de corte institucional en favor de la presidenta.

Las grabaciones nunca se materializaron debido a la resistencia de las jefaturas de entonces. Consultado al respecto, Quero rechazó que eso alguna vez se haya formulado. “Simplemente, decirte que no tendría ningún comentario, que mis funciones son otras y no tengo nada que ver con temas de TV Perú. ¡Imagínate! [pedir un video promocional a TV Perú]. [¿Nunca ha conversado sobre temas del IRTP con la ministra Urteaga u otro funcionario de entonces del instituto?] Nunca. Soy muy respetuoso de la gestión de cada funcionario”, expresó el jefe de asesores de Boluarte en comunicación por WhatsApp.

No obstante, distintas fuentes consultadas insisten en que –antes del cambio en la presidencia ejecutiva del IRTP– los reclamos de Palacio y los intentos de convertir a los medios estatales en productores de contenidos favorables al gobierno podían venir directamente de Quero, de Chandia, de la Secretaría General o de la dirección de Prensa, que está a cargo de Milagros Rumiche. En comunicación con este medio, Rumiche aclaró que su oficina no tiene injerencia sobre los equipos de prensa del IRTP.

Los informantes también explican que los reclamos podían venir del Ministerio de Cultura. Consultada sobre Chandia y Quero, la ministra Urteaga negó que la primera haya exigido presidir el IRTP. En cuanto al segundo, descartó que se haya comunicado con él sobre el manejo del instituto o las coberturas periodísticas del canal. “No, desconozco [lo que se dice de Quero]. Yo solo sé que el señor es jefe del Gabinete Técnico de Presidencia”, respondió escuetamente.

"Distintas fuentes consultadas insisten en que los reclamos de Palacio y los intentos de convertir a los medios estatales en productores de contenidos favorables al gobierno podían venir directamente de Quero, de Chandia, de la Secretaría General o de la dirección de Prensa"

El Comercio buscó para esta nota a Jesús Solari, quien lideró el instituto entre diciembre del 2022 y mayo de este año, antes de ser sucedido por Chandia. El exfuncionario nos reveló que en mayo había recibido un pedido que atentaba directamente contra la libertad editorial del canal del Estado:

“Fue casi una semana antes de mi salida en que me dijeron: ‘Todo bien contigo, parece que estás haciendo las cosas perfecto porque tienes el expertise comunicacional y las pantallas se ven bien, pero no, ahora necesitamos un tema político. Necesitamos que seas político’. Les dije que no, que yo no soy político y que lo lamento. (...) Literalmente, fue un ultimátum. Fue como un: o te alineas [a nuestros pedidos] o chau. No lo dijeron en esas palabras, pero así lo sentí”, recordó.

Solari ya presentía que su remoción era inminente. De hecho, este Diario pudo confirmar que la ministra Urteaga ya le había pedido poner su “cargo a disposición” incluso antes de ese ultimátum. “Sí, cuando llegué, evalué, pasaron unos meses y solicité, como normalmente se solicitan, los cargos a disposición [en las jefaturas del IRTP, del Archivo General de la Nación y de la Biblioteca Nacional]”, dijo la funcionaria. Urteaga descartó, sin embargo, haber previsto con mucha antelación remover formalmente a Solari.

Quienes nos aseguran que hubo presiones sostienen, por el contrario, que los reclamos verbales y escritos –por retransmitir las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra la legitimidad de Boluarte o por traer al set de televisión a invitados que no eran del gusto de Palacio– acabaron por desgastar al personal periodístico, incrementar la preocupación generalizada y ratificar que se venían medidas de injerencia más obvias.

Todas las personas que accedieron a dialogar con este Diario afirman que, desde su puesto en Palacio de Gobierno, Ninoska Chandia ya pedía el despido de la ahora ex reportera de TV Perú, Ximena Carrasco, por constantemente preguntar sobre temas que “hacían quedar mal” al gobierno. En junio, una vez designada a la cabeza del IRTP, Chandia ejecutó las primeras de varias modificaciones claves. A los pocos días, removió a la gerenta general del instituto, Alicia López, y a la gerenta de Televisión, Verónika Flores.

En los cargos de López y Flores, Chandia colocó a Luis Vivanco Aldón y a Olinda Merzthal Yap, respectivamente. Vivanco, quien había llegado a la gestión como asesor de la presidenta ejecutiva, fue previamente –de enero a febrero del 2023– director de la oficina de comunicaciones del Ministerio de Vivienda.

Merzthal, por su parte, tenía funciones de directora de comunicaciones del IRTP desde abril de este año, pero venía de una línea de trabajo similar a la de Vivanco y Chandia, como jefa de comunicaciones de entidades públicas; entre ellas, PromPerú, el ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Diversos informantes apuntaron que, desde la llegada de Chandia, Merzthal adoptó inmediatamente una posición de “protectora de imagen” y “mano derecha” de la nueva jefa.

Otro cambio significativo fue el de Christian Stein, quien era el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica del instituto. Stein fue sustituido por Jennie Vizcarra Alvizuri, quien había sido inicialmente designada como asesora de la gerencia general y cuya hoja de vida muestra varios puestos como asesora en instituciones y ministerios.

Como era de esperarse, el área periodística del IRTP era la siguiente. Mientras que a los periodistas Ximena Carrasco y Jorge Ballón –quienes trabajaban bajo modalidad de locadores de servicios– no se les renovó el contrato y se les cerró las puertas del canal, al gerente de Radio, Carlos Fonseca, se le pidió la renuncia una vez culminada la cobertura del conglomerado a la celebración cusqueña del Inti Raymi. Mónica Vargas, quien era gerenta de prensa, también dimitió.

Hasta la fecha, los puestos de Fonseca y Vargas, dos de las gerencias más importantes del IRTP, no tienen reemplazos fijos y comparten a un mismo encargado, que es Roberto Wong. Sin embargo, fuentes señalan que Gino Márquez sería designado próximamente en la gerencia de radio. Márquez ha venido laborando para el ministerio de la Producción como coordinador de comunicaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes). Previamente, fue director de comunicación estratégica del ministerio de Salud.

Otros trabajadores salientes fueron la directora de Noticias, Nely Torres, el jefe de Edición, Renato Fernández; y el coordinador general Jorge Urbina. Esta última semana, en julio, también se retiró a Leah Sacín, quien cumplía funciones de productora periodística en Radio Nacional.

En los casos como el de Torres y Sacín, la presidencia ejecutiva desaprobó la renovación de sus órdenes de servicio, una modalidad de contratación que permite deshacer vínculos laborales sin que medien explicaciones. Tanto en Lima como en regiones, este Diario pudo conocer que la renovación [o no renovación] de órdenes de servicio [de reporteros del IRTP que laboran bajo esa modalidad] está sujeta a plazos de entre uno y tres meses, lo que torna incierta la continuidad de más personal periodístico.

“Lo que está pasando ahora con los colegas periodistas no me sorprende en absoluto. Si cambiaron al directorio y me sacaron a mí como miembro del Consejo Directivo sin que yo haya renunciado, evidentemente era por algo. Había un afán, y lo digo sin ninguna duda, de copar el instituto. No me sorprende nada. Y es todo muy obvio porque la no renovación de órdenes de servicio se está haciendo, principalmente, al área periodística”, sostuvo Jaime Herrera Atalaya en diálogo con El Comercio.

Herrera fue miembro del Consejo Directivo del IRTP hasta ser cesado por la gestión de Chandia. Él insiste en que su salida fue ilegalmente forzada, pues el nombramiento de los consejeros tiene una duración de dos años, y el suyo vencía en noviembre. El 2 de junio, solo un par de días después del ingreso de Chandia a la jefatura del IRTP, Herrera participó en una sesión virtual de Consejo Directivo. En esta, Chandia se presentó, tomó en cuenta la renuncia de la ahora exconsejera Teresa Quiroz y escuchó el reclamo de Herrera. También mencionó algunos datos sobre el plan de trabajo que pasaría a la nueva administración, con consejeros entrantes.

Como consta en esa acta de sesión de Consejo Directivo a la que este Diario accedió, Herrera le recordó a Chandia que, en la gestión de Solari se había trabajado un instrumento de gestión con las políticas comunicacionales del IRTP, además de otros proyectos de modernización, que necesitaban continuarse.

“Estas [políticas comunicacionales] tenían por objetivo evitar intromisiones desde el Ejecutivo o el Legislativo para tratar de condicionar los contenidos o la forma de los contenidos en el IRTP. Justamente, el objetivo de aprobar esta política de lineamientos comunicacionales tenía ese fin, que es un instrumento que lo tienen casi todas las televisoras públicas de América Latina. Entonces, la preocupación [de la gestión saliente, de Solari] por presiones peores, la hubo”, indicó Herrera para esta nota.

El Consejo Directivo del IRTP es un órgano consultivo de cuatro personas que se reúne de una a dos veces por mes con la presidencia ejecutiva. Desde mediados de junio, con la gestión de Chandia, está oficialmente conformado por la arqueóloga Denise Pozzi-Escot Buenaño, el director de Editora Perú –que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y administra los medios estatales El Peruano y Andina– Félix Paz Quiroz, y el poeta Rubén Silva Pretel. El comunicador audiovisual y profesor universitario, Manuel Chiroque, es el único consejero del período de Solari que se ha mantenido. Su renuncia, tras la salida de Solari, no fue aceptada.

Fuentes de El Comercio coincidieron en afirmar que, en el actual Consejo Directivo, hubo libertad de Chandia para colocar a la mayoría de integrantes, y que solo la arqueóloga Pozzi-Escot fue designada por sugerencia de la ministra de Cultura.

Para el experto en libertades informativas, Roberto Pereira, la situación del IRTP preocupa mucho más que en otros períodos de crisis experimentados por el conglomerado. El abogado explicó que resulta urgente una reforma sobre el diseño de designación y remoción de funcionarios del instituto.

“Se puede optar por un modelo –como lo ha planteado el Consejo de la Prensa Peruana– donde la designación sea hecha por un comité integrado por una serie de instituciones y que este elija a su presidente con una serie de criterios. Otro modelo puede ser la designación desde el Poder Ejecutivo, pero por un período que supere el período gubernamental y que [el jefe del IRTP] solo pueda ser sacado por falta grave taxativamente establecida; es decir que no sea un funcionario de designación política o de remoción de confianza. Otra opción es el concurso público. Lo que se tiene que buscar es asegurar la autonomía y la estabilidad”, dijo.

Pereira advirtió que, además, debe existir un estatuto laboral justo y digno para los periodistas que laboran en los medios estatales. Esto, porque la sujeción del trabajo periodístico a órdenes de servicio por plazos tan cortos –como se ha denunciado– puede utilizarse como arma para que el poder político o los altos mandos del IRTP ejerzan presiones sobre la cobertura informativa.

“Es absolutamente inaceptable que los periodistas e incluso cargos directivos se rijan por órdenes de servicio. Eso carece de todo rigor y razonabilidad. Debe haber un estatuto laboral que, efectivamente, garantice vínculos de trabajo estables para garantizar permanencia en el tiempo y evitar arbitrariedades bajo manejo político de los medios de comunicación estatales”, señaló.

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, sostuvo que la actual crisis revive una discusión muy antigua con respecto a la necesidad de una normativa clara, que brinde una autonomía real al instituto y quite de plano la posibilidad de injerencias de los gobiernos.

“Lo único que podríamos valorar de esta nueva crisis es que –ya por fin– se instale una discusión en torno a la naturaleza del IRTP. Para nosotros, el hecho de que la designación dependa de manera directa de un ministerio hace que haya, sin duda, una intromisión directa del poder político en lo que tiene que ser un medio público; una televisión y una radio de todos los peruanos y peruanas, que garantice independencia y pluralidad. Probablemente, el [diseño de designación de autoridades del IRTP] por concurso público sea la fórmula que pueda garantizarle autonomía e independencia al instituto”, indicó.

Al igual que Pereira, Lainez alertó sobre la precarización del trabajo periodístico en los medios del Estado. Añadió que las malas condiciones laborales y un ambiente de amedrentamiento como el que se vive ahora pueden llevar a varios a trabajadores de prensa a la autocensura o moderación parcializada sobre lo que se informa por miedo a perder el empleo.

“Las condiciones laborales de los periodistas se convierten en un instrumento que tiene incidencia directa en el ejercicio de la libertad informativa. ¿Por qué? Porque hay periodistas que, por temor a perder su puesto de trabajo, pueden autosilenciarse sobre determinados temas y más cuando hay un direccionamiento y una intención clara desde arriba para parametrar coberturas. El temor de no ver renovadas sus órdenes de servicio, de que un periodista no sepa si el mes siguiente va a seguir trabajado, en este caso, puede causar, sí, una autocensura. Y ahí se falla en la garantía del derecho de las personas a la información”, cuestionó Lainez.

El último 16 de junio, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó un anteproyecto de ley que propone reestructurar el IRTP y reformular el mecanismo de designación de su presidencia ejecutiva y Consejo Directivo. El documento sugiere la creación de la Comisión Nacional de Cine, Radio, Televisión y Medios Digitales (Concart).

Esta comisión –postula el CPP– debe integrarse por un representante de la Defensoría del Pueblo, un expresidente del IRTP, dos representantes de las escuelas de comunicación de universidades públicas y privadas, dos periodistas, un representante del gremio periodístico y un representante de las asociaciones de consumidores. Dicho comité sería el encargado de nombrar a los miembros del Consejo Directivo. Los consejeros, a su vez, serían los llamados a elegir a un presidente ejecutivo y a un vicepresidente para el instituto. El anteproyecto pide también establecer que los cargos no sean de libre remoción.

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