Los gobiernos regionales acumulan casi 3.000 informes por corrupción

El último 10 de julio, la procuraduría pública denunció al actual gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, y a su ex asistenta administrativa Elvira Madalengoitia Cajal por presuntos actos de corrupción: colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Gobierno Regional del Callao.

Presupuesto escaso para prevenir el embarazo adolescente: se destinan apenas S/9 per cápita | INFORME

Un análisis efectuado por ECData de todos los informes de control en los 25 gobiernos regionales emitidos por la contraloría en lo que va del año revela que, en siete meses de gestión, los GORE acumulan 2.916 informes por presuntas irregularidades, alertas y casos de corrupción.

Las gestiones de Piura, Cusco, Ayacucho, Lambayeque y La Libertad son las que suman más informes.

La mayoría de casos detectados por la contraloría están relacionados con la contratación de personal, problemas en contratación y desarrollo de obras, el incumplimiento de funciones y la poca transparencia.

Asimismo, por estos actos, en solo siete meses de gestión se ha encontrado presunta responsabilidad penal, civil o administrativa en más de 100 funcionarios.

Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción, considera que el hecho de que en solo siete meses de gobierno se tenga un número tan elevado de resoluciones demuestra que el sistema subnacional está fallando. “La estrategia anticorrupción, de prevención y de disuasión no está funcionando. El origen de todo: la oferta electoral, sigue dando los mismos resultados”, advierte.

El experto sostiene que una de las consecuencias es que “el ciudadano recibe lo que debería en servicios públicos, en regiones que incluso cuentan con canon minero, que no se refleja”.

En total, la contraloría ha emitido 300 informes en los que identifica designaciones de funcionarios que no cumplen con el perfil para asumir los cargos que les fueron otorgados.

Las gestiones de Ica, La Libertad y Loreto son las que hicieron más de estas designaciones.

En Ica, un funcionario designado subgerente de tesorería no acreditaba la totalidad de los requisitos mínimos establecidos en el manual de clasificador de cargos. Este Gore tiene más de 30 informes similares.

Una situación similar se dio en la Gerencia Regional de Educación de Loreto, donde dos funcionarios: el jefe de la oficina de asesoría jurídica y la asesora de gerencia no cumplían con los requisitos mínimos para su designación.

En el caso del GORE La Libertad, la Contraloría identificó a tres funcionarios de alto rango designados en mayo que no podían acreditar el mínimo de requisitos para estar en sus cargos: el secretario general, el secretario del consejo regional y el subgerente de micro y mediana empresa.

Tanto el Gobierno Regional de Loreto como el de La Libertad cuentan con 20 informes que detallan designaciones con presuntas irregularidades.

Así mismo, en diversos GORES la Contraloría ha identificado casos en los que funcionarios llegaron a falsificar documentos para acreditar experiencia y asumir cargos. Según se señala en los informes, en dichas situaciones habría “presunta comisión del delito de falsificación de documentos, lo que afectaría la transparencia, legalidad y confiabilidad en la administración pública”.

En mayo, la contraloría advirtió que el comité de selección de la obra una obra para el mejoramiento de una carretera departamental en Junín había permitido la admisión del Consorcio Edificador y el Consorcio JU-100, pese a que la empresa Aramayo SAC Contratistas Generales era parte de ambos.

Así mismo, el Consorcio Edificador presentó una carta de solvencia económica válida y no acreditó que su cooperativa contara con el suficiente patrimonio efectivo para otorgar líneas de crédito por un suma superior a los 66 millones de soles.

Pese a ello y a que esta empresa se encuentra reportada en la central de riesgos por la Sunat, el Comité le dio la buena pro al mencionado consorcio. La Contraloría señala que “se afecta la continuidad del proceso de contratación, el principio de legalidad y además se pone en riesgo la ejecución de la obra”. Por lo que recomienda al GORE Junín tomar las medidas correctivas.

En los siete meses que llevan los gobiernos regionales de gestión, la Contraloría ya ha emitido más de 400 informes por fallas e irregularidades en contratación de obras. Los GORES de Amazonas, Ayacucho, Arequipa, Junín y Apurímac son los que cuentan con más de estos informes.