Las acciones de Hochschild Mining se hundieron más del 50% este lunes ante la incertidumbre relacionada con las minas de plata Inmaculada y Pallancanta del grupo luego del anuncio de la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, sobre un eventual cierre de operaciones mineras en Ayacucho.
Inmaculada es la más grande de la firma y representa más del 60% de sus flujos de efectivo, según su último informe anual de 2020.
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El Gobierno de Perú anunció el viernes su compromiso con dirigentes de algunas comunidades de la región andina de Ayacucho para mediar los términos para el cierre de las minas Inmaculada y Pallancanta -de Hochschild Mining-; y de las de las minas Sami SAC y Apumayo.
Ignacio Bustamante, gerente general de Minera Ares, una unidad peruana de Hochschild Mining, dijo el sábado que no tienen planes inmediatos para dejar de operar sus minas y están dispuestos a ir “hasta las últimas consecuencias” por el lado legal para evitar el cierre de Inmaculada y Pallancanta.
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Según la ley peruana, todas las minas tienen una fecha de cierre prevista, aunque estas pueden modificarse teniendo en cuenta nuevos descubrimientos y si los reguladores lo permiten.
Sin embargo, las cuatro minas envueltas en un conflicto en Perú, entre ellas el yacimiento Inmaculada del grupo Hochschild Mining, pueden presentar una solicitud para prorrogar el plan de cierre de sus unidades, aclaró el viceministro de Minas, Jorge Chávez.
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El funcionario afirmó el domingo por la noche que convocará a Hochschild Mining y a dos otras empresas involucradas en una protesta de comunidades campesinas a una reunión a partir del miércoles para abordar el asunto de un cierre de yacimientos que ha enojado a la industria del país.
“Si ellos tienen todos los mecanismos para presentar las ampliaciones que deseen pueden hacerlo, la puerta no está cerrada”, dijo Chávez a Latina. Representantes del ministerio de Energía no estuvieron disponibles de inmediato para más detalles sobre el tema.
Desde que se dieron a conocer estas nuevas disposiciones, grupos antivacunas han compartido información con la que señalan que las futuras restricciones van en contra de sus libertades personales y atentan contra sus derechos fundamentales.
Constitucionalistas consideran que nuevas disposiciones son proporcionales y razonables por la pandemia del coronavirus. 
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