(Foto: El Comercio)
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Sería deseable que cada vez que el Estado concesione una obra de infraestructura, muchas empresas compitan por dicha concesión y así obtener las mejores condiciones posibles. Sin embargo, no hay que olvidar que en toda concesión el Estado se reserva el derecho de quedarse con el servicio público y administrarlo como una obra pública, en lugar de otorgárselo a un privado.

En todo existe un “factor de competencia” por el cual se elige al postor ganador. Por ejemplo, en una carretera con mucho tráfico el factor de competencia puede ser quién paga al Estado el mayor porcentaje del total de los ingresos del peaje. En una carretera con insuficiente tráfico, el factor de competencia puede ser quién le pide el menor aporte al Estado para construir, operar y mantener la obra por un número de años. En todos los casos el Estado tiene un factor de competencia mínimo (o máximo según el caso) por debajo del cual prefiere no otorgar la concesión. Esto es lo que se conoce como el precio base, que es una suerte de precio de reserva por debajo del cual es preferible hacer una obra pública antes que dar la concesión.

Por ejemplo, si el Estado determina que le costaría US$200 millones construir una línea de transmisión eléctrica y el factor de competencia es justamente quién construye la línea con las especificaciones técnicas requeridas al menor costo, no sería adecuado otorgar la concesión a una empresa que pide más de US$200 millones por la construcción. Si ningún privado ofrece algo por debajo de este monto, se declararía desierto el concurso.

Aunque solo exista un postor, ese postor está compitiendo con el precio base. Usualmente, en los procesos de concesión peruanos se anuncia públicamente el precio base antes de recibir ofertas. Sin embargo, ha habido concursos en que el día de presentación de ofertas el Estado entregaba un sobre con su precio base como si fuera otro competidor más. Si las ofertas no son mejores que la oferta estatal, se declara desierto el concurso. También ha habido casos de procesos de concesión en que en las bases se exigía que al menos hubiera dos postores. Se pensaba que con esto se fomentaba la competencia.

El problema era que en ciertos sectores, donde ya hay un grupo de empresas establecidas, este requisito puede impedir que entren nuevos jugadores al mercado. Si una nueva empresa quiere entrar al mercado ofreciendo precios bajos, las empresas antiguas se pueden coludir para no presentar ofertas, de manera que la única empresa que se presenta no gane nunca la concesión por solo haber una oferta.

Al final no hay una receta única y depende mucho de las condiciones de cada sector. La mejor protección es que el Estado fije un precio de reserva que cautele los intereses públicos, aun en concursos en que haya pocos postores.

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