Solo tres de cada diez adultos a nivel nacional tienen acceso al crédito. (Foto: Archivo El Comercio)
Solo tres de cada diez adultos a nivel nacional tienen acceso al crédito. (Foto: Archivo El Comercio)
Nicolás Castillo Arévalo

Periodista de la sección de Economía y Día1

Nuestro país es uno de los líderes en el entorno propicio para la tal como concluyen las investigaciones de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

No obstante, los retos para ayudar a reducir la desigualdad a través de la inclusión financiera son diversos. En primer lugar, actualmente solo tres de cada diez adultos a nivel nacional tienen acceso al crédito; y esos pocos que acceden viven en las regiones relativamente más ricas del país, según la SBS.

The Economist, en su reporte Microscopio Global 2019, resalta que existe una cooperación entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil para promover la inclusión financiera. Sin embargo, la demanda de servicios financieros ha sido débil, debido a “la falta de productos que realmente satisfagan las necesidades de la población diversa”.

Los desafíos

Entre los desafíos para generar mayor inclusión financiera se necesita priorizar el financiamiento para la productividad.

Jorge Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), que reúne a más de la mitad de entidades especializadas del sector, comenta que se debería enfatizar la inclusión financiera productiva, es decir, el otorgamiento de créditos en actividades productivas, que ayude a las personas a salir de la pobreza y, así, reducir las desigualdades.

Delgado propone que el Estado debería generar un plan para que las personas beneficiarias del Programa Juntos –que busca romper con la transferencia intergeneracional de la pobreza– puedan acceder a un préstamo productivo que les permita generar otras fuentes de ingresos.

Por su parte, Carlos Ríos, gerente general de Copeme, una organización sin fines de lucro que reúne a las ONG especializadas en microcrédito, es más crítico sobre los retos que afronta el sistema financiero para ser más inclusivo.

Para Ríos, en la práctica, las entidades financieras están aprovechando el avance de la regulación, el desarrollo del dinero electrónico y la incorporación de la digitalización para otorgar más dinero a los que ya han recibido financiamiento del sistema.

Desde Copeme propone que el regulador genere incentivos, a través de menores provisiones que ayuden a las entidades financieras a disminuir los costos que demanda llegar al segmento no bancarizado. Por otro lado, propone que los líderes de las entidades financieras se comprometan a tener una meta de inclusión de nuevos clientes no bancarizados.

En agosto último, el Ejecutivo lanzó el Plan Nacional de Inclusión Financiera con una serie de metas al 2030 como: aumentar la participación de la población adulta con alguna cuenta en el sistema financiero a 75%; incrementar a 43% la participación de la población adulta con algún crédito con baja probabilidad de incumplimiento y elevar al 100% la cobertura del sistema financiero.

Para ello, la política también contempla medidas que se requieren comenzar a implementar a la brevedad.