Desde hace dos décadas, la política pública ha organizado su quehacer alrededor del concepto de brecha. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones le asigna a cada una un indicador, una entidad rectora y una meta anual, y sobre ese registro se decide qué se prioriza y qué se posterga. Como medida contable, la brecha es válida y necesaria. El problema aparece cuando se la usa también como criterio de decisión: el ciudadano termina convertido en una meta sin rostro y podemos convivir con una brecha durante 20 años sin que nadie rinda cuentas de por qué sigue abierta.
El Mapa de las Distancias, elaborado por Hágase Instituto, compara departamentos en base a cinco dimensiones –servicios, empleo formal, capital humano, inversión, y distancia entre la norma y la realidad– , sigue su evolución en el tiempo y evidencia las brechas entre grupos de peruanos, vivan donde vivan. Reúne 40 indicadores de fuentes oficiales en las cinco dimensiones mencionadas. A diferencia del Índice de Competitividad Regional del Instituto Peruano de Economía (IPE), que ordena a las regiones entre sí cada año, el Mapa usa una escala fija desde 2007, de modo que puede decir cuánto avanzó cada departamento y a qué velocidad se acortan las distancias entre ellos. Constituye una línea de base justo antes de elegir nuevas autoridades regionales y municipales.
Entre los hallazgos encontrados vemos que las diferencias entre departamentos se redujeron a menos de la mitad en dos décadas, pero que el acercamiento entre ellas se está frenando. Entre 2007 y 2017, el coeficiente de variación cayó 0,137 puntos, mientras que entre 2017 y 2025 lo hizo solo 0,054 puntos; es decir, de 0,014 por año a menos de 0,007. La primera etapa del progreso vino de expandir infraestructura, pero esa vía tiene un límite: cuando la electricidad ya llega al 96% de los hogares, queda poco por cerrar. Lo que queda, como el agua segura, la formalidad del empleo o la anemia infantil, no se cierra con más obra, sino con gestión y cambios regulatorios.
La medición del Mapa no reproduce la geografía económica del país: Ica está por delante de departamentos de mayor ingreso, mientras que San Martín supera a Cajamarca y a Puno pese a partir de condiciones de acceso comparables. Las cinco dimensiones analizadas muestran, además, un país desbalanceado por dentro. En Huancavelica, Tacna y Moquegua hay más de 35 puntos entre su mejor y su peor dimensión, y en 11 de los 24 departamentos la dimensión más rezagada es el empleo formal.
Aunque el lugar donde vive una persona importa, no explica todo. Las diferencias entre el Perú urbano y el rural, entre la población pobre y la no pobre, o entre hombres y mujeres superan, en varios indicadores, la distancia entre los departamentos mejor y peor ubicados del ranking. Un peruano rural gana, en promedio, S/ 6 por cada S/ 10 que gana uno urbano, y un joven urbano tiene tres veces más probabilidades de terminar la educación superior que uno rural.
Son brechas que cruzan sectores y niveles de gobierno, y que difícilmente se cierran con políticas aisladas.
La única de las cinco dimensiones que empeoró en la última década es la distancia entre lo que las normas disponen y lo que ocurre en la práctica. Este dato confirma que la inestabilidad también pesa. Un gerente general regional dura en promedio 12,4 meses en el cargo, y en Cusco apenas 6,3. Además, el 42,5% de la capa directiva regional ocupa su puesto en condición precaria. Con esa rotación, ninguna política sobrevive al cambio de gestión. Y esto impacta en la percepción ciudadana: solo el 14,7% de la población confía en su municipalidad distrital.
El seguimiento de este Mapa permitirá ver si cada territorio acortó la distancia que más limita su desarrollo y si ese avance alcanzó a los grupos más rezagados. La evolución importa más que el puesto en el ranking. Los candidatos que aspiran a gobernar regiones y municipios deberían decir qué distancia se comprometen a acortar y con qué cifra se les medirá al terminar su gestión.
